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Congreso de Luis Redondo, de los más corruptos en el mundo
De acuerdo a World Justice Project, el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo se posicionó entre los más corruptos en sus cuatro años de gestión, debido a los abusos, excesos, irregularidades y la malversación de recursos
- Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 10:36 /
Tegucigalpa, Honduras.-
Luis Redondo deja el Congreso Nacional este martes 20 de enero tras cuatro años marcados por críticas, parálisis legislativa y el repudio por parte de la población hacia su rol como presidente de este poder del Estado.
Redondo llegó con la confianza de Salvador Nasralla, quien lo veía como un hombre idóneo para romper las malas prácticas de corrupción e impunidad. No solo traicionó a Nasralla al inclinarse a Libertad y Refundación (Libre), sino también a la población.
Fue tal el rechazo a su gestión que por primera vez no logró la reelección tras iniciar su carrera de diputado en 2014.
Bajo su dirección, el parlamento hondureño se posicionó entre los más corruptos del mundo, de acuerdo con las evaluaciones de World Justice Project (WJP) a las que accedió LA PRENSA Premium.
Esta organización anualmente hace una medición del Estado de derecho en más de cien naciones en ocho categorías: Restricciones a los Poderes del Gobierno, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Normativo, Justicia Civil y Justicia Penal.
Este rotativo tomó de referencia el indicador "Ausencia de Corrupción", el cual evalúa a los funcionarios del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Policía y Ejército para conocer si estos abusan de sus cargos o si se apegan a la ley.
"Consideramos tres formas de corrupción: el soborno, la influencia indebida de intereses públicos o privados, y la malversación de fondos públicos u otros recursos", explica WJP en su metodología.
Específicamente en la subcategoría del Poder Legislativo, el parlamento de Honduras ha tenido pésimas calificaciones bajo las legislaturas de Redondo.
En 2022, Honduras quedó en el puesto 131 de 140 países evaluados, en 2023 en la posición 132 de 142; en 2024 bajó a la posición 133 de 142 y en este año se ubicó en el puesto 136 de 143 naciones estudiadas.
Si la calificación está más cerca del número 0, significa que tiene más problemas de corrupción, mientras que aquellos países con un índice cercano al número 1 muestran menor gravedad sobre este problema.
En 2025, el Congreso Nacional de Honduras apenas quedó por detrás de Guatemala (137), Kenya (138), Ucrania (139), República Democrática del Congo (140), El Salvador (141), Brasil (142) y Haití (143).
En ese sentido, Honduras es el quinto país de América con el Poder Legislativo más corrupto.
A nivel de Centroamérica es el tercer peor evaluado, únicamente con calificación más baja Guatemala y El Salvador, y siendo a la vez superado por Panamá, Nicaragua, Belice y Costa Rica.
Al hacer una comparación entre los tres poderes del Estado, el Legislativo tiene el peor puntaje en estos cuatro años, siendo inferior al promedio de la región, el cual es de un índice de 0.26.
En el último año de evaluación de WJP, el Poder Ejecutivo hondureño tuvo un índice de 0.33, mientras que el Poder Judicial 0.37. Esta tendencia no solo es de 2025, sino también de los años anteriores de la titularidad de Luis Redondo.
Polémicas y denuncias
La cámara legislativa ha estado bajo la mira pública en estos cuatro años por su improductividad, conflictividad ante la falta de consensos, opacidad en el manejo de fondos públicos, repartición a diestra y siniestra de subvenciones y la aprobación de polémicas leyes como la Ley de Amnistía Política.
Luis Redondo ha sido denunciado ante el Ministerio Público (MP) por distintas causas. En agosto de 2023 fue denunciado por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios ya que se envió a publicar la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) sin que el acta fuera ratificada por mayoría de diputados.
En noviembre de 2024, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) lo denunció por administración desleal por el reparto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales por un valor de 314 millones de lempiras.
En febrero de 2025 fue denunciado por abuso de autoridad al suspender abruptamente la sesión legislativa cuando 73 diputados se disponían a presentar una moción para mantener la continuidad del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos, que finalmente fue ratificado por la presidenta Xiomara Castro en enero de 2026.
