Fiscalía ha recibido 15 denuncias por usurpación de tierras: "Me quitaron todo"
Las denuncias llevan más de un año sin respuesta judicial; solo dos han avanzado, constató LA PRENSA Premium. Uno de los casos corresponde a una propiedad adquirida hace más de 50 años
- 26 de octubre de 2025 a las 20:30 /
Al menos 15 denuncias por usurpación de propiedades han sido interpuestas en el Ministerio Público por ciudadanos canadienses que residen desde hace muchos años en las zonas de Santa Fe y Trujillo, en Colón. Se trata de bienes adquiridos legalmente, ahora ocupados por grupos garífunas como parte de una reivindicación histórica de sus tierras ancestrales.
Los movimientos comenzaron entre mayo y junio de 2024, cuando pequeños grupos de garífunas ingresaron por la fuerza a viviendas, terrenos y zonas turísticas en desarrollo. Los ocupantes desalojaron bajo amenazas a los propietarios y se instalaron en los inmuebles.
También se han tomado posesión de propiedades aseguradas por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), como el parque turístico Campo del Mar, donde actualmente mantienen el control del área de restaurantes, palapas y la vivienda del propietario.
Los afectados aseguran haber denunciado las usurpaciones desde hace más de un año, sin recibir respuesta por parte del Ministerio Público. En su mayoría, los casos no han sido judicializados, lo que impide que un juzgado ordene los desalojos o determine la titularidad legal de las propiedades.
Desalojos
Una de estas denuncias fue interpuesta por Marian Kym Brinkley, quien se presenta, con documentación en regla, como propietaria de un parque en la zona de Santa Fe, Colón, adquirido hace 50 años.
En el lugar, Brinkley y su familia sembraron árboles maderables y promovieron la fauna local, como monos cara blanca y aves, bajo un entorno natural. “Vine a vivir a Trujillo en 1976. Compramos un terreno. Con mi mamá y mi familia tuvimos el hotel Villa Brinkley por cuarenta años. He dedicado mi vida al turismo. La propiedad ha estado protegida por más de cincuenta años, tenemos documentos legales y se pagan los impuestos cada año”, expresó Brinkley a LA PRENSA Premium.
Sin embargo, estos argumentos no detuvieron a los ocupantes. El año pasado, un grupo ingresó a la fuerza y la obligó a abandonar el sitio. “Me han quitado todo: mi terreno, mi casa, y no me dejan entrar”, lamentó.
Brinkley afirmó que, al comprar el terreno en 1976, verificaron su estatus legal. Recibieron documentos que confirmaban que el terreno formaba parte del casco urbano de Santa Fe. Todo estaba registrado en dominio pleno y la compra fue realizada a una familia garífuna. “En ese entonces, los regidores de Santa Fe eran garífunas y votaron a favor de la venta”.
Ese proceso, realizado con el aval de la comunidad garífuna hace más de 50 años, no fue reconocido por quienes ocuparon el terreno recientemente, quienes reclaman un derecho ancestral.
Brinkley relató que, tras el desalojo, los ocupantes rompieron el portón, ingresaron maquinaria pesada y derribaron árboles. La propiedad, que antes era un refugio de flora y fauna en 10 manzanas de tierra, ahora está devastada.
“Tuve que huir. Ahora vivo en una casa prestada en Trujillo, esperando que el Ministerio Público actúe. Ni las autoridades municipales ni las ambientales han llegado a ver el daño”, afirmó. Su hija, nacida en Trujillo, es la heredera de la propiedad actualmente ocupada.
Denuncias por usurpación
De las 15 denuncias interpuestas por ciudadanos canadienses, solo dos han avanzado en los juzgados. Las demás continúan en etapa de investigación, según los representantes legales. A la fecha, no se ha ejecutado ningún desalojo ni se ha determinado la legítima propiedad de los bienes.
A un kilómetro de la propiedad de Brinkley está la del empresario canadiense Randy Roy Jorgensen, dueño del complejo Campo del Mar. Esta propiedad fue asegurada el 11 de abril de 2024 por un proceso legal de defraudación y lavado de activos. Sin embargo, dos meses después fue ocupada por garífunas. La bandera de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), que defiende los derechos del pueblo garífuna, ondea en los portones principales.
Según los extranjeros entrevistados por este medio, la investigación fiscal y el aseguramiento de bienes contra Jorgensen habría motivado a más ocupaciones por parte de garífunas en otras propiedades.
Jorgensen asegura que su caso se ventila en el juzgado de privación de dominio, donde ha presentado documentación legal que respalda que adquirió los bienes de forma legítima. Aunque el proceso avanza lentamente, espera recuperar sus bienes. Al mismo tiempo, analiza cómo enfrentar el nuevo problema: la ocupación ilegal de las propiedades.
“No creo que el Estado condene a alguien por desarrollar Trujillo y Santa Fe. He invertido en residenciales, construí una terminal de cruceros, he hecho otras inversiones. El dinero provenía de otros países y se quedaba en Trujillo. Nunca he estado involucrado en lavado de dinero, y se han pagado los impuestos”, afirmó.
El empresario se quejó de que los ocupantes celebran dentro de sus propiedades y habitan en residencias para huéspedes e incluso en su vivienda personal. Los inmuebles estaban completamente amueblados cuando ocurrió la ocupación.
Otra afectada es la canadiense Helen Edwards, según la denuncia 644. Ella compró una casa en la residencial Alta Vista, en la comunidad de Guadalupe, Santa Fe. Su representante legal denunció que la propiedad fue invadida el 15 de mayo de 2024.
100
manzanas
de terrenos ocupadas reportan un grupo de canadienses radicados en Honduras
Ese día, los ocupantes rompieron la cerradura y sustrajeron varios enseres domésticos. Regresaron el 3 de julio y se llevaron lavadora, estufas y camas, usando incluso un camión. Las pertenencias habrían sido vendidas en la misma comunidad.
En agosto de 2024, en otra casa de Alta Vista Mountain, propiedad de otro canadiense, individuos con el rostro cubierto colocaron una bandera de Ofraneh en el portón y ocuparon la vivienda. Instalaron una tubería desde un tanque de agua hacia un terreno contiguo, dejando sin agua a otras viviendas.
A este listado se suman otras 10 manzanas de terreno con una casa de tres habitaciones en Santa Fe, propiedad de la canadiense Carol Lyn Amelia Gilmartin. El inmueble fue ocupado en julio de 2024. Los ocupantes, que también reclamaban derechos ancestrales, amenazaron al guardia de seguridad y lo expulsaron del lugar. En ese momento, la casa era habitada por Marian Kym Brinkley, quien ya había perdido su propiedad.
En total, los 15 afectados reportan más de 100 manzanas de terrenos ocupadas entre Trujillo y Santa Fe. Se trata en su mayoría de zonas protegidas o en desarrollo turístico y habitacional que datan de varios años.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, indicó que la fiscalía de Trujillo está investigando los casos desde varias líneas, incluyendo la revisión de títulos, videos y tratados internacionales. Añadió que no puede precisar cuántas denuncias están activas, pero aseguró que se sigue el procedimiento legal correspondiente.
LA PRENSA Premium también buscó al Instituto Nacional Agrario (Ina). El viceministro Rafael Alegría dijo que no podía hablar del conflicto en Trujillo, ya que esa responsabilidad correspondía al ministro Francisco Fúnez, quien no respondió las llamadas ni mensajes para entrevista.
