Un grupo de representantes de organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y laborales de las mujeres viajaron hasta Suiza para asistir a la 83 sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que se lleva a cabo esta semana en Ginebra.
Desde el país europeo, la delegación de hondureñas ha exigido al gobierno de la presidenta Xiomara Castro que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Alejandra Flores, abogada del Centro de Solidaridad, con sede en San Pedro Sula, explicó que los países signatorios de este protocolo están obligados a adoptar políticas encaminadas a eliminar la discriminación contra las mujeres y rendir cuentas ante este comité.
Alejandra Flores:
“No podemos esperar más cuando la vida de muchas mujeres hondureñas están en juego”.
La defensora del sector obrero recordó que Honduras fue uno de los 100 países que en 1989 se declararon obligados a cumplir estas disposiciones, sin embargo, 33 años después, aún no ha firmado ni ratificado el protocolo.
Flores informó que el protocolo se encuentra en el Congreso Nacional y, pese a los constantes esfuerzos del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), no ha habido avances en la firma del documento.
Informe
Durante su participación en la 83 sesión del Cedaw, la delegación presentó un informe alternativo, donde resalta que el Estado de Honduras aún no ratifica el protocolo y que continúa en deuda con las mujeres hondureñas.
Dicho documento destaca “la impunidad en los casos de violencia contra las niñas y mujeres”, exponiendo que solo en el período de 2016 a 2021 ha habido 2,264 feminicidios y en los últimos dos años fueron registradas 5,025 denuncias de agresiones sexuales, mientras que muchos casos de violencia doméstica siguen sin ser judicializados.
Por otra parte, expone que las mujeres siguen viviendo violencia dentro de sus centros de trabajo, especialmente en el sector informal.
Razones por las que exigieron al Gobierno que garantice la aplicación de justicia con perspectiva de género, crear protocolos de recepción y atención de denuncias que aseguren un trato digno hacia las víctimas e impulsar la aplicación de la reforma al Código de Familia, que prohíbe el matrimonio infantil.
Asimismo, solicitaron que se elimine la prohibición del uso y comercialización de las pastillas anticonceptivas de emergencia y la despenalización del aborto por las tres causales.
Además de fortalecer programas de acceso a la tierra, asistencia técnica y crédito para las mujeres de zonas rurales y costeras.
