Reactivan préstamo para financiar bono climático en campaña electoral

El Gobierno de Honduras reactivó un préstamo de emergencia que se había firmado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que se había firmado en 2021 para entregar el polémico Bono de Alivio Climático.

Es decir, los 661.1 millones de lempiras que Sedesol distribuye —bajo el fundamento del bono climático— para más de 100 mil personas en siete departamentos del país tendrán que se pagados con intereses en los próximos años.

Esta es la segunda vez que se reparte este bono aprobado bajo el código de préstamo 2282, pues en noviembre de 2021 el gobierno de Juan Orlando Hernández también distribuyó 7,000 lempiras del Bono de Alivio Climático previo a elecciones en 34,579 hogares.

Al igual que en esta ocasión, el dinero se repartió entre los beneficiados en medio de la campaña electoral, sin embargo, esta vez las personas que reciben el bono climático han dicho abiertamente que les han pedido el voto para Libertad y Refundación (Libre). Incluso, las mismas autoridades no ocultan los fines políticos.

El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, respondió a una denuncia de una ciudadana que aseguró que la entrega era política porque les pedía votar por el partido de gobierno. "Tome el bono de alivio climático y vote el 30/11. Hágalo por Honduras", comentó Pineda en X.

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LA PRENSA Premium revisó el contrato que firmó el gobierno de Honduras con el BCIE por un monto de 70 millones de dólares (1,600 millones de lempiras al cambio de 2021), de los cuales, según el documento, 68.4 millones de dólares serían usados para atención a grupos vulnerables, mientras que el resto (1.6 millones de dolares) quedaría en trámites administrativos, auditoría, imprevistos y para la comisión de seguimiento y administración del BCIE.

Dante Mossi, expresidente del BCIE, confirmó que este contrato fue negociado en 2021, luego quedó congelado y estableció la posibilidad de que al reactivarlo en el gobierno de Xiomara Castro se hayan aplicado cambios.

En diálogo con LA PRENSA Premium, Mirtha Gutiérrez, titular de Sedesol, confirmó que el préstamo sí se reorientó al programa de la Red Solidaria. Dudando sobre si hubo modificaciones, la funcionaria consideró que se apegan al mismo contrato firmado entre el gobierno saliente y el BCIE.

El contrato del préstamo acordado en 2021 establece que el dinero deberá ser usado "exclusivamente para financiar la ejecución del 'Programa Bono de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático', de acuerdo con el Plan Global de inversiones (PGI) aprobado por el BCIE".

Aunque la Secretaría de Desarrollo Social defiende que todos los beneficiados fueron seleccionados tras el levantamiento de una Ficha Socioeconómica Única (FSU) en 47 municipios, la entrega a menos de dos meses de las elecciones generales y, sumado a esto las denuncias de compra de votos, generan polémica.

El documento detalla que el prestatario, en este caso el gobierno, se compromete a llevar a cabo el programa con “debida diligencia, eficientemente y con el debido cuidado del medio ambiente, utilizando los recursos exclusivamente para la ejecución del Programa conforme al PGI ( Plan Global de Inversiones) aprobado”.

Honduras también se compromete a no cambiar la naturaleza del programa, a utilizar el dinero para pagos de salarios o compensación a empleados y "abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda catalogarse como una práctica prohibida durante la vigencia del presente contrato de conformidad con lo establecido en el Anexo L".

El anexo L establece prohibiciones de prácticas fraudulentas, pero también prohíbe prácticas corruptivas, es decir, "ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte".

También prohíbe las prácticas coercitivas y Colusoria (acuerdo realizado entre dos o mas partes con la intención de alcanzar un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte).

"El BCIE ha establecido un canal de reportes como el mecanismo para denunciar e investigar irregularidades, así como la comisión de cualquier práctica prohibida, en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados para este", describe el contrato de 69 páginas.

En conversación con LA PRENSA Premium, Mossi recordó que el crédito bajo el cual se financia el actual bono climático fue originalmente aprobado como un préstamo de emergencia tras el paso de las tormentas Eta y Iota en 2020, con el objetivo de atender a la población afectada.

“Era un préstamo grande que tenía componentes de cambio climático y también un componente de vivienda social que ejecutaba” el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), recordó Mossi.

