San Pedro Sula, Honduras
Circulan en redes sociales varias publicaciones que muestran imágenes de supuestos decomisos de cámaras de seguridad en viviendas. Según las descripciones que acompañan los posteos, las fotografías corresponden a decomisos realizados por la Policía Nacional a ciudadanos en Honduras.
Sin embargo, esto es falso. En realidad, las imágenes corresponden al decomiso de cámaras instaladas ilegalmente y vinculadas a integrantes de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) en el sector de Chamelecón, departamento de Cortés, en el norte de Honduras, según informó la Policía Nacional.
“Queda totalmente prohibido tener cámaras en la casa y negocios. Si tienes cámaras en areas publicas, ya sea para cuidar o estar al pendiente de el entorno de tu casa o negocio estarías cometiendo un grave delito. Todas aquellas personas que tengan cámaras y no las desinstalen serán puestas al orden público, Así lo ha manifestado la policía nacional de Honduras”, dice la entrada de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 2 de julio de 2026.
Las cámaras de videovigilancia son utilizadas por personas, empresas e instituciones como una herramienta para reforzar la seguridad de viviendas, comercios y espacios privados. Su instalación es una práctica común que permite monitorear inmuebles, prevenir delitos y aportar evidencia cuando ocurre un hecho delictivo.
Sin embargo, las autoridades también han advertido que organizaciones criminales han utilizado sistemas de videovigilancia instalados de forma ilegal en espacios públicos o en puntos estratégicos para vigilar el movimiento de los cuerpos de seguridad, controlar territorios y alertar sobre operativos policiales.
En esos casos, los dispositivos pueden ser retirados durante intervenciones de las fuerzas de seguridad como parte de investigaciones contra estructuras delictivas.
Por ello, el decomiso de cámaras realizado durante operativos contra grupos criminales no implica una prohibición general para que los ciudadanos instalen cámaras de seguridad en sus viviendas o negocios. La legalidad de estos dispositivos depende de su uso y del cumplimiento de la normativa aplicable, no de su sola instalación.
En Honduras no existe una disposición general que prohíba a los ciudadanos instalar cámaras de videovigilancia en sus viviendas o negocios, como lo explicó LA PRENSA
Decomiso a pandillas
Una búsqueda inversa en Google Lens con las imágenes de la publicación permitió localizar una nota de LA PRENSA en la que se informa sobre el decomiso de cámaras instaladas ilegalmente y vinculadas a miembros de la Pandilla 18 en el sector de Chamelecón, Cortés.
Las fotografías forman parte de un operativo ejecutado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con otras unidades de seguridad, según detalla la publicación.
La nota periodística explica que las imágenes corresponden al desmantelamiento de un sistema de videovigilancia compuesto por cámaras instaladas de forma ilegal en distintos puntos de Chamelecón.
Como informó LA PRENSA, durante la intervención las autoridades retiraron al menos 15 cámaras de videovigilancia que presuntamente eran utilizadas por estructuras criminales para monitorear los movimientos de agentes policiales y ejercer control sobre zonas de influencia.
La misma búsqueda permitió localizar una publicación en Facebook de la Policía Nacional, a través de la Región Policial del Valle de Sula, en la que desmiente que se trate de un decomiso de cámaras a ciudadanos y aclara que la acción estuvo dirigida contra estructuras criminales.
"El desmantelamiento y la desinstalación de cámaras realizados en el sector de Chamelecón correspondieron únicamente a dispositivos utilizados por estructuras criminales de la Pandilla 18 y la MS-13", dice la publicación.
Además, el director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, el comisionado Wilmer Mayes Ríos, confirmó a LA PRENSA Verifica que las fotografías corresponden al operativo ejecutado contra integrantes de la Pandilla 18.
"Así es, ahí fue (en Chamelecón)", confirmó Mayes Ríos.
En conclusión, es falso que las imágenes viralizadas muestren el decomiso de cámaras de seguridad a la población hondureña o que la Policía Nacional haya prohibido a los ciudadanos instalar estos dispositivos en sus viviendas o negocios.
