San Pedro Sula, Honduras. El Congreso Nacional aprobó este miércoles la implementación del Programa Nacional de Dignidad y Asistencia Funeraria (Prondaf), que contempla como proyecto piloto la construcción de una funeraria comunitaria en San Pedro Sula, con una inversión de 10 millones de lempiras prevista en el Presupuesto General de 2027.
La aprobación del decreto se realizó durante la jornada Congreso en tu Ciudad, celebrada en San Pedro Sula, y establece que la primera etapa del programa se desarrollará en coordinación con la Municipalidad sampedrana.
La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización tendrá a su cargo la coordinación del programa, mientras que la alcaldía será responsable de implementar esta primera fase piloto.
El proyecto también contará con la participación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), institución que elaborará los estudios técnicos, arquitectónicos y de ingeniería necesarios para la construcción de las instalaciones.
Además, la SIT brindará acompañamiento durante las etapas de planificación, construcción y supervisión de la funeraria comunitaria, mientras que la Secretaría de Finanzas deberá asignar 10 millones de lempiras para su ejecución en el Presupuesto General de 2027.
El decreto también autoriza a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) a facilitar un inmueble para el funcionamiento de la funeraria, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en las evaluaciones técnicas y jurídicas y que legalmente proceda.
Evaluarán impacto social
Una vez que las instalaciones entren en funcionamiento, la Secretaría de Gobernación tendrá un plazo de 12 meses para presentar un informe al Congreso Nacional sobre la ejecución del proyecto.
El documento deberá detallar la inversión realizada, el desarrollo de las obras, la utilización de las instalaciones y el impacto social del programa. También incluirá recomendaciones para determinar la viabilidad de extender el servicio a otros municipios del país.
El decreto establece que el inmueble deberá utilizarse exclusivamente para la realización de velatorios y ordena a las instituciones involucradas garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos. La experiencia en San Pedro Sula servirá para evaluar el funcionamiento del programa y determinar si puede ampliarse a otras ciudades.
