Las promesas en retroceso de Xiomara Castro: economía y ambiente

Tegucigalpa, Honduras.

Hace tres años (27 de enero de 2022), Iris Xiomara Castro Sarmiento hacía historia al ser juramentada en el Estadio Chelato Uclés, en Tegucigalpa, como la primera mujer presidenta de Honduras, lo que marcó el inicio de una nueva era para el país.

Durante su discurso inaugural, Castro presentó con firmeza su visión, que incluía, entre otros temas, energía gratuita, la protección del medio ambiente y una política monetaria estricta, propuestas que, en lugar de avanzar, sufrieron un revés.

Si bien la medida energética fue una de las promesas cumplidas, su implementación trajo consigo un impacto económico inesperado, ya que alivió a los sectores más vulnerables, pero terminó generando un fuerte golpe al comercio y la industria, lo que, a la larga, afectó también a la población en general.

LA PRENSA Premium, 36 meses después, precisamente en sus últimos 12 meses de gobierno, evaluó la materialización de las 22 promesas realizadas, cuya realidad revela que 12 han sido cumplidas, 4 están en proceso, 3 han experimentado retrocesos y 3 han quedado sin cumplirse.

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Los retrocesos registrados se concentran en áreas como la justicia, medio ambiente y economía. Las promesas cumplidas abarcan áreas como educación, estado de derecho, derechos humanos y justicia.

En contraste, las promesas incumplidas están relacionadas con democracia, política exterior y seguridad, mientras que las que aún están en proceso de ejecución se enfocan en tecnología y la lucha contra la corrupción, constató este medio.

A diferencia de sus primeros años de gobierno (2022-2023 y 2023-2024), cuando las promesas cumplidas, en proceso e incumplidas eran el principal enfoque de este análisis, este año se incorpora la nueva categoría de “retroceso”, concepto que refleja el incumplimiento de los compromisos asumidos y evidencia una pérdida de control en la situación, ampliando la deuda con el pueblo hondureño.

Y es que, si analizamos la situación con una simple perspectiva matemática, se observa que el cumplimiento de 12 promesas en el tercer año representa un retroceso en comparación con el ritmo del segundo año, cuando se alcanzaron 13. Esto ocurre por las decisiones y leyes implementadas por la mandataria durante ese periodo.

Cabe recordar que, en el primer año de gobierno, Castro logró cumplir 9 promesas.

Expertos coinciden en que el panorama es desalentador, ya que, con solo 12 meses restantes de su administración, resulta casi imposible que pueda cumplir las 10 promesas pendientes, considerando el ritmo de cumplimiento mostrado hasta ahora.

Además, ella misma lo reconoció en durante una visita a San Pedro Sula, Cortés, en julio de 2024, donde argumentó que cuatro años son insuficientes para resolver todos los problemas del país.

Previo al desglose y argumentación que respaldan el estatus de cada una de las promesas de Castro, le compartimos el siguiente gráfico para que pueda enterarse de los resultados y evolución de cada promesa.

Una de las promesas más emblemáticas de la presidenta fue otorgar energía eléctrica gratuita a más de un millón de familias que viven en pobreza y consumen menos de 150 kilovatios por mes (equivalentes a aproximadamente L700).

”Que más de un millón de familias que viven en pobreza y consumen menos de 150KW por mes, a partir de este día no pagarán más la factura del consumo de energía. La luz será gratis en sus hogares”, expresó Castro durante su asunción en 2022.

Este compromiso se cumplió el 11 de febrero de 2022, cuando entró en vigencia el subsidio tras la publicación del decreto en el Diario Oficial La Gaceta. El impacto inmediato de esta medida fue significativo en términos sociales, al aliviar la carga financiera a muchos hogares.

Aunque esta medida fue catalogada como cumplida, desde el punto de vista económico, el subsidio representó un retroceso y un desafío fiscal considerable por los daños colaterales que ocasionó en otros sectores de la población.

