La Ceiba, Atlántida.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) presentó este día ante la Corte Primera de Apelaciones una solicitud de antejuicio contra el exalcalde de la ciudad de La Ceiba y actual regidor Carlos Alejandro Aguilar Ponce, a quien se le acusa por los delitos de falsificación de documentos públicos, violación a los deberes de los funcionarios y fraude.
De acuerdo con las investigaciones de la Fetccop, el exalcalde Aguilar en el año 2015, en sesión de Corporación Municipal aprobó un contrato para que la empresa Renewable Energy Developers (RED) manejara por 30 años los desechos sólidos de la ciudad para la conversión de energía, en tal sentido, la empresa estaría a cargo del botadero municipal.
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Posteriormente el alcalde, sin autorización de la Corporación, según cita el Ministerio Público, hizo una adenda a dicho contrato en donde también se les adjudica de manera directa la recolección de basura, lo que sería prácticamente otro contrato, además esta modificación (la adenda) no quedó en las actas porque nunca fue discutida ni aprobada.
Con lo anterior se llevó a cabo el contrato para su aprobación en el Congreso Nacional y su posterior publicación en La Gaceta, pero los regidores descubrieron después que hubo presuntas incongruencias entre el acta aprobada en Corporación Municipal y la otra en donde el alcalde Aguilar quiso hacer valer un punto supuestamente inexistente bajo documento público falso que no fue sometido a la discusión y aprobación por parte de la Municipalidad.
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Al suspenderse la transacción con la empresa, esta demandó 'a pesar de ser un contrato fraudulento suscrito por el exalcalde' y en sentencia firme, lo que implicó que la Corporación de La Ceiba pagara más de 500 millones de lempiras por el aparente incumplimiento a pesar de haber falsificación.
Nota. La figura del antejuicio es una prerrogativa que se da a alcaldes, vicealcaldes y regidores al aplicar un procedimiento especial antes de presentar un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público, e
