San Pedro Sula, Honduras
LA PRENSA Verifica comprobó que Opinómetro, Le Vote y Pro Encuestas no poseen la autorización del Consejo Nacional Electoral (CNE) para difundir sondeos de intención de voto antes de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, tal como lo establece la Ley Electoral.
El 31 de julio de 2025, en el programa Frente a Frente, Rixi Moncada, candidata de Libertad y Refundación (Libre), presentó una encuesta de Opinómetro HN que la ubicaba por encima de sus rivales en la contienda presidencial, con un 32.99% en intención de voto.
Posteriormente, el 5 de agosto, Salvador Nasralla, aspirante del Partido Liberal, afirmó en el mismo programa que encabezaba con un 41%, según datos de Le Vote. Por su parte, Nasry Asfura, del Partido Nacional, lideraba el más reciente estudio de Pro Encuestas con un 37.21%.
Estos sondeos se publicaron sin la autorización que exige la normativa para garantizar la transparencia y el rigor técnico.
Frente a las dudas expresadas en redes sociales sobre la validez de su estudio y la existencia de la firma, Opinómetro HN presentó una resolución del CNE emitida para las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025 como respaldo de su legalidad.
Sin embargo, dicho aval no tiene validez para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
El artículo 237 de la Ley Electoral indica que las empresas encuestadoras deben registrarse y ser autorizadas de forma independiente para cada proceso electoral, ya sea primarias o generales. Por lo tanto, la autorización para marzo no se aplica de forma automática a noviembre.
Exigencias legales
El artículo 237 de la Ley Electoral establece que toda persona natural o jurídica que realice encuestas debe registrarse ante el CNE desde la convocatoria a elecciones primarias y generales, con inscripciones separadas para cada proceso.
El artículo 238 señala que solo las empresas acreditadas pueden publicar estudios, incluyendo el número de resolución que las autoriza.
El artículo 239 refuerza la obligación de que cada sondeo muestre esa resolución.
Autoridades del CNE confirmaron a LA PRENSA Verifica que ninguna de las tres empresas tiene permiso vigente para el actual proceso electoral y que ni siquiera han iniciado el trámite para obtenerlo.
Según Denis Gómez, exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el problema radica en la falta de seguimiento y en la ausencia de mecanismos efectivos para sancionar a las encuestadoras que incumplen la ley, lo que las convierte en generadoras de desinformación.
“El problema siempre ha sido el tema de cómo se le da seguimiento y cómo se establecen los mecanismos sancionatorios para que todas estas encuestadoras que no han querido sumarse al cumplimiento de la ley, porque no se han registrado, empiezan a publicar encuestas, y si no son legales, son parte de un esquema de desinformación por carecer de la legalidad”, declaró.
Añadió que “en este momento estamos pasando por una guerra de encuestas, pues cada candidato cree que va a ganar porque tiene sus propios números y porque paga sus propias encuestas también, porque no se puede quitar ese escenario”.
En cuanto al papel del CNE, consideró que “a nadie se le sanciona, y esa impunidad, lamentablemente, es una impunidad impune en el nivel de aplicación de justicia general, pero también en el nivel de justicia electoral”.
De forma coincidente, el analista político Jhonatan Rosales señaló que “el hecho de que se publiquen sin pasar por ese filtro legal que implica recibir la autorización del CNE definitivamente presenta grandes riesgos para el proceso, en el sentido de que se afecta la equidad y también se carece de transparencia”.
En cuanto al impacto en el electorado, Rosales advirtió que “este tipo de estudios, cuando no cuentan con la aprobación o la autorización del CNE, pueden distorsionar la percepción pública del electorado y colocar a uno u otro candidato en una posición que quizás no es real, dependiendo de los intereses de quien financia esa encuesta”.
Opacidad y debilidad
Opinómetro y Pro Encuestas carecen de sitio web oficial y no publican de forma sistemática sus informes técnicos. Le Vote sí cuenta con página, pero sus estudios recientes no están disponibles.
La presencia digital de las tres firmas es limitada y reciente, con poca interacción en redes sociales, lo que genera dudas sobre su trayectoria y respaldo institucional.
LA PRENSA Verifica intentó contactar a las tres, pero no obtuvo respuesta.
En marzo de 2025, semanas antes de las primarias, se identificó que al menos cinco encuestadoras de reciente creación difundían datos sin respaldo metodológico, mientras algunos candidatos publicaban sondeos falsos en redes sociales.
Entre ellas figuran Métrica Encuesta, Pro Encuestas, Opinómetro HN, Talamanca Consulting e Info Factory.
Una búsqueda en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) no halló resoluciones recientes para estas firmas.
La última autorización para Opinómetro fue en febrero de 2025, únicamente para encuestas de boca de urna en las primarias.
Aunque el CNE tiene la facultad de advertir y sancionar este tipo de publicaciones, no ha emitido pronunciamientos ni anunciado multas, que según la ley oscilan entre 200 y 1,000 salarios mínimos.
Sobre este punto, el exconsejero Julio Navarro explicó que “el Consejo no entra en valoraciones de cuál va a ser el uso de los datos o cuál es la trayectoria histórica que tiene la encuesta; usted va con los requisitos y a usted lo inscriben, aunque haya manipulado datos a favor de uno u otro candidato en procesos anteriores”.
En conclusión, la combinación de encuestas sin autorización, falta de transparencia metodológica y debilidad institucional representa un riesgo de manipulación electoral.
La vigilancia ciudadana y el estricto cumplimiento de la ley son fundamentales para la transparencia del proceso.