”Ellos hablaron de un subsidio de energía gratis, pero en ningún momento dijeron que le iban a cobrar eso al sector productivo, generando inflación”, opinó Kevin Rodríguez, experto en temas energéticos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Actualmente, el subsidio energético funciona mediante un cobro cruzado, en el cual el 60% es cubierto por el gobierno, mientras que el 40% restante es asumido por los sectores industrial y comercial del país, principalmente en el departamento de Cortés, según corroboró este medio a través de la solicitud de información SOL-ENEE-1386-2024.

Debido a la obligación de asumir el costo del subsidio eléctrico, las empresas se ven forzadas a aumentar los precios de sus productos para cubrir ese gasto extra. Como resultado, los hondureños terminan pagando más por bienes y servicios.

Además, según Rodríguez, también economista, a pesar de que más de 900 mil clientes mensuales se han beneficiado del subsidio de energía entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, aún existe una considerable parte de la población que no accede a este beneficio debido al mecanismo de aplicación implementado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

”La ENEE lo que hace es que dice ‘en esta colonia vive gente de dinero, en esta no, en esta sí, en esta no’. No hay realmente un estudio que respalde esta medida para saber cuál es el nivel de consumo de una familia de bajos recursos y un nivel de focalización que permita identificar a quienes realmente lo tienen que recibir y quienes lo pueden pagar”, expresó.

Otra de las promesas económicas catalogadas por este medio como “en retroceso” fue la directriz de la presidenta al Banco Central y a la Secretaría de Finanzas (Sefin) para establecer mecanismos destinados a reducir las tasas de interés bancarias con el objetivo de incentivar la producción.

Inicialmente, se logró reducir las tasas de interés para viviendas sociales a través de Banhprovi, con tasas de 4% y 7%, y extender los plazos de pago hasta 30 años. Además, se mantuvieron tasas bajas para consumo e inversión.

Sin embargo, en 2024, con la intención de reducir la inflación y como parte de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su revisión del acuerdo con el país, Honduras aumentó la Tasa de Política Monetaria (TPM), la cual subió de 4% a 5.75%.

Lo anterior generó un impacto negativo en las personas o empresas interesadas en aplicar un crédito, porque el interés es más alto. Igualmente, impactó en las personas que ya financian sus gastos mediante préstamos de consumo o créditos hipotecarios, pues ahora tienen una cuota más alta.

”Es una promesa incumplida por un mal manejo de la política monetaria y por una politización del Banco Central de Honduras (BCH). Generaron una distorsión, o sea, han generado un gran problema”, expresó Rodríguez.

”Por ejemplo, es como que Honduras mantuviera congelados 100 lempiras de galón de diésel y ya en el 2025-2026 el precio del petróleo empieza a bajar y venga el gobierno de Honduras y decide aumentarlo. Entonces, prácticamente nosotros vamos en contra de la tendencia”, explicó el entrevistado.

Otra de las promesas “en retroceso” es la promesa de proteger el medio ambiente debido a que, aunque se creó el “Plan Cero Deforestación” y se impulsó el programa ambiental “Padre Andrés Tamayo” para la recuperación de áreas protegidas, las acciones no han sido sostenibles.

Un claro ejemplo es la suspensión de la intervención ordenada en la zona núcleo de parques nacionales y reservas naturales en 2024. Esta decisión se tomó tras la firma de una tregua entre el gobierno y un grupo de ganaderos, que acordaron pausar los desalojos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de ese año.

Además, durante el gobierno de Castro, se han reportado más de 8,000 incendios forestales, con una tendencia al alza desde su primer año en el cargo. Según la página oficial del Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF), 2022 se registraron 1,912 incendios, representando el 23.9% del total; en 2023, la cifra subió a 3,060 (38.25%); y en 2024 alcanzó 3,170 casos (39.63%).

Como si fuera poco, un informe de la ASJ reveló que el 77% de los incendios son provocados intencionalmente por mano criminal, mientras que los delitos ambientales enfrentan un 97% de impunidad.