El primer desembolso, equivalente a unos 70 millones de dólares (unos L1,600 millones, según el cambio de la época), se realizó en noviembre de 2021, sin embargo, se convirtió en motivo de cuestionamientos públicos porque coincidió con las elecciones generales celebradas en ese mismo mes. “Fue muy criticado porque fue en la época de la elección pasada”, admitió.

Con el cambio de gobierno, la operación financiera fue reformulada por la administración de la presidenta Xiomara Castro. “La entonces ministra de Finanzas (Rixi Moncada) pidió cancelar componentes de ese préstamo porque ya no tenía sentido, era un préstamo de emergencia”, indicó.

No obstante, aclaró que “yo hasta ahí terminé mi gestión en el banco (2023), así que no sé cuánto quedó al final, con quién lo iban a ejecutar y con qué argumento”.

En todo caso, Mossi fue categórico al afirmar que los estatutos del BCIE prohíben expresamente el uso político de sus fondos.

Ante las imágenes y denuncias sobre supuesta entrega de bonos con fines partidarios, recordó que existe un canal de denuncias en la página oficial del BCIE, donde cualquier ciudadano puede reportar irregularidades. También insistió en que toda la ayuda debe estar debidamente auditada.

“Hay un riesgo reputacional (...) definitivamente estas denuncias son serias (...) Son préstamos soberanos, y el banco debe asegurarse de que se cumplan las reglas acordadas con el gobierno”, sostuvo.

Mirtha Gutiérrez, titular de Sedesol, afirmó que el préstamo del BCIE se debió a la gestión realizada en este gobierno, no de ahora sino desde el inicio, ya que en el gobierno anterior fue congelado.

“No es que el préstamo hasta ahorita se está utilizando, sino que es toda una reorientación de lo que Honduras había asumido y que fue por la gestión de la presidenta Xiomara Castro que se reorientaron a los programas sociales para ser invertidos en lo que debe ser invertido, que es el combate a la pobreza, para lo cual están gestionados. Y específicamente este bono de alivio climático es una medida que se suma a toda una política social de la presidenta para brindar protección social con un nuevo enfoque que es protección social adaptativa”, argumentó.

Gutiérrez aseguró que el préstamo fue reorientado al Fondo de la Red Solidaria para el combate de la pobreza y las diferentes vulnerabilidades que enfrentan los hondureños debido a los fenómenos climáticos.

Al ser consultada sobre si el préstamo está reorientado bajo los criterios del contrato que se firmó en 2021 bajo la emergencia por Eta y Iota, respondió que “asumiría que sí”, sin embargo, dijo que se debía consultar con el banco, en este caso el BCIE.

Gutiérrez también fue enfática sobre las denuncias de la compra de votos, pues advirtió que vienen del lado de la oposición, quienes en 2021 también dieron el mismo bono climático, pero ese gobierno “no preparó acciones preventivas para proteger la vida de la gente” y se robó el dinero.

La funcionaria negó categóricamente las acusaciones y afirmó que el bono se está entregando a las personas luego de realizar un estudio de vulnerabilidad en siete departamentos del país.

Incluso, dijo que el dinero era para que la gente se prepare para la temporada ciclónica, que golpea con más fuerza en el último trimestre de cada año, por eso se entrega en las zonas más vulnerables de Francisco Morazán, Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Yoro y El Paraíso.

LA PRENSA Premium informó que el dinero estaba siendo distribuido entre 101,453 personas de estos departamentos. En total se estaba desembolsando 661.1 millones, la mayoría en los dos lugares con más población: Cortés y Francisco Morazán.

“Estamos hablando, entonces, de que hayan o no hayan elecciones en un año, siempre Honduras se enfrenta a diferentes fenómenos naturales año con año en esta misma temporada y ustedes pueden verificar cuál es la temporada a que Honduras se enfrenta a los diferentes fenómenos naturales de alto impacto”, justificó Gutiérrez sobre por qué el dinero se entrega a menos de dos meses de las elecciones.

Según ella, el bono climático que se entrega es para que la gente tenga protección, pueda comprar algunos insumos, medicamentos o movilizarse en cualquier situación de vulnerabilidad.

“Para eso es el beneficio, para que la gente pueda tener estas condiciones necesarias, porque el principal criterio para la entrega del beneficio es que nunca haya tenido un beneficio anterior y que tenga una vulnerabilidad social y una vulnerabilidad climática y todo el país está catalogado”, puntualizó.