A criterio del abogado constitucionalista y analista político Juan Carlos Barrientos, "la gestión de Redondo es la más mala que ha habido en toda la historia legislativa de Honduras. Ha sido el peor Congreso".
Barrientos indicó que desde el inicio Redondo ha actuado mal al ser juramentado sin mayoría simple de 65 votos como dicta la ley.
Entre otras acciones cuestionables en el Poder Legislativo saliente, Barrientos recordó la aprobación de la Ley de Amnistía Política, el nombramiento sin requisitos del Procurador General de la República y la mora legislativa al no convocar a sesiones "porque no tiene los votos para aprobar la agenda legislativa".
A su vez, mencionó promesas vacías como la reforma al Código Penal y la cuestionable instalación de la Comisión Permanente.
Exceso de poder
El diputado liberal Carlos Umaña calificó como "nefasta" la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al brindarle demasiado poder a su titular. "La Ley Orgánica es aplastante, es demasiado presidencialista", describió.
Umaña, a su vez, agregó que en el Congreso existe un enorme poder económico manejado a través de subsidios y subvenciones.
"Cuando el que llega a gobernar el Congreso se da cuenta del dinero que se maneja ahí —como el Fondo Departamental y el Fondo de Administración Solidaria—, no quiere hacer los cambios. Entonces debe de llegar alguien que quiera hacer esos cambios", expresó.
Barrientos afirmó que la culpa recae enormemente en el presidente de este poder estatal al tener muchas potestades, como convocar a sesión, definir la agenda, dar o no la palabra a los congresistas, entre otras atribuciones. En ese sentido, enfatizó que "el único culpable de cualquier acto de corrupción evidentemente es el presidente".
Para Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), el Congreso Nacional no solo está afectado por la corrupción, sino también por una marcada falta de efectividad en el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, subraya que la responsabilidad recae en la totalidad de los 256 diputados —128 propietarios y 128 suplentes—, independientemente del partido político al que pertenezcan.
Acevedo señaló que la principal mala práctica del Congreso radica en que los diputados llegan pensando en intereses particulares y no colectivos en favor de la sociedad.
Comentó que la no participación no debe entenderse únicamente como ausentismo, sino como una decisión consciente de no involucrarse, al no tener actividad ni incorporarse en la discusión de temas torales como la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Retos para el nuevo Congreso
El diputado Umaña apuntó que tanto él como el resto de diputados que integrarán el Congreso Nacional para el período 2026-2030 deben priorizar erradicar la corrupción.
Para ello, urge que se reforme la actual Ley Orgánica del Poder Legislativo y derogar el decreto 117-2019, el cual blinda a los legisladores de ser sancionados y responsabilizados penalmente. Este artículo forma parte de los llamados "pactos de inmunidad".
A la vez, considera necesario eliminar la figura del antejuicio y establecer que a los diputados se les pague conforme a su trabajo, evitando así que sigan gozando de sus sueldos aunque el Congreso esté paralizado.
Barrientos y Acevedo coinciden en que los diputados únicamente deben legislar y no manejar dinero público en concepto de subsidios y subvenciones, recursos que terminan siendo utilizados para proselitismo o clientelismo político.
Acevedo admite que la corrupción data desde hace muchos años atrás, pero aún así los próximos "padres de la patria" deben actuar con responsabilidad y "despojarse del sectarismo, del color, del interés político o de grupo de poder para hacer un trabajo que realmente represente los intereses de la sociedad".
Barrientos instó a los nuevos congresistas a apegarse a la ley y dedicarse a legislar, llamándolos a que reflexión con los resultados de las elecciones del pasado 30 de noviembre, que castiaron a varios congresistas que buscaban la reelección.
"Un montón de gente no repitió (no salió reelecta) porque no hacen absolutamente nada por el pueblo, porque no legislan, porque no van a sesiones, porque están involucrados en actos de corrupción. Si ustedes quieren volver a salir otra vez o tener una carrera, tienen que hacer exactamente lo contrario: legislar", manifestó.
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