Caso Sedesol: las claves de la investigación de LA PRENSA sobre el millonario desfalco
LA PRENSA Premium destapó en exclusiva que las ayudas sociales gestionadas por la diputada Isis Cuéllar ante Sedesol terminaron en los bolsillos de políticos, funcionarios y activistas de Libre
- Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 23:16 /
San Pedro Sula, Honduras.- La filtración del audio que los hondureños bautizaron como el “Checazo” o “Chequesol” fue solo el detonante de una trama mucho más profunda.
Lo que comenzó como una conversación comprometedora entre la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Carolina Cuéllar Erazo, y el entonces ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona Erazo, terminó destapando uno de los esquemas de desvío de fondos públicos más amplios documentados durante el actual gobierno.
La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus fue más allá del audio viral.
A partir de documentos oficiales, listados de beneficiarios, expedientes administrativos, visitas de campo y contraste de información, ambos medios lograron reconstruir cómo millones de lempiras destinados a ayudas sociales fueron utilizados con fines políticos, asignados a personas que no cumplían los requisitos legales y, en muchos casos, nunca recibieron realmente los beneficios.
Meses después, el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público vino a confirmar —y ampliar— gran parte de lo que la investigación periodística ya había expuesto.
Beneficiarios
Los hallazgos de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus revelaron, por ejemplo, que personas del departamento de Copán recibieron cheques emitidos por Sedesol por un monto superior a seis millones de lempiras, bajo las categorías de “emprendimiento” y “reparación de vivienda”. Según la Fiscalía, Sedesol emitió 67 cheques para igual número de personas en Copán.
Sin embargo, la revisión de los expedientes y visitas en campo por parte de este equipo demostró que esas personas no se encontrabam en condición de vulnerabilidad, requisito indispensable para acceder a ese tipo de fondos.
Entre los beneficiarios figuraban empleados públicos en activo, comerciantes, jubilados, propietarios de empresas, receptores de remesas, personas con más de un inmueble, e incluso aspirantes a cargos de elección popular, como alcaldes y regidores. A pesar de ello, fueron incluidos como receptores de ayudas sociales.
El Ministerio Público, en su requerimiento, sostiene que la selección de los beneficiarios no respondió a criterios técnicos ni sociales, sino a afinidad política y cercanía personal con la diputada Isis Cuéllar, confirmando lo documentado previamente por este medio.
Las asistentes de Cuéllar
Uno de los elementos centrales del esquema, identificado primero por la investigación periodística y ahora respaldado por la Fiscalía, fue que los cheques nunca quedaron en poder real de los supuestos beneficiarios.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, una vez que Sedesol entregaba los cheques, estos eran recogidos por las imputadas Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno, asistentes cercanas a la diputada.
Posteriormente, ellas mismas coordinaban el traslado de las personas a distintas agencias del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), ubicadas en San Pedro Sula, La Entrada de Copán y Gracias, Lempira.
Tras el cobro, el dinero era entregado a las imputadas, asegurando que los fondos regresaran al control del grupo que operaba el fraude.
En varios casos, incluso, se falsificaron firmas o se emitieron cheques a nombre de personas que desconocían haber sido incluidas como beneficiarias.
Obras fantasma
Las visitas de campo realizadas por LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus permitieron desmontar la narrativa oficial.
En comunidades donde supuestamente se habían ejecutado reparaciones de vivienda, no existía rastro de obras, ni mejoras visibles.
En otros casos, los beneficiarios vivían en casas que no presentaban condiciones de precariedad, contradiciendo lo consignado en las solicitudes.
Estas conclusiones coinciden con lo que ahora establece la Fiscalía: durante inspecciones realizadas entre cinco y once meses después de la entrega de los supuestos beneficios, se encontró en muchas viviendas apenas uno o dos sacos de cemento, entregados únicamente para justificar la ayuda social.
Incluso, varios propietarios declararon que nunca recibieron ningún beneficio, pese a figurar en los listados oficiales.
Otro hallazgo clave de la investigación periodística fue el uso de liquidaciones falsas.
El análisis de los expedientes mostró cotizaciones y facturas prácticamente idénticas, con los mismos materiales, cantidades, fechas, valores y proveedores. Solo cambiaba el nombre del beneficiario.
El Ministerio Público confirma este patrón y añade que también se detectaron cambios de proyectos y modificaciones de beneficiarios sin respaldo documental.
