Tegucigalpa, Honduras.
El anuncio de que la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (Sapp) decretará la intervención a la Empresa Energía Honduras (EEH) por incumplimiento de contrato ha generado expectativas por el futuro del suministro eléctrico.
Después de oficializada la intervención, según el contrato adjudicado a EEH, la Sapp deberá notificar al inversionista operador la causa que motiva la intervención y señalar un plazo para subsanarla. Fuentes de la Sapp dijeron ayer que la intervención a EEH no pondría en riesgo el servicio a los 1,929,850 abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
Agregaron que la cláusula cuadragésima primera es clara: “En la intervención corresponderá a la Enee o al tercero designado por el comité técnico del fideicomiso la prestación de los servicios”. Señalan que se podrá designar a uno o varios interventores, utilizar el personal que el inversionista operador venía utilizando y sustituirlo.
Según el contrato, la intervención tendrá la duración que determine la Sapp, sin que el plazo original de vigencia del contrato sufra modificación.
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No obstante, la EEH podrá solicitar la terminación de la intervención cuando demuestre que las causas que la originaron quedaron solucionadas y que, en adelante, está en posibilidades de cumplir, en tiempo y forma, con las obligaciones.
En caso de que la intervención requiera prolongarse, por más de 16 meses, podrá procederse a la caducidad del contrato.
Desde 2016, EEH opera el sistema de distribución de la Enee y los compromisos son reducir las pérdidas en 17% en siete años e invertir $358 millones.
La línea base es de 31.95% y al quinto año de operaciones, o sea, noviembre 2021, el compromiso es bajar las pérdidas en 15%; es decir, cerrar en 16.95%, no obstante, a junio pasado el resultado es de 33.27%, según la empresa supervisora Manitoba Hydro International. En cuanto a la inversión, reportes revelan que lo ejecutado acumulado es de $140 millones, 39.1% del total.
.171_LP1485266_MG15153050.jpg "De la misma forma, la CSJ establece que se vulneró el principio de igualdad procesal, al negarle al Estado de Honduras.")
