Tegucigalpa, Honduras
Luego de conocerse el fallo absolutorio por parte de un Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupcción contra 14 exdirectivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por delitos de prevaricato administrativo y violación a los deberes de los funcionarios, el Ministerio Público (MP) anunció mediante una nota de prensa que interpondrá un recurso de casación para manifestar su inconformidad ante lo sucedido.
'Con extrañeza, sorpresa y total desacuerdo, el Ministerio Público se notificó este martes de un fallo absolutorio a favor de 14 miembros de la ex junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), acusados por una millonaria transferencia irregular de fondos entre regímenes a lo interno de esa institución', detalla la nota del ente fiscalizador.
La publicación señala que el MP interpondrá un recurso de casación contra el fallo absolutorio a la exjunta directiva del IHSS, ya que el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción fundamenta dicha absolución argumentando que los hechos cometidos por los imputados no son delito conforme al nuevo Código Penal.
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“Un mero formalismo o una valoración irracional no puede estar por encima de la imperante necesidad de una correcta aplicación de la justicia, sobre todo, habiéndose dejado claro a lo largo del juicio que la reclasificación del delito de prevaricato administrativo (del nuevo Código Penal) si cumplía con la imputación inicial de delito contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones (del Código Penal abrogado), igual es el caso del delito de violación de los deberes de los funcionarios”, cita el escrito.
A criterio de las autoridades de la Fiscalía no se pueden desconocer 35 medios de prueba evacuados y que demostraban la comisión de hechos penales, por tecnicismos atribuidos al nuevo Código Penal, del cual como institución no se tiene parte, pero que lamentablemente genera impunidad en el caso particular.
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Finalmente, la nota de prensa manifiesta que la exjunta directiva del Seguro Social consolidó como deuda más de 900 millones de lempiras, acciones prohibidas por el artículo 58 de la Ley del Seguro Social y que causaron un perjuicio económico a los derechohabientes, ya que desestabilizó la cobertura y se pusieron en riesgo las necesidades de los pensionados.
