El Ministerio Público prepara una reestructuración de sus dependencias investigativas especializadas, que integrará varias de ellas a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop).
Entre las unidades que serán incorporadas a la Fetccop figuran la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).
De acuerdo con las fuentes consultadas por este rotativo, la reducción de fiscalías forma parte de un proyecto heredado de la administración del exfiscal general Johel Zelaya, con el objetivo de "mejorar los procesos investigativos a nivel nacional". Tras concluir el receso de medio año el próximo 21 de julio, varias dependencias dejarán de operar de forma independiente como parte del proceso de reorganización institucional.
Las dependencias que serán integradas surgieron en distintos procesos institucionales desarrollados durante la última década.
Algunas fueron creadas tras la reestructuración del Ministerio Público aprobada mediante el Acuerdo FGR-011-2016; otras nacieron del convenio suscrito entre la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y el Ministerio Público; mientras que una tercera respondió al proceso de depuración policial.
La FEES-SJ, creada a inicios de 2016 como parte del Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalía, tiene la función de investigar y ejercer la acción penal contra jueces, magistrados, fiscales, defensores públicos y otros operadores de justicia señalados por la presunta comisión de delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
La UF-ADPOL surgió en 2016 como respuesta a los casos de corrupción policial y al impacto generado por el involucramiento de altos mandos de la Policía Nacional en los asesinatos del exzar antidrogas Julián Arístides González y del analista Alfredo Landaverde.
Esta unidad acompaña los procesos de investigación y judicialización de delitos atribuidos a miembros de la Policía Nacional, especialmente aquellos relacionados con corrupción y crimen organizado.
La Uferco fue constituida en 2020 tras la desaparición de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), creada en 2016 con el acompañamiento técnico de especialistas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Como sucesora de la Ufecic, la Uferco concentra investigaciones sobre estructuras de corrupción de alto impacto que involucran a funcionarios públicos y particulares. Además, da seguimiento a expedientes impulsados originalmente con el respaldo de la ya desaparecida Maccih.
Alerta sobre capacidad de investigación
Especialistas en justicia y combate a la corrupción advirtieron que la integración de fiscalías especializadas podría convertirse en "un arma de doble filo" para la lucha contra la impunidad y el funcionamiento del sistema de justicia hondureño.
Alex Navas, exmiembro de la Maccih, consideró que la reducción y fusión de estas dependencias podría afectar el trabajo técnico e investigativo desarrollado durante los últimos años.
"Esto, en vez de fortalecer la lucha contra la corrupción, realmente viene a poner una alerta sobre la funcionalidad del Ministerio Público. Al final, varios fiscales van a ser trasladados a otras fiscalías y todo el conocimiento, todo el aprendizaje técnico se podría diluir", opinó.
Según Navas, la experiencia acumulada por los equipos especializados constituye uno de los principales activos del Ministerio Público para investigar estructuras complejas de corrupción, por lo que la redistribución del personal podría afectar la continuidad y la calidad de esas investigaciones.
Navas señaló que los cambios dentro de las unidades investigativas también podrían responder a intereses políticos heredados de administraciones anteriores del Ministerio Público.
"Limitar las acciones de Uferco y de fiscalías que vayan en el combate a la corrupción podría ser una forma de control que se pueda dar de manera política para mantener la impunidad en el país", apuntó.
El exintegrante de la Maccih sostuvo que las fiscalías especializadas no solo requieren una estructura administrativa propia, sino también "un respaldo institucional permanente para cumplir con su mandato".
A su criterio, las investigaciones relacionadas con corrupción suelen involucrar a funcionarios con poder político, económico o influencia dentro del Estado, por lo que el trabajo de los fiscales debe contar con el respaldo de las máximas autoridades del Ministerio Público para evitar presiones o interferencias que puedan afectar el desarrollo de los casos.
Sin embargo, recordó que durante la vigencia de la Maccih, el acompañamiento internacional y el respaldo institucional "permitieron consolidar capacidades técnicas que hicieron posible judicializar investigaciones complejas contra redes de corrupción".
Navas advirtió que, ante la integración de las fiscalías, el Ministerio Público debe garantizar que el conocimiento especializado no se pierda y que los fiscales mantengan autonomía para desarrollar investigaciones sin restricciones.
Impacto de la reorganización
Aunque el Ministerio Público no ha informado cuántos fiscales conforman actualmente la FEES-SJ, la Uferco y la UF-ADPOL, analistas consideran que el principal desafío no será únicamente la reducción del número de fiscalías, sino el riesgo de que la concentración de unidades disminuya la especialización técnica acumulada en investigaciones de corrupción, depuración policial y delitos cometidos por operadores de justicia.
El impacto de la reorganización, según los especialistas, no radicaría solamente en la modificación de la estructura administrativa, sino en la redistribución del recurso humano que durante años ha desarrollado conocimientos específicos en áreas como corrupción, depuración policial y delitos atribuidos a integrantes del sistema de justicia.
Según las fuentes institucionales consultadas, la reorganización busca fortalecer los procesos investigativos y mejorar los servicios del Ministerio Público a nivel nacional.
