San Pedro Sula, Honduras.

La crisis económica derivada de la pandemia y las tormentas Eta y Iota contribuyeron enormemente a incrementar la deuda del país, sin embargo, esta aún es manejable, a criterio del representante del FMI en Honduras, Jaume Puig.

“Es cierto que el nivel de deuda pública ha aumentado en estos dos años... esto refleja tanto los déficits fiscales mayores a causa de la respuesta a la pandemia y las tormentas, como también la contracción de la economía por los choques, y esto ha sido una tendencia general en el mundo”, expresó Puig a periodistas en la capital de la república.

No obstante, afirmó que “el nivel actual de la deuda de Honduras es sostenible y hay una capacidad de pago adecuada de esta deuda, tanto doméstica como externa”.

La deuda pública del Gobierno central de Honduras es de $15,466.8 millones al 30 de septiembre pasado. La deuda externa suma $8,185 millones y $7,281.8 millones la interna. Respecto al producto interno bruto (PIB), que es de $26,419.7 millones, el saldo de la deuda pública de Honduras es de 58.6%.

La deuda se incrementó en $3,317.8 millones y en 27.3%, ya que al 31 de diciembre de 2019 el saldo fue de $12,149 millones.

Al tercer trimestre de 2021, el saldo de la deuda pública alcanzó los $15,466 millones de dólares, con un incremento del 27% en los últimos dos años, en gran medida a causa de la crisis económica generada por la pandemia y las tormentas tropicales Eta y Iota en noviembre de 2020.

Opiniones

Hugo Noé Pino, quien es parte del equipo económico del gobierno electo de Xiomara Castro, indicó que la deuda es un alto peso para las finanzas públicas, que le impide al gobierno invertir en temas prioritarios como salud, educación e infraestructura, por lo que buscarán mecanismos para reestructurarla con los bancos multilaterales.

Por su lado, Ismael Zepeda, del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), considera que, contrario a las declaraciones del FMI, la deuda es una gran carga insostenible. Además, insta a que se haga una auditoría para identificar los proyectos donde se ha invertido esa deuda, que no es de $15,000 millones sino de $20,000 millones.