SAN PEDRO SULA
El Poder Ejecutivo espera en los próximos días remitir al Congreso Nacional, para su aprobación, la Ley de Justicia Tributaria que eliminará diez regímenes de exoneraciones fiscales, que alejarán la inversión extranjera y afectarán también a las pequeñas empresas, de acuerdo al sector empresarial.
1. Creará un sistema tributario progresivo: pagará más la persona natural o jurídica que más gana.
2- Eliminará 10 regímenes de privilegios fiscales y evitará la adhesión de más empresas a estos.
3. Reconocerá los derechos adquiridos de exoneraciones a empresas adheridas a los regímenes.
4. Finanzas, Aduanas y Rentas realizarán auditorías a las empresas que operen bajo nuevos regímenes.
5. Crearán dos nuevos regímenes fiscales para impulsar el desarrollo de la industria nacional.
6. Cambia el principio de renta territorial a mundial y evita el desvío de utilidades a paraísos fiscales
7. Elimina la condonación de deudas tributarias con el fin de evitar la evasión fiscal de las empresas.
8. Elimina el secreto bancario para que SAR tenga acceso a la información y cobre los impuestos.
9. Permite el intercambio de información entre Honduras y todos los países miembros de OCDE.
10. Crea figura de beneficiario final para que el verdadero beneficiario de utilidades pague impuestos.
La propuesta de la Ley de Justicia Tributaria se basa en la creación de un sistema equitativo y transparente en materia fiscal, pero bajo la óptica del sector privado el decreto impulsado por el Poder Ejecutivo puede causar más perjuicios que utilidades a Honduras.
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La Ley de la Promoción de la Alianza Público Privada al igual que la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones serían derogadas, de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 17 de la normativa.
Todos los beneficios fiscales, ya sean exoneraciones, exenciones, incentivos brindados en contratos o cláusulas de estabilidad, bonificaciones, deducciones hasta liberaciones tributarias o aduaneras contenidas en la Ley de Zonas Libres (Zoli), Ley del Régimen de Importación Temporal (RIT), Ley de Fomento Agropecuario y la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables quedarían eliminados.
También abarca para la Ley de Fomento a los Centros de Atención de Llamadas y Tercerización de Servicios Empresariales, Ley de Promoción y Fortalecimiento del Mercado de la Industria Eléctrica, así como la Ley de Fomento al Turismo.
Lo anterior lo estipula el artículo 16 del proyecto y en cuya disposición señala que las exoneraciones vigentes no serán afectadas.Con esta decisión habrá un impacto en 10 de los 18 regímenes fiscales existentes en el territorio hondureño que generan empleos, especialmente los call centers que de conformidad con cifras recientes promueven 15,000 fuentes de trabajo en promedio.
“Los obligados tributarios que están liberados de forma total o parcial del pago de la obligación tributaria continuarán gozando hasta su finalización del beneficios de exoneración otorgado conforme a la ley que le dio origen”, subraya el artículo 14 del nuevo instrumento jurídico.
Añade una excepción que cuando la Secretaría de Finanzas (Sefin) “cancele estos beneficios de conformidad con los casos y los efectos establecidos en el Código Tributario”.Si bien explícitamente no plantea la supresión de ningún régimen, en otra de las disposiciones se especifica que “las nuevas inversiones se podrán adherir al Régimen de Incentivos para el Desarrollo (Rinde) al igual que al Régimen de Zonas Francas creados a través del presente decreto”.
La Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) como el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) serán sometidos a un proceso de liquidación técnica, administrativa y financiera con la Ley de Justicia Tributaria. El decreto ejecutivo, que consta de 41 artículos, fue socializado con la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) por parte de funcionarios del gobierno.
En los próximos días, la iniciativa se discutiría con otros sectores, previo a ser remitido al Congreso Nacional.
Nuevos regímenes
Para aumentar la rentabilidad de las inversiones surgirá el régimen Rinde, gestionado por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y las personas jurídicas que se acojan gozarán de sus beneficios en deducciones para el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), Aportación Solidaria, Activo Neto y ganancias de capital durante cinco períodos fiscales una vez que inicie sus operaciones mercantiles.
Mientras que el régimen de Zonas Francas va a estar dirigido por la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas) para fomentar la Inversión Extranjera Directa (IED), promover las exportaciones, aumentar la competitividad del país y generar empleo hasta obtener una mayor generación de divisas.
Un plazo de cinco años prorrogables por igual término gozarán de los beneficios tributarios y aduaneros aquellas empresas que operen en estas áreas del territorio nacional bajo vigilancia fiscal, físicamente delimitadas, sin población residente y que estarán sujetas a un especial control aduanero.
Las personas jurídicas que podrán acceder a las exenciones e incentivos fiscales de las Zonas Francas deberán de ser constituidas con una mayoría accionaria de capital extranjero.
Del ISR e impuestos conexos (Aportación Solidaria, Activo Neto al igual que el tributo sobre ganancias de capital); Impuesto sobre Ventas (ISV) y pago de gravámenes arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares y demás impuestos que tengan relación tanto directa como indirecta con las operaciones aduaneras de importación o exportación quedarán exonerados en este régimen.
ELIMINACIÓN DEL CNI. La Secretaría de Desarrollo Económico liquidará técnica, administrativa y financieramente al Consejo Nacional de Inversiones (CNI) creado mediante la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones que entró en vigencia el 15 de julio de 2011.
LIQUIDACIÓN DE SAAP. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) liquidará técnica, administrativa y financieramente la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP) creada por la Ley de Promoción de la Alianza Pública Privada que entró en vigencia en 2010.
BENEFICIARIOS FINALES. Para evitar la evasión fiscal, crearán una ley sobre la figura de los beneficiarios finales que deberá inscribirse en el Registro Central de Beneficiarios Finales que tienen beneficios económicos de personas jurídicas.
CLASIFICACIÓN. El beneficiario final de una persona jurídica o estructura jurídica será la persona natural que posea directa o indirectamente el 10% o más del patrimonio de una estructura jurídica o ejerza control de la persona jurídica.
Otros alcances
El principio de renta territorial cambiará a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas, permitiendo la acreditación de pago de impuestos en el extranjero.
Además, se plantea la eliminación de la posibilidad de condonar deudas tributarias para prevenir la legalización de la evasión fiscal al tiempo de suprimir el secreto bancario para fines tributarios que posibilite el intercambio de información con el resto del mundo.
Para prevenir que las empresas oculten de sus utilidades a los principales beneficiarios y evadan el pago de impuestos por medio de complejas cadenas de propiedad se aprobará en la nueva legislación la figura del beneficiario final.
De admitirse y entrar en vigor este proyecto de decreto, el artículo 3 del decreto 31-2018 contentivo de los mecanismos de impresión, distribución y venta de formularios aduaneros y marchamos (dispositivo que permite a la aduana controlar la seguridad de las mercancías) por lo que se le concede una comisión al Cohep, también será suprimido.
Según los considerandos de la iniciativa gubernamental, la asignación se hizo de forma directa sin ningún tipo de licitación, “como un monopolio por lo que ha recibido una comisión de 207 millones de lempiras entre 2018 y 2021”.
El Gobierno busca reformar artículos del Código Tributario, entre ellos, el 1, numeral 2, el cual tendrá que leerse “Honduras se rige por el principio de renta mundial.El principio de renta mundial consiste en que las personas naturales y jurídicas residentes o domiciliados en Honduras serán sujetos de gravamen sobre sus rentas de fuente hondureña y/o extranjeras originadas del trabajo, del capital o la combinación de ambos”.
