18/04/2024
12:24 AM

Revisar exoneraciones y el gasto sugieren economistas

El Gabinete Económico y representantes del Fondo Monetario Internacional iniciaron ayer las conversaciones para un nuevo acuerdo.

    San Pedro Sula, Honduras.

    El Gobierno de Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI) continuaron ayer en Tegucigalpa las negociaciones para un nuevo acuerdo económico, cuyo mayor obstáculo es el rescate de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

    La delegación del FMI, liderada por Esteban Vesperoni, se reunió en el Banco Central con autoridades del Gabinete Económico de Honduras.

    El Colegio Hondureño de Economistas (CHE) ve como una oportunidad de establecer una agenda inclusiva que pueda encaminar al país a una ruta distinta para reducir la pobreza.

    Luis Alberto Guifarro, presidente del (CHE), expresó que el nuevo acuerdo entre el Estado y el FMI debe centrarse en varios temas fundamentales como: la orientación y calidad del gasto público, una forma para que se puedan recaudar más impuestos y la revisión de algunas exoneraciones que el Gobierno otorga a los agentes económicos privados.

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    “El país no solo hay que medirlo por los indicadores macroeconómicos, también debe enfocarse en la reducción de la pobreza que es el principal azote que tiene el país”, dijo Guifarro.

    La economista Liliana Castillo manifestó que el principal problema para lograr el acuerdo es la deuda acumulada de más de 60,000 millones de lempiras de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

    Reuniones
    1La delegación del FMI estará en el país por dos semanas donde se reunirá con el Gobierno y la empresa privada.

    2Se espera que el borrador de una nueva carta de intenciones sea presentado el 6 de mayo por el Gobierno.
    Castillo también agregó que el país deberá mejorar los niveles de transparencia de las transacciones del Gobierno y reducir el nivel de corrupción si quiere lograr un acuerdo con el FMI.

    Con respecto al tema de la Enee, el economista Claudio Salgado indicó que el plan de rescate de la estatal eléctrica deber ser un mecanismo viable, pero que el rescate solo puede ser de dos formas: incrementar las tarifas de energía o aumentar los impuestos.

    El FMI y el Gobierno de Honduras comenzaron el 10 de abril en Washington la negociación de un nuevo acuerdo económico.

    “Deben corregir desviaciones y abusos”: Juan Carlos Sikaffy,Cohep
    El Cohep está de acuerdo en que se revisen las exoneraciones fiscales, hay necesidad en el país de poner orden en el gasto corriente, el tamaño del Estado y los sueldos y salarios, así como en todos los beneficios que se otorgan y que ponen presión a las finanzas del Estado, pero dejando claro que el proceso debe estar orientado a corregir desviaciones y abusos o duplicidades, aspecto este que debe ser corregido, igual consideramos que aquellas operaciones improductivas, desde las perspectivas de inversión, producción, exportaciones y empleos, deben ser eliminadas, pero debemos ser cuidadosos, para no exponer al país a perder su competitividad.

    En Honduras existen exoneraciones como las que se otorgan a iglesias, maestros, oenegés, Estado y canasta básica, que les permiten a los beneficiarios no pagar impuestos, sin un retorno económico tangible para la sociedad, y sus beneficios son más bien de orden social. En el caso de los ingresos que el Estado de Honduras deja de percibir al otorgar una concesión o ampliación de incentivos o beneficios fiscales, entendiéndose como tales las exenciones y deducciones, estas tienen como objeto beneficiar, promover o fomentar determinadas inversiones en determinadas actividades económicas, como industria, turismo, energía y otros.

    En 2017 se determinó que en Honduras se otorgaron L37,000 millones de gasto tributario, equivalente a un 7.0% del PIB, de los cuales unos L22,400 millones corresponden al ISV, lo cual favorece principalmente a los consumidores y no a las empresas, y otros L11,750 millones corresponden al ISR, el cual favorece en un 90% a las empresas, hay necesidad en el país de poner orden en el gasto corriente, el tamaño del Estado y los sueldos y salarios.