El documento también señaló que el gobierno tiene una alta responsabilidad en el problema ambiental, ya que casi el 50% de la energía eléctrica del país se genera en centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles. “Esta forma de generación es la principal fuente de emisiones, representando un retroceso hacia prácticas del pasado, en lugar de avanzar hacia soluciones más sostenibles para el futuro”, menciona el informe.

A este contexto ambiental se le suma el asesinato de Juan López, un destacado defensor del medio ambiente en Honduras, ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón.

López, de 46 años, había recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2023 debido a amenazas relacionadas con su labor en defensa del río Guapinol y su oposición a proyectos mineros en la región.

El gobierno de Castro condenó el asesinato y aseguró que se realizaría una investigación exhaustiva. Poco después, se detuvo a tres sospechosos, pero el proceso judicial avanza lentamente, mientras organizaciones internacionales critican la falta de acciones para proteger a los defensores ambientales.

La tercera promesa calificada “en retroceso” por este medio se refiere a la justicia para los defensores del medio ambiente, específicamente en el caso de los presos políticos de Guapinol.

En 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó sobreseimiento definitivo a los implicados, lo que permitió su liberación. Sin embargo, en 2024, la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, resolvió un recurso de apelación a favor de la Fiscalía de Tocoa, revocando por unanimidad la decisión anterior y reabriendo el caso.

Entre las promesas incumplidas destaca la histórica consulta popular sobre las reformas constitucionales, que no ha contado con la voluntad política ni las acciones concretas necesarias para realizarla.

Asimismo, la promesa de implementar una política exterior ciudadana tampoco se ha materializado. Esta área ha estado marcada por tensiones diplomáticas, como el deterioro de las relaciones con Estados Unidos y la ruptura de vínculos con Taiwán.

Además, en 2022, la mandataria fue duramente cuestionada por su ausencia en la Cumbre de las Américas, lo que generó críticas sobre su enfoque en la política internacional.

”Honduras no ha tenido en estos tres años, una política exterior que represente y busque objetivos nacionales. El servicio diplomático opera en la mayoría de los casos – la excepción posiblemente es Gran Bretaña – como una instancia al servicio de los intereses de un partido y al final del día, de los de la familia Zelaya”, señaló Juan Ramón Martínez, escritor y analista político.

Según Martínez se ha cometido un grave error al nombrar a personas sin la preparación profesional adecuada para ocupar cargos diplomáticos, lo cual ha afectado la imagen y la efectividad del país en el escenario internacional.

“El Canciller -Enrique- Reina es una pena: hace el ridículo en el exterior y da vergüenza en el interior haciendo política partidarista, mientras descuida sus obligaciones. Ahora que se ha producido cambio en la administración de los Estados Unidos, nuestro aliado principal, se nota la falta de un servicio exterior respaldado desde adentro y que goce de respeto desde afuera”.

El apoyo incondicional a figuras como Nicolás Maduro de Venezuela y Miguel Díaz-Canel de Cuba, así como la polémica ruptura con Taiwán, son para Martínez errores graves que han puesto a Honduras en una posición incómoda y aislada en la región.

Un análisis de LA PRENSA Premium también reveló que en la administración actual el 22% de los embajadores y cónsulos no tienen un título universitario, lo que contraviene la ley. Además, la mayoría carece de formación en relaciones exteriores.

Otra promesa sin cumplir es la relacionada con la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Durante su investidura, la presidenta declaró: “Ya no más violencia contra las mujeres. Voy con todas mis fuerzas para cerrar la brecha y generar las condiciones para que nuestras niñas puedan desarrollarse plenamente y vivir en un país libre de violencia”.

Sin embargo, esta medida no se ha concretado plenamente, ya que desde el inicio de su gobierno (2022) hasta los primeros días de enero 2025, se han registrado al menos 900 casos de femicidios, siendo Honduras el país más peligroso de Latinoamérica para ser mujer, según la Organización Nacional para las Nacionales Unidas (ONU).

“Hemos visto avances en materia de seguridad, como la disminución de los femicidios en 2024. Sin embargo, las cifras siguen siendo alarmantes, ya que Honduras lidera las estadísticas de femicidios en la región.

