San Pedro Sula, Honduras
El exvicanciller Gerardo Torres aseguró que el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) fue cancelado de manera definitiva para los hondureños que actualmente se acogen a este beneficio migratorio en Estados Unidos.
"Se acabó absolutamente el TPS", publicó Torres en una publicación en X.
La afirmación es falsa, porque el caso no queda legalmente cerrado. El litigio puede continuar en otras instancias judiciales y las partes todavía pueden solicitar una revisión en banc o presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
En otras palabras, no contar con TPS hoy no impide que el caso siga siendo disputado en los tribunales. El sistema judicial permite que una política ya aplicada sea revisada posteriormente por instancias superiores.
En conversación con LA PRENSA Verifica, Torres rectificó y reconoció que aún existen instancias legales. “Las personas pueden elevarlo a nivel de la Corte Suprema de Justicia”, afirmó.
Instancias legales pendientes
El TPS para los hondureños fue cancelado oficialmente y dejó de estar vigente el 9 de febrero de 2026, luego de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito autorizara al Gobierno de Estados Unidos a poner fin a este beneficio migratorio.
Desde esa fecha, los ciudadanos hondureños amparados por el programa ya no cuentan con la protección del TPS.
No obstante, la cancelación no cierra de forma definitiva el proceso judicial. Aún pueden presentarse o continuar demandas en tribunales federales que cuestionen si la decisión fue legal, si respetó el debido proceso o si incurrió en actos de discriminación.
Mientras existan estas acciones, el caso sigue abierto en el ámbito judicial.
En caso de que un tribunal federal emita una resolución desfavorable para los beneficiarios del TPS, la decisión puede ser apelada ante una Corte de Apelaciones, que tiene la facultad de revisar lo resuelto por instancias inferiores y modificar el curso del caso.
Además, las partes involucradas pueden solicitar una revisión en pleno (en banc), un mecanismo mediante el cual un grupo más amplio de jueces del mismo circuito analiza nuevamente la resolución adoptada. Aunque no es un recurso automático, continúa siendo una vía legal disponible.
Otra alternativa es recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, el máximo tribunal del país. Mientras exista la posibilidad de que esta instancia revise el caso, no puede afirmarse que el proceso esté cerrado de manera absoluta.
Durante el desarrollo de estos litigios, los tribunales pueden dictar medidas cautelares, como la suspensión temporal de los efectos de la cancelación del TPS mientras se analiza el fondo del caso.
Este tipo de resoluciones ya se ha aplicado en litigios anteriores relacionados con este estatus migratorio.
César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), explicó que, al no haber llegado aún el caso a la Corte Suprema de Justicia, la última instancia del sistema judicial estadounidense, la situación de los hondureños depende de fallos provisionales que puedan emitir los tribunales.
"La lucha va a seguir hasta llegar a las últimas instancias; no ha llegado a la Corte Suprema, sino que están en las Cortes federales. Sin embargo, la estadía de los tepesianos en Estados Unidos, ese es el peligro porque cada vez que se gana una apelación, el gobierno de Estados Unidos cancela los permisos de trabajo y ese es un problema y ellos entran en riesgo", opinó.
Además de la vía judicial, existe un camino administrativo. Una futura administración presidencial en Estados Unidos puede redesignar o restablecer el TPS, incluso después de una cancelación, si determina que Honduras continúa enfrentando condiciones extraordinarias que impiden el retorno seguro de sus ciudadanos.
El TPS solo puede considerarse definitivamente terminado cuando no existen demandas activas, no hay apelaciones pendientes, la Corte Suprema rechaza conocer el caso o emite una resolución final, y no permanecen vigentes medidas cautelares u órdenes judiciales. Ese escenario aún no se ha materializado.
Por lo tanto, la afirmación de Gerardo Torres es falsa. Si bien el Estatus de Protección Temporal para los hondureños fue cancelado el 9 de febrero de 2026, dicha cancelación no implica que el caso esté legalmente cerrado.
El litigio permanece abierto y aún existen instancias judiciales pendientes, entre ellas apelaciones, solicitudes de revisión en pleno (en banc) y un eventual recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