Encubriendo el fraude
Tras hacerse público el audio que dio origen al escándalo, la investigación de este medio documentó una operación para simular legalidad.
Según testigos citados en el requerimiento fiscal, Ilsy Baquedano Mejía contactó a varios beneficiarios para tranquilizarlos, asegurándoles que “todo iba a salir bien”, que se estaban trabajando las liquidaciones y que debían respaldar a la diputada Isis Cuéllar y declarar que sí habían recibido las ayudas sociales.
Para sostener esa versión, las imputadas entregaban cantidades mínimas de materiales, como cemento, sillas plásticas, carpas y mobiliario básico, con el único propósito de aparentar el uso correcto de los recursos públicos y anticiparse a posibles inspecciones de los órganos de control del Estado.
En el caso de los supuestos emprendimientos, tanto la investigación periodística como la fiscal establecieron que la mayoría de los beneficiarios declaraba desarrollar exactamente las mismas actividades económicas: alquiler de sillas, carpas y mesas, o pequeños negocios de serigrafía.
Sin embargo, muchos no estaban registrados como comerciantes individuales, ni existía evidencia real de que dichos emprendimientos funcionaran.
Con base en toda esta evidencia, el Ministerio Público concluye que los imputados consumaron un fraude mediante artimañas, desviando fondos públicos por un monto de 6,032,654.07 lempiras, recursos que estaban destinados al desarrollo económico y social del departamento de Copán.
Más desvío de fondos
Pero la investigación no se detuvo en Sedesol.
A medida que el caso avanzaba, LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus ampliaron el foco hacia el manejo de fondos legislativos, luego de que el entonces presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, hiciera públicos documentos con la intención de desmentir las denuncias.
Lejos de cerrar el debate, esos documentos abrieron una nueva línea de investigación.
El análisis de la información divulgada por Redondo permitió establecer que entre 2023 y 2024 los diputados gestionaron más de 1,500 millones de lempiras para obras sociales, canalizados principalmente a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, el Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis) y la propia Sedesol.
Además, se identificó un faltante de al menos 29 millones de lempiras sin respaldo documental claro.
Los datos revisados por este medio evidenciaron vacíos de información, falta de trazabilidad y ausencia de criterios técnicos para la asignación de recursos.
En 2023, el entonces diputado Carlos Zelaya fue quien más fondos gestionó, seguido por Isis Cuéllar, quien acumuló cerca de 38 millones de lempiras en dos años, situándose como la diputada con mayor monto gestionado.
A partir de esta revisión, LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus documentaron la existencia de una red de organizaciones no gubernamentales vinculadas al partido Libre, utilizadas como vehículos para ejecutar fondos públicos sin controles efectivos.
Entre las principales beneficiarias figuran la Asociación Manos a la Obra (AMO) y Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE), que recibieron más de 150 millones de lempiras entre 2023 y 2025.
Ambas ONG obtuvieron recursos para ejecutar proyectos sociales e infraestructura menor, pese a carecer de experiencia comprobada, auditorías técnicas visibles y mecanismos de rendición de cuentas.
Las visitas de campo realizadas por este equipo constataron obras inconclusas, de baja calidad o apenas iniciadas, una realidad que contrastaba con los informes oficiales.
La investigación también estableció vínculos directos entre estas ONG y figuras del partido de gobierno. En el caso de AMO, su presidenta, Linda María Ordóñez, ocupó cargos públicos estratégicos; mientras que MUE está presidida por Bessy Jeanette Ramírez Montoya, vinculada al censo de Libre y a otras organizaciones previamente beneficiadas con fondos estatales.
Pese a los cuestionamientos, la Secretaría de Gobernación aseguró que su rol se limita a evaluar técnicamente los proyectos y que la gestión de los fondos corresponde a los diputados.
Sin embargo, tras el estallido del escándalo de Sedesol, este medio constató una aceleración irregular en la ejecución de obras, entrega de materiales sin respaldo documental y ausencia de verificaciones en campo.
Así, lo que inició como un caso de cheques irregulares en Sedesol terminó exponiendo, gracias a la investigación de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus, un modelo más amplio de uso discrecional de fondos públicos, con conexiones entre el Ejecutivo, el Legislativo y una red de ONG afines, un esquema que hoy empieza a ser desentrañado por la justicia, pero que fue documentado primero desde el periodismo.