Además, existen otras formas de violencia contra las mujeres, como la doméstica, la sexual y la trata de personas, que persisten en niveles preocupantes”, expresó Lara Bohórquez, vocera del Centro de Despacho de Mujeres (CDM).

Bohórquez también señaló que en Honduras no se reconocen ni se abordan adecuadamente nuevas formas de violencia emergentes a nivel mundial, como la violencia gineco-obstétrica y la cibernética. “No hay una legislación que identifique y reconozca esta violencia, entonces estamos atrasados en esta manera”, agregó.

No obstante, en marzo de 2024 se aprobó la Ley de Casas Refugio para brindar albergue temporal, apoyo psicológico, legal, educativo y de salud integral a las mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia.

De las 12 promesas cumplidas por Castro en su tercer año de gobierno, está garantizar el regreso a clases presenciales para niños y jóvenes tras la pandemia. Esta promesa se cumplió el 18 de abril de 2022, eliminando la obligatoriedad del uniforme para facilitar el retorno.

Aunque esta medida marcó un avance, persisten interrogantes sobre la calidad de la infraestructura educativa, cuya meta de construir y mejorar 12 mil centros educativos no se cumplirá, según constató este medio.

También hay cuestionamientos sobre la formación docente y la sostenibilidad de programas como la merienda escolar, siendo este último uno que requiere en gran parte de ayuda estadounidense (tomando en cuenta la tensa relación entre ambos países y suspensión y evaluación de ayuda económica por parte de Estados Unidos).

”Es difícil encontrar logros, por más buena voluntad que uno tenga. Tal vez, si somos compasivos, hay que reconocer que es un logro -Xiomara Castro- el cambio del color de la bandera, el respeto por el peaje de la principal carretera de Honduras y la realización de algunas obras viales, cuya continuidad es muy importante en occidente y en otras vías secundarias del país”, inició diciendo.

Martínez también se refirió a la Corte Suprema de Justicia, que considera ha sido víctima de su dependencia y subordinación al poder ejecutivo.

La inclusión de una magistrada en la “Lista Engel” es, en su opinión, una prueba irrefutable de que el órgano judicial no ha hecho esfuerzos reales para limpiar su imagen, la cual ya estaba deteriorada desde la administración de Juan Orlando Hernández (JOH).

Esta situación, advirtió, contribuye a una sensación de inseguridad jurídica en el país, lo que afecta directamente la confianza de los ciudadanos y frena tanto la inversión nacional como internacional.

Por otro lado, este medio consideró como cumplida la promesa del desarrollo agropecuario realizada por Castro, pues durante su gestión se han impulsado los programas “Bono Tecnológico”, “ComRural II”, “Mi Biósfera”.

Otro de los logros más destacados de la administración de Castro fue la prohibición de la minería a cielo abierto. A través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, el 28 de febrero de 2022, Honduras fue declarada libre de esta práctica, y se ordenó la revisión de concesiones y permisos de explotación de recursos naturales en áreas sensibles como ríos, cuencas hidrográficas y parques nacionales.

Otra de las promesas de alto impacto fue la implementación de un subsidio a los combustibles. El 2 de febrero de 2022, el Congreso Nacional aprobó el decreto 01-2022, estableciendo un subsidio de 10 lempiras por galón de combustible.

Posteriormente, en marzo, se aplicó un subsidio del 50% al incremento del galón de diésel.Esta medida tuvo un efecto positivo inmediato al mitigar los impactos de la volatilidad en los precios internacionales del petróleo. No obstante, también generó un debate sobre su sostenibilidad a largo plazo.

En el terreno de la justicia, otro de los compromisos cumplidos fue la condena a los responsables del asesinato de Berta Cáceres. En 2022, uno de los implicados fue sentenciado a 22 años y 6 meses de prisión.

Un avance importante también fue la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene como objetivo atender a los sectores más vulnerables de la sociedad, incluidos los adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos originarios y la comunidad LGTBI.

