Los comunitarios de la tribu tolupán de San Francisco Locomapa, Yoro, tienen más de una década de estar clamando justicia por la muerte de 15 de sus miembros asesinados al resistirse a la explotación de los recursos naturales que están en sus tierras.
Los análisis de organizaciones defensoras de los derechos humanos indican que en 1994 se aprobó un plan de manejo forestal que ha sido el generador de la violencia en la zona en las últimas décadas.
Entre los casos por los que piden justicia está el ocurrido en 2013 cuando se produjo el triple asesinato de María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez en un acto de resistencia de los indígenas que estaban opuestos al aprovechamiento del bosque.
Otro de los casos es el de Juan Samuel Matute, quien fue asesinado junto a su padre Salomón Matute en febrero de 2019, ambos asesinados por oponerse a la explotación del territorio tolupán.
En la lista de las víctimas también está Milgen Idan Soto, quien fue asesinado en septiembre de 2019 por defender los bienes naturales de Locomapa.
Víctor Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, dijo que la resistencia de los comunitarios es contra las personas naturales y jurídicas que explotan los recursos naturales del sector y de directivos corruptos de la tribu que han hecho históricamente un matrimonio con los depredadores.
Las zonas de las tribus tolupanes son unas de las más empobrecidas de Honduras, pese a que de allí han salido millones de metros de madera y toneladas de minerales como el antimonio y oro, entre otros.
Sicarios operan con roles distribuidos entre comunitarios corruptos
Fenández señaló que en el aprovechamiento de los recursos naturales están los actores económicos y también operan otras dinámicas del crimen organizado como el narcotráfico y “está el actor comunitario corrompido a nivel de su dirigencia a lo que hay que agregar las instituciones como los juzgados el ICF y la Fiscalía que históricamente se han vuelto aliados de la gente que está destruyendo el bosque y haciéndose rica”.
Refirió que además de los crímenes ocurridos en 2013 y 2015, se reportó en la zona de Sinaí la muerte violenta de cinco personas y luego se han suscitado asesinatos selectivos de gente vinculada en la lucha contra el aprovechamiento del bosque y los otros recursos naturales.
“Como son zonas empobrecidas, los grupos de interés generan lo que es la ruptura del tejido social, provocando pelea entre la gente por un bando y por otro”, señaló el coordinador de Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
Indicó que un ejemplo de esa situación es el crimen de Milgen Idan Soto, por cuyo caso se le sigue un proceso penal a miembros de su misma tribu que fueron capturados el 28 de febrero de este año y que están en prisión.
Fernández dijo que el caso de Milgen Soto se conoce en el sistema interamericano de derechos humanos “allí hay 95 familias protegidas por una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desde Washington ha reconocido que efectivamente hay una fuente de riesgo para la vida y los derechos de los indígenas que reclaman sus derechos”.
Según Fernández, la familia de Melgin Soto era beneficiaria de esas medidas y allí hay varias personas protegidas con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y han sido víctimas mortales.
Manifestó que los asesinatos son cometidos por una organización criminal de sicariato que opera en la zona con roles distribuidos entre comunitarios que son favorecidos y corrompidos por los explotadores de los recursos naturales.
