“No más recorte laboral”, exigen los médicos del hospital Mario Catarino Rivas en un cartel colocado sobre el lector biométrico donde marcan su entrada y salida, mismo dispositivo en el que, la mañana del lunes, varios galenos se llevaron la sorpresa de que el sistema había dejado de reconocerlos.
Inicialmente, el personal administrativo les informó que se trataba de una falla técnica, pero con el paso de las horas, la situación tomó otro giro, pues durante la tarde del lunes y la mañana del martes, algunos médicos, en su mayoría con interinato, fueron notificados de su despido.
Esto vino a agravar un escenario ya tenso dentro del principal centro asistencial del norte del país, donde especialistas se mantenían en asambleas informativas debido a la falta de pago de sus salarios.
El doctor Harold Tábora, presidente de la asociación de médicos del hospital, informó este martes que continuarán con las asambleas, ya que, aunque algunos colegas han comenzado a recibir sus pagos, se trata de una minoría y no de una solución integral.
A su vez, indicó que otra de las exigencias por parte del personal de salud es el cese de los despidos, que a su criterio se han hecho de forma inadecuada, pues algunos fueron notificados por mensajes de WhatsApp o llamadas telefónicas, mientras que otros se enteraron a la hora de intentar marcar su entrada al hospital esta semana.
El dirigente cuestionó que estas medidas se adopten en medio de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional desde principios de febrero. “No es coherente que, mientras se reconoce una crisis en el sistema de salud, se reduzca al personal médico”, dijo, al tiempo que no descartó la intensificación de las protestas si no hay respuestas.
Entre los afectados se encuentra el doctor Roger Canizales, exjefe de Urgencias, quien relató que recibió una llamada el sábado en la que se le informaba que sus servicios ya no eran requeridos, y al acudir al hospital el lunes, el sistema biométrico no le permitió marcar.
Canizales, quien asegura haber laborado durante tres años en el centro asistencial, indicó que únicamente se le ofreció la copia de un oficio emitido desde la Secretaría de Salud. A su juicio, el proceso carece de transparencia y respondería a intereses políticos.
“Tengo la certeza de que es por política, pero es algo que no debería de pasar. Cuando atendemos pacientes no preguntamos su color político”, señaló, al advertir que estas acciones podrían debilitar aún más la capacidad de respuesta del sistema de salud pública.
Por su parte, el doctor Juan Carlos Argueta, director del hospital Mario Rivas, sostuvo que actualmente están realizando una revisión de los contratos vigentes como parte de un proceso de ordenamiento administrativo, debido a que han detectado inconsistencias.
Explicó que algunos empleados contratados no se han presentado a laborar o no responden a los llamados, lo que ha generado dudas sobre la existencia de posibles irregularidades en planillas.
Argueta defendió que las cancelaciones responden a la necesidad de reorganizar el hospital y garantizar que el personal activo cumpla con sus funciones. "Lo que estamos haciendo es ordenando la casa, los que están con problemas no están marcando", apuntó.
Esta situación también ha alcanzado a otras áreas dentro del hospital, ya que personal de seguridad denunció adeudos de hasta tres meses de salario, así como despidos. Uno de los afectados afirmó haber sido notificado de forma verbal de su salida cuando acudía a resolver su problema con el marcaje.
A nivel nacional, la situación se replica. Profesionales de enfermería anunciaron asambleas informativas tras reportar despidos en distintos centros asistenciales, incluyendo el hospital San Felipe, donde al menos 11 enfermeras habrían sido separadas recientemente.
El gremio señaló que las autoridades les habían garantizado estabilidad laboral en reuniones previas, lo que ha generado sorpresa e inconformidad. Además, recordaron que muchos de los contratos cuestionados no son recientes, sino que corresponden a personal con muchos años de servicio bajo modalidades temporales.
Desde el ámbito político, el diputado y médico Carlos Umaña calificó como contradictorias las acciones del gobierno, al considerar que el decreto de emergencia en salud buscaba ampliar la contratación de personal, no reducirla.
Umaña calificó como inconcebible el despido masivo de médicos y enfermeras en Honduras, así como los mecanismos utilizados para ejecutarlo, como la exclusión del sistema biométrico.
Además, cuestionó la salida de especialistas clave. "En Santa Bárbara despidieron al único cirujano vascular y varios internistas. Están echando al traste todo lo que posibilitó la construcción de este decreto de emergencia, no sé quién está asesorando al gobierno", agregó.
