TEGUCIGALPA.
Debido a la ventas nulas y a la presión del Servicio de Administración de Rentas (SAR), el sector empresarial demanda una amnistía tributaria para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El próximo 31 de agosto vence el plazo para el pago del impuesto sobre la renta (ISR) de 2019 que todavía está pendiente a raíz del cierre de las empresas por cerca de cinco meses.
El gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, advierte que “ha sido muy difícil y será muy difícil que las empresas enfrenten ese tipo de obligaciones”.
Herrera reconoce que hubo una ampliación desde abril pasado, pero indica que la situación supera todas las proyecciones establecidas debido a la prolongada crisis. Lo mismo ocurrirá con los pagos a cuentas del ISR para este año fiscal 2020, que a pesar de que fueron ampliadas las fechas las empresas no están teniendo los suficientes ingresos para cubrir todas las obligaciones, desde planillas, costos de operación, préstamos e impuestos.
“Las empresas no han podido arrancar o lo han hecho parcialmente en un 20%, va a ser muy difícil y casi imposible enfrentar los pagos a cuenta”, aseveró Herrera.
| Además
1Un estudio del Cohep realizado en mayo indica que el 44% de la Mipymes cerraron operaciones.
2El 72% de las empresas pequeñas y medianas no facturaron nada durante marzo, abril y mayo. |
Debido a la crítica situación, el Cohep solicita que el gobierno apruebe una amnistía para las multas y recargos en los casos de empresas que tengan atrasos para declarar y pagar los tributos.
El sector mipyme está recibiendo las notificaciones del Servicio de Administración de Rentas (SAR), imponiéndoles multas y recargos, reportó el Cohep.
“Dado a que se ha prolongado el período de confinamiento, ya cinco meses y no se reactiva completamente la actividad productiva, es un buen momento para que el Estado considere una especie de amnistía para los recargos y las multas”, solicitó el representante del sector privado.
Los empresarios manifiestan que no es una decisión arbitraria de no cumplir con sus obligaciones, sino que es una situación derivada del cierre que hubo para contener los contagios del covid-19.
