¿Culpable o inocente? Juicio a Jesús Mancía por masacre de 17 pasajeros de rapiditos en SPS

Jesús Humberto Mancía se sometió el pasado 8 y 9 de junio a su juicio oral y público en los juzgados de San Pedro Sula. Los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2003

¿Culpable o inocente? Juicio a Jesús Mancía por masacre de 17 pasajeros de rapiditos en SPS
San Pedro Sula, Honduras

La Sala V del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula programó para el pasado 16 de junio la lectura del fallo que determinaría si Jesús Humberto Mancía sería condenado o absuelto por su presunta participación en una serie de ataques armados contra tres unidades de transporte rápido que dejaron 17 pasajeros muertos hace 23 años.

Mancía, acusado por Ministerio Público (MP) de 17 delitos de asesinato, tentativa de asesinato, tentativa de homicidio, asociación para delinquir y robo de vehículo, se sometió a un juicio oral y público el 8 de junio en el que tanto su defensa como la fiscal asignada al caso, comparecieron ante la terna de juezas.

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Durante el proceso, la Fiscalía, que sostenía que Mancía era parte de la Mara Salvatrucha (MS-13) con el alias La Mole, presentó la carga probatoria para sustentar la acusación. Entre las pruebas figuró el testimonio de un testigo protegido que relató cómo sobrevivió a un ataque armado perpetrado por varios individuos, entre quienes supuestamente identificó al acusado.

Según el relato del testigo, cuatro hombres le dispararon y lo hirieron luego de interceptarlo en la 23 calle de la colonia Las Palmas para robarle un vehículo Toyota 22R tipo pick-up, color azul, modelo 1985.

De acuerdo con las investigaciones policiales, este habría sido uno de los automotores utilizados posteriormente para ejecutar los ataques contra las unidades de transporte en las que viajaban las 17 víctimas.

El fallo del Tribunal de Sentencia

El juicio oral y público finalizó el 9 de junio con la etapa de conclusiones y fijó para el 16 de junio la lectura del fallo. Ese día, la defensa argumentó que el Ministerio Público no presentó la carga probatoria suficiente que vinculara a su representado con los ataques contra las unidades de transporte. Además, cuestionó la solidez de los testimonios que lo identificaban como autor de los hechos imputados, por lo que solicitó que se le declarara inocente.

La Fiscalía, por su parte, pidió una condena por un delito de asesinato en contra del conductor de uno de los rapiditos; asesinato en grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de una pasajera; homicidio en grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de un testigo protegido; y robo de vehículo. Por estos delitos, el MP estimó una pena de entre 50 y 64 años de prisión.

Asimismo, solicitó una sentencia absolutoria por el delito de asociación para delinquir, al considerar que no logró acreditar su pertenencia a la estructura criminal MS-13.

Tras varios días de deliberación, el Tribunal de Sentencia emitió el fallo. Este fue a favor de Jesús Humberto Mancía con una sentencia absolutoria al considerar que la carga probatoria del Ministerio Público, no sustentó la acusación. Mancía enfrentó el proceso en libertad.

Cronología de los tres ataques

La causa por la que enfrentaba la justicia Jesús Humberto Mancía se remonta al 30 de agosto de 2003. El expediente establece que habría participado como presunto gatillero en tres ataques armados ejecutados por varios integrantes de la MS-13 durante la misma jornada.

La cronología de los hechos señala que el primer ataque ocurrió contra un autobús rapidito de la Ruta 2 en la colonia Satélite, donde murieron ocho pasajeros.

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Apenas 15 minutos después, el acusado presuntamente participó en un segundo atentado en la 11 calle y 4 avenida del barrio Medina, donde una persona murió tras el ataque contra una unidad que cubría la ruta hacia Chamelecón.

El tercer hecho se registró en la colonia Ebenezer, en el sector de Chamelecón, donde fallecieron otras ocho personas, entre ellas el conductor del autobús y su ayudante.

Las diligencias investigativas realizadas en 2003 concluyeron que los ataques contra las unidades del transporte habrían sido ejecutados como una represalia ante la inminente aprobación de la denominada Ley Antimaras, impulsada en ese momento para combatir a las estructuras criminales vinculadas a pandillas.

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Redacción La Prensa
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