Tegucigalpa, Honduras.
Ante la posibilidad de que existan indicios para deducir la responsabilidad penal por acción de los involucrados en la contratación de los hospitales móviles, dependerá de los hallazgos resultantes en la investigación que realicen el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público.
La Procuraduría General de la República (PGR) se pronunció este martes sobre el tema de los hospitales móviles comprados a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 en el país.
La PGR recordó que tras el ingreso de los dos hospitales móviles al país para la atención de pacientes COVID-19, fueron sometidos a un proceso de fiscalización e investigación por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Ministerio Público (MP) e Invest-H como instancia administrativa encargada de la compra.
La institución remarcó que Invest-H tiene la obligación legal de informar sobre cualquier incumplimiento en los tiempos de entrega acordados, las especificaciones dadas al contratista o cualquier otro incumplimiento dentro de la relación jurídica establecida.
La PRG indicó que en cumplimiento de su mandato de representar los intereses del Estado, actividad que realiza en la articulación con el resto de los órganos estatales, que de conformidad a las leyes deban gestionar, administrar, ejecutar y fiscalizar los fondos públicos, de allí que las acciones judiciales que en tutela de los derechos e intereses deba interponer la PGR, son dependientes de la actividad formal que previamente haya realizado cada instancia administrativa, ya sea que se trate de un acto administrativo u otros de tipo jurídico.
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Advirtió que en caso de que se precisen las acciones legales en contra del contratista, como entidad requerirá que, tras los procedimientos legales, la instancia administrativa de la contratación emita los actos jurídicos sobre los que se ejercerían las acciones correspondientes.
A la espera de hallazgos
Asimismo, mencionó que el Tribunal Superior de Cuentas deberá, sustanciando los procedimientos administrativos pertinentes, determinar si existe responsabilidad administrativa o civil para los funcionarios o exfuncionarios que hubieran incumplido los requisitos y procedimientos par la preparación y adjudicación de las compras pactadas, permitiendo con ello, el ejercicio por parte de la PGR de las acciones civiles resultantes de la intervención fiscalizadora atribuida al TSC.| |
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La PGR sostuvo que dentro del proceso penal contra los supuestos responsables de la contratación que promueva el Ministerio Público, actuará según sus atribuciones en protección y defensa de los intereses del Estado, de igual forma accionará para que se restituyan los bienes y derechos lesionados.
En el final de su comunicado invitó a los actores sociales a continuar con su acompañamiento en la veeduría y rendición de cuentas en la gestión pública. También aseguraron que ejercitarán las acciones pertinentes en el preciso momento que se cuente con la información necesaria para sustentarla debida y responsablemente.
Lugares elegidos para instalar los hospitales móviles:
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