Exalcalde de San Marcos dirige red criminal desde prisión, según MP

La estructura habría desviado recursos públicos para sobornos, lujos personales y actividades ajenas a los fines de la Municipalidad de San Marcos, Santa Bárbara.

Exalcalde de San Marcos dirige red criminal desde prisión, según MP
SANTA BÁRBARA, HONDURAS

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) Regional Norte presentó este martes un requerimiento fiscal contra una presunta estructura criminal que operaba en la municipalidad de San Marcos, Santa Bárbara, y que, según las investigaciones, era dirigida desde prisión por el exalcalde Pedro Armando Aguilar Orellana.

De acuerdo con el Ministerio Público, Aguilar, recluido en un centro penal desde 2023, habría desviado millonarios fondos públicos para su enriquecimiento personal y para financiar actividades ajenas al propósito del presupuesto municipal.

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Las pesquisas señalan que el exfuncionario, junto a otros miembros de la red, manipulaba documentos y cuentas municipales, autorizaba pagos irregulares, adquiría bienes de lujo y cobraba sobornos a cambio de contratos con sobrevaloración.

El exalcalde —electo bajo el partido Alianza Patriótica y actualmente investigado por aparecer en un video con el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, vinculado a narcotraficantes condenados en Estados Unidos— habría liderado la organización mediante llamadas telefónicas desde prisión.

Entre las acciones ilícitas detectadas figura la compra de vehículos de lujo, viviendas, armas de fuego y la adquisición ficticia de mochilas para proyectos sociales que nunca fueron entregadas a la comunidad.

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En total, seis personas fueron capturadas: Pedro Aguilar Orellana (exalcalde que guardia prisión en Támara), Jesús Alberto Hernández Soliz (jefe de desarrollo municipal y candidato a alcalde), Sandra Perdomo Castillo (regidora y pareja sentimental de Aguilar), Dania Iveth Villalvir Torres (tesorera municipal), Ada Lizeth Pineda Villeda (auditora municipal), Lourdes Borjas Maldonado (jefa de personal) y Elisa Castellanos Pineda (contadora municipal).

Los delitos imputados incluyen abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, asociación para delinquir, lavado de activos y malversación de caudales públicos.

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Redacción La Prensa
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