La maquila y más de 40,000 mipymes serán golpeadas por Ley Tributaria

Mientras El Salvador se prepara para convertirse en un paraíso fiscal para empresas nacionales y extranjeras interesadas en desarrollar tecnologías, en Honduras, el gobierno de Xiomara Castro está a punto de eliminar todos los incentivos tributarios que permitieron en las últimas cuatro décadas crear el emporio de la maquila que genera más de $5,000 millones en divisas anualmente.

“La próxima semana enviaré un proyecto de ley al Congreso para eliminar todos los impuestos (sobre la renta, la propiedad, las ganancias de capital y los aranceles de importación) sobre las innovaciones tecnológicas, como la programación de software, la codificación, las aplicaciones y el desarrollo de IA (inteligencia artificial); así como la fabricación de hardware de computación y comunicaciones”, publicó la semana anterior en Twitter el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

En contraste, en Honduras, el Ejecutivo promueve la Ley de Justicia Tributaria que, de ser aprobada por el Congreso Nacional, eliminará 10 regímenes fiscales, entre ellos, la Ley de Zonas Libres en la cual están acogidas las empresas textiles y de la confección, fabricantes de arneses de automóviles y otras compañías exportadoras, gran parte de capital extranjero con plantas en la costa norte del país.

Esa propuesta, en el artículo 16, numeral 1, ordena la derogación de la “Ley de Zonas Libres (Zoli) contenida en el decreto número 356 de fecha 19 de julio de 1976 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 21,947 en fecha 21 de julio de 1976 y sus reformas; asimismo, el decreto número 8-2020 de fecha 12 de febrero de 2020 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,175 en fecha 14 de febrero de 2020 y sus reformas e interpretaciones”.

En la década de 1970, el Estado concibió esta ley para que Honduras, “aprovechando su posición geográfica pudiera, mediante los incentivos fiscales, brindar facilidades al comercio e industria nacional e internacional a través del establecimiento de zonas libres comerciales e industriales”.

En 2020, con el ánimo de captar mayor inversión extranjera a estas zonas, el Gobierno reformó este marco jurídico y creó el Régimen de Zonas Libres mediante el decreto legislativo 8-2020 que será eliminado si el Congreso aprueba un nuevo esquema.

El decreto 8-2020, en el artículo 2, establece que “las zonas libres constituyen áreas del territorio nacional bajo vigilancia fiscal, físicamente delimitadas y sin población residente (...). En las zonas libres pueden funcionar empresas de capital nacional o extranjero dedicadas a actividades comerciales e industriales de exportación o reexportación, de servicios internacionales por medio de servicios electrónicos y de servicios y actividades conexas o complementarias (...)”.

Las empresas radicadas en estas zonas están, de acuerdo con esa ley, exentas de pago de impuestos, contribuciones o gravámenes fiscales y municipales. Gozan de estos beneficios fiscales mientras estén acogidas al régimen, sin embargo, deben pagar el impuesto sobre venta en compras locales, aporte para atención a programas sociales y conservación del patrimonio vial (ACPV) y el impuesto sobre la renta (ISR) y conexos (...), de acuerdo con el artículo 4-A.

“Esa gran empresa con exoneraciones y esas exoneraciones existen por razones de competencia internacional y también benefician a las pequeñas empresas porque hay muchos insumos y servicios que se compra localmente”, explicó Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), durante una conferencia realizada con miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Facussé destacó que “en la medida que se espante ese inversión, menos y menos oportunidades y posibilidades habrá para las mipymes (micro, pequeña y mediana empresa) aquí”.

Según la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), que cuenta con unas 341 compañías afiliadas, en esta industria trabajan más de 170,000 hondureños y alrededor de ella operan y dependen más de 41,000 empresas medianas, pequeñas y grandes que ofrecen productos y servicios.

Ante la amenaza que se cierne sobre esta industria, desprendida de la propuesta de la Ley de Justicia Tributaria, Mario Canahuati, presidente de la AHM, ha manifestado ante medios de comunicación que es necesario sentarse a “dialogar y buscar una respuesta (...) al problema de pobreza, desigualdades, falta de oportunidades (...)”.

Afirma que esta industria le inyecta a la economía hondureña L90,000 millones, por diferentes conceptos, y solamente recibe incentivos de unos L7,000 millones por las exoneraciones fiscales.

Debido a que la propuesta de la Ley de Justicia Tributaria, tal como está diseñada, pone en precario medio millón de empleos formales, entre ellos los de la maquila, los miembros del Cohep, reunidos en San Pedro Sula, anunciaron que esperan una cita para sentarse a dialogar con el Gobierno para “construir una nueva propuesta”.

Mateo Yibrín, presidente del Cohep, dijo en la conferencia de prensa que con esta nueva ley “las inversiones se irán a otros países” y las que tenían intención de llegar “no vendrán” porque el país dejará de ser de interés para empresas internacionales.

“Si Honduras tiene un proyecto de ley que elimina todos los incentivos a la inversión, ¿qué va a pasar con la inversión?, ¿para dónde se va a ir? Se va a ir de aquí”, manifestó.

Mientras Luis Fortín, gerente del Cohep, agregó que ellos quieren “trabajar a la par del Gobierno, buscar soluciones para cambiar a este país porque trabajando de forma unilateral no se consigue absolutamente nada”.

“Nosotros como Consejo Hondureño de la Empresa Privada, como cámaras de comercio, con todas las gremiales que están aquí representadas, hemos tomado la decisión de plantearle al Gobierno cómo poder hacer estas leyes que sean justas, equitativas y razonables para que generen mayor inversión privada y atraigan a la inversión”, dijo.

Pero, Victorino Carranza, presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), considera que “la eliminación de exoneraciones a la maquila no afectará a la pequeña y mediana empresa, no es cierto”.

“Los grandes empresarios están organizados y hacen escándalo para que no aprueben esa ley. Deben reconocer que hay muchos que usan las exoneraciones para importar carros BMW y Ferrari y cambiar los enseres de sus casas”, criticó.

Según Carranza, “lo que sí preocupa y afecta es la incertidumbre creada por el Gobierno porque es una administración que no arranca y con muchas ambigüedades”. “Mientras el Gobierno no presente un proyecto sobre qué hará con el dinero logrado con la eliminación de exoneraciones, no podemos confiar porque en este país todo lo improvisan”, dijo.