Honduras frente a Centroamérica: ¿qué tan diferente es su nuevo modelo eléctrico?

Honduras está apunto de iniciar uno de los cambios más importantes en la forma en que organiza su sistema eléctrico, ya que por primera vez, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dejará de concentrar bajo una misma estructura la generación, transmisión y distribución de la energía.

La nueva Ley de Justicia Energética ordena separar esas actividades en empresas distintas y crea un Operador del Sistema y del Mercado (OSM) independiente.

También abre la posibilidad de que nuevos actores participen en la comercialización de energía y en la construcción de infraestructura de transmisión.

El cambio no significa, sin embargo, que Honduras vaya a privatizar la Enee, explicaron las autoridades. Las nuevas empresas continuarán bajo propiedad estatal, por lo que la reforma modifica la estructura y el funcionamiento del sector, pero mantiene en manos públicas los activos estratégicos.

​​Para Edgar Aguilar, economista y experto en energía, Honduras llega tarde a una transformación que el resto de Centroamérica comenzó mucho antes.

“Todos los vecinos de Honduras hicieron el unbundling (separación) hace 20-25 años y hoy el mapa varía tanto en número de empresas como en quién es dueño de cada una”, sostiene.

Pero la comparación regional muestra que tampoco existe un único modelo centroamericano, porque mientras algunos países dejaron buena parte de la generación y distribución en manos privadas, otros conservaron empresas estatales fuertes y algunos combinaron capital público, privado, municipal y cooperativo.

En Guatemala, por ejemplo, la separación de las actividades dio paso a un mercado donde participan generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y consumidores calificados, tanto públicos como privados.

El sistema es administrado por el Administrador del Mercado Mayorista y regulado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. La generación combina capital privado y estatal, mientras la distribución incluye empresas privadas y municipales.

El Salvador siguió una ruta parecida, pues la generación combina empresas privadas con la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la transmisión está en manos de la Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal) y la distribución es realizada por empresas privadas.

La Unidad de Transacciones opera el sistema y el mercado mayorista, bajo la regulación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).

Panamá también separó las funciones y mantiene la transmisión bajo control estatal a través de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), pero permitió una participación privada mucho mayor en generación y distribución.

Costa Rica conserva una estructura con fuerte presencia pública. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mantiene un papel central en generación y transmisión, mientras la distribución también involucra empresas municipales y cooperativas.

Nicaragua tomó otro camino, pues su sector combina generación estatal y privada y mantiene la transmisión bajo una empresa estatal.

La distribución, entretanto, pasó por un proceso de privatización y posteriormente de recuperación del control estatal.

“Honduras copia la separación funcional que ya tienen sus vecinos, pero con una composición de capital más cerrada que cualquiera de ellos —más parecida a Costa Rica o a la Nicaragua post-2022 que a Panamá o Guatemala—. La ley sí abre la puerta a ‘una o más’ empresas de distribución, lo que permite un esquema regional, pero siempre bajo la misma accionista”, explicó Aguilar.

Otro de los cambios más importantes de la nueva legislación está en la transmisión y la comercialización.

La red existente continuará bajo control estatal, pero las nuevas obras de transmisión podrán ser sometidas a procesos competitivos. Una empresa privada podría construir, financiar y operar una nueva línea y recibir el pago correspondiente por el uso de esa infraestructura.

Aguilar señala que esta fórmula tiene precedentes en la región, ya que Panamá ha recurrido a esquemas de asociación público-privada para ampliar su red, mientras Guatemala permite que empresas privadas sean propietarias de líneas de transmisión.

Honduras también permitirá que participen comercializadores privados y estos podrán comprar y vender energía a consumidores calificados sin necesidad de ser propietarios de las redes.

Guatemala, El Salvador y Panamá ya cuentan con mercados donde los consumidores que cumplen determinadas condiciones pueden contratar energía directamente con generadores o comercializadores.

En Honduras, será la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) la que establezca el umbral para ser considerado consumidor calificado.

El usuario, por su parte, pagará por utilizar la infraestructura de distribución o transmisión.

El cambio rompe con una de las características del antiguo modelo hondureño, en el que las funciones comerciales y operativas estaban mucho más concentradas alrededor de la Enee.

La creación del Operador del Sistema y del Mercado (OSM) será otra pieza fundamental de la reforma.

El nuevo operador tendrá que administrar el sistema eléctrico y el mercado, coordinar el despacho de las plantas, determinar capacidades de transmisión, coordinar mantenimientos y realizar las liquidaciones correspondientes.

Guatemala cuenta con el Administrador del Mercado Mayorista; El Salvador, con la Unidad de Transacciones; Nicaragua, con el Centro Nacional de Despacho de Carga; y Panamá, con el Centro Nacional de Despacho. Cada uno funciona dentro de estructuras institucionales diferentes.

Para José Arriaga Yacamán, exgerente de la Enee, la comparación también obliga a mirar la forma en que se administran las empresas.

El modelo costarricense, por ejemplo, ha logrado mantener una mayor continuidad en sus planes de expansión y desarrollo, mientras en Honduras los cambios políticos han afectado históricamente la gestión de Enee.

El nuevo modelo hondureño, por eso, dependerá de que exista independencia técnica, reglas claras, procesos competitivos y capacidad para atraer inversión sin perder el control público sobre los activos estratégicos.

Honduras está tomando así una ruta que sus vecinos comenzaron a recorrer hace años, pero no está copiando exactamente a ninguno.