Jonathan Adalberto García Ramírez, un joven de 29 años, fue reportado como desaparecido el 29 de julio cuando se suponía que viajaba de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula, en el norte del país.
Su familia creía que su vida corría peligro, pues en una llamada telefónica les pidieron tres millones de lempiras a cambio de su liberación.
Sin embargo, tras ser localizado por la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) sano y salvo en una vivienda del municipio de Oropolí, El Paraíso, al oriente de Honduras, se descubrió que no estaba cautivo, maniatado ni herido. Allí se encontraba descansando junto a un amigo, quien le ayudó a fingir el secuestro y prestó su voz para realizar las terroríficas llamadas.
Aunque no es un fenómeno recurrente, en la última década decenas de personas en Honduras han participado en autosecuestros. Entre 2015 y julio de 2025 se reportaron 91 personas implicadas en autosecuestros, ya sea como autores o cómplices, según cifras de la Secretaría de Seguridad, compartidas mediante la solicitud de información pública SOL-SSSS-2966-2025.
Antes de 2020, quienes fingían su secuestro simplemente eran entregados a su familia. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, bajo el decreto No. 130-2017, esta acción figura como un delito por el cual una persona puede ser capturada y procesada penalmente.
Entre enero de 2021 y octubre de 2025 se reportaron 59 secuestros falsos, desglosados de la siguiente manera: 34 personas rescatadas y 25 arrestadas.
Las cifras se presentan en número de personas y no de casos, ya que en un solo autosecuestro pueden participar hasta tres individuos. Por ello, los registros de rescates y detenciones reflejan la cantidad de participantes y no necesariamente el número de hechos.
“Primero se les maneja como rescatados”
Autoridades de la Unas explicaron que los casos inicialmente se manejan como rescatados: “Porque hasta no encontrarlo, en ese momento es secuestro. Hasta que ya conversamos con él (refiriéndose al infractor) y vemos que hay cosas que no concuerdan, confirmamos que no se trataba de un secuestro, sino de un autosecuestro”.
Sobre aquellos que figuran como arrestados, detallaron que “se reúne toda la prueba primero y posteriormente se emite orden de captura”.
La captura no se realiza de forma inmediata, sino hasta que se recopila toda la evidencia necesaria para poder acusar a la persona. Ejemplificaron el caso de Jonathan García Ramírez. Fue localizado hace tres meses y todavía está en proceso la recolección de la carga probatoria para solicitar su arresto con el fin de acusarlo formalmente.
Perfil de los involucrados
Según el análisis de este medio, personas originarias de 17 de los 18 departamentos del país han fingido estar secuestradas, siendo Francisco Morazán el que más casos reporta, con un total de 19. Colón es el único departamento sin registros.
De forma más específica, los detenidos provienen de 52 de los 298 municipios del país, con el Distrito Central (7), Curarén (6) y San Pedro Sula (5) a la cabeza.
La mayoría de los protagonistas de estas acciones son jóvenes: 62% de los casos corresponden a personas con edades entre 20 y 39 años.
Las cifras también reflejan que niños y adolescentes figuran entre los infractores. En total, se contabilizaron 17 menores involucrados en la simulación de secuestros.
No solo ciudadanos hondureños han fingido su secuestro en territorio nacional; también se han registrado casos protagonizados por extranjeros.
En 2018 y 2019, las autoridades rescataron a dos personas de nacionalidad norteamericana —sin precisar el país de origen— que inicialmente se creía estaban secuestradas. Más recientemente, en 2024, se notificó el caso de autosecuestro de un ciudadano costarricense.
Esta última se trata de una mujer identificada como Annia Cervantes, quien al momento de ser localizada por las autoridades, se descubrió que estaba junto a su amante en San José de Comayagua. Cervantes le mintió a su esposo, quien se encontraba en Costa Rica, diciéndole que fue privada de su libertad en Honduras y que para su rescate debía pagar 40,000 lempiras y dos mil dólares más.
Los autosecuestros en ocasiones son cometidos por personas que no tienen necesidades económicas, pero que buscan sentir la experiencia de ser buscado, señalaron autoridades de la Unas.
"Hemos tenido desde guardias de seguridad, hasta personas que lo hacen como por hobby. No tienen la necesidad de dinero, sino que lo hacen como por querer jugar al ladrón y policía, de sentir esa adrenalina que la policía lo anda buscando", mencionaron.
Además de estos motivos, también puede haber causas relacionadas con la salud mental, indicó la psicóloga Lourdes González.
No descarta que entre los infractores figuren personas histriónicas "que son personas que les gusta llamar la atención, son bastante eufóricos. A veces pueden estar alegres, enojados o tristes. En un momento que quieran llamar la atención y no la obtienen, entonces pueden tomar esta decisión".
González agregó que las personas con trastorno límite de la personalidad pueden llegar a cometer este delito. Las personas con esta condición se caracterizan por tener emociones en picos altos y bajos como al sentir ira o tristeza.
También comentó que es posible que personas dependientes emocionalmente incurran en esta indebida práctica con el fin de captar la atención.
LA PRENSA también comparó los casos de autosecuestros con los secuestros reales registrados en la última década, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol). Entre 2015 y 2019, los secuestros reales superaban los 10 casos anuales, siendo 2015 y 2017 los años con mayor incidencia: 45 y 26 casos, respectivamente.
A partir de 2020, los secuestros comenzaron a disminuir, sin superar los 15 casos por año. En contraste, ese mismo año marcó un repunte en los autosecuestros, con 2021 y 2025 como los años más críticos: 16 y 14 casos, respectivamente. Entre 2020 y 2023, se registraron más autosecuestros que secuestros reales: 42 fingidos frente a 22 verdaderos.
Con la nueva legislación, fingir un secuestro se penaliza bajo el delito de simulación de infracción inexistente, establecido en el artículo 529 del Código Penal, el cual determina que la persona será castigada con una multa económica y prisión de seis meses a dos años.