En cuanto a la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), una promesa que estuvo en el centro del debate político, la presidenta Castro presentó una iniciativa en el Congreso Nacional que fue aprobada por unanimidad en 2022.

Sin embargo, el proceso no fue ratificado, y fue a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2024 que las ZEDE fueron declaradas inconstitucionales.

Sobre las promesas en proceso del gobierno de Xiomara Castro, varios compromisos importantes siguen en ejecución, aunque con avances limitados o en espera de consolidarse.

Uno de los temas clave es la Creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), que se inició con la publicación del decreto 04-2022, el 4 de febrero de 2022, en el Diario Oficial La Gaceta. Este decreto ordenó la creación de una comisión nacional e internacional con el apoyo de la ONU.

No obstante, hasta la fecha, solo se firmó un memorándum de entendimiento con la ONU el 15 de diciembre de 2022, en Nueva York. A pesar de que el gobierno asegura que las negociaciones continúan, el proceso aún no se ha materializado completamente.

Otro compromiso en proceso es el Gobierno Digital, que busca transformar Honduras en un estado abierto y digital. En 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó al país 44.7 millones de dólares para la transformación digital.

Estos fondos se deben destinar a la implementación de la República Digital, con el objetivo de mejorar la administración pública y facilitar el acceso a servicios digitales para la ciudadanía.

En 2024, el gobierno publicó el Plan Nacional de Gobierno Digital 2023-2026, pero aún queda por ver cómo se implementará de manera efectiva en lo que queda del año.

Por otro lado, la promesa de derogar leyes aprobadas en los 60 días de “hemorragia legislativa”, que se refiere a las leyes aprobadas a última hora durante el gobierno anterior, ha tenido avances mixtos. Algunas leyes, como las ZEDE, han sido derogadas, lo que representa un avance en cuanto a la eliminación de normativas que muchos consideraron lesivas para el país.

Sin embargo, otras leyes clave, como la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y la Ley de Escuchas, aún no han sido derogadas, lo que ha generado preocupación entre sectores que consideran que siguen siendo perjudiciales para la transparencia y el respeto a los derechos civiles.

Sobre las leyes orientadas a la destrucción de la protección social y la criminalización de las protestas, el gobierno sigue trabajando en la creación de un nuevo Código Penal. Este código tiene como objetivo actualizar la legislación en general y facilitar la labor de la CICIH al permitir una mayor transparencia en el tratamiento de los actos de corrupción.

En este último año de gobierno, difícilmente la presidenta Castro podrá cumplir con más promesas, especialmente considerando que se trata de un año electoral, donde las prioridades tienden a centrarse en la campaña política más que en el cumplimiento de los compromisos de gestión.

Esta situación es todavía más preocupante al observar la tendencia a la baja en el cumplimiento de promesas, particularmente en áreas clave como la economía.

Además, ninguna de las iniciativas prioritarias de este gobierno ha abordado de manera efectiva los problemas de salud pública, ni ha implementado políticas económicas que fomenten la atracción de inversionistas.

Esto sumado a decisiones controversiales como la salida del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), han generado incertidumbre en el ámbito empresarial, lo que podría agudizar la ya frágil confianza internacional en Honduras.

Los entrevistados coincidieron en que, en este contexto, el país enfrenta un periodo de incertidumbre y desafío, donde las promesas incumplidas y las decisiones controvertidas podrían marcar un retroceso en el desarrollo y la estabilidad que Honduras necesita.

”Es injusto pedirle más a Xiomara Castro. Ella no tiene voluntad propia; ella no gobierna y por ello, para cambiar tiene que decirlo Mel. Nada cambiara y este último año, más bien, lucharán para amarrar los votos”, finalizó Martínez.

El titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, informó a LA PRENSA Premium que la presidenta Castro entregó al Congreso Nacional un informe detallado sobre los logros de su gestión el pasado sábado. Asimismo, señaló que el Informe de Gestión Institucional, elaborado por Gestión de Resultados, será publicado una vez reciba la aprobación del Consejo de Ministros.