Corrupción en bono a migrantes: Sedesol no justifican 1.5 millones de lempiras

Más de 40,700 hondureños retornados habrían sido beneficiarios del programa "Hermano, hermana, vuelve a casa” entre el 31 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026; sin embargo, el monto desembolsado no calza con la cantidad de compatriotas en la lista.

LA PRENSA Premium tuvo acceso al registro de cada uno de los migrantes beneficiados y los montos. A través de la solicitud SOL-SEDESOL-507-2026 de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se identificó que los centros de atención de Belén, La Lima y Omoa presentaron diferencias entre el número de beneficiarios y los recursos económicos que debían haber sido entregados.

Los datos muestran que las personas retornadas venían principalmente desde Estados Unidos. La ayuda fue parte de estrategia implementada para facilitar la reintegración en sus comunidades de origen mediante un estipendio económico de 2,600 lempiras.

En uno de los reportes de esta solicitud se identificó, dentro del resumen global de la entrega de estipendios a migrantes retornados, que 40,120 pagos en efectivo los realizaron en los centros de atención de La Lima, Belén y Omoa, mientras que en otro documento, donde aparecen los registros desglosados por cada migrante, se contabilizaron 40,701 personas.

El documento menciona que con la primera cifra de migrantes el desembolso total fue 104.3 millones de lempiras, distribuidos entre dos mecanismos: Sedesol y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

Esto se llevó a cabo con dos modalidades institucionales distintas, pero bajo un mismo esquema de apoyo económico a población migrante retornada.

Según el informe, Sedesol canalizó 18,533 pagos, equivalentes a 48.1 millones de lempiras, distribuidos de la siguiente manera: La Lima, con 15,316 pagos por 39.8 millones de lempiras; Belén, con 2,515 pagos por más de 6.5 millones de lempiras; y Omoa, con 702 pagos por 1.8 millones lempiras. Este componente representó aproximadamente el 46% del total ejecutado en el programa.

Por su parte, Banadesa registró 21,587 pagos, con monto de 56.1 millones de lempiras, distribuidos así: La Lima, con 19,457 pagos; Belén, con 577 pagos por 1.5 millones de lempiras; Omoa, con 1,553 pagos por 4 millones de lempiras. Esto significó el 54% del total desembolsado, convirtiéndose en el mayor canal de ejecución del programa.

Este equipo también revisó los casos de los 40,701 personas atendidas en los mismos centros. Tomando como base el estipendio individual de 2,600 lempiras establecido por el programa gubernamental, el desembolso total ascendería a 105.8 millones de lempiras, no obstante, en los reportes compartidos por Sedesol habla de 104.3 millones de lempiras, una diferencia de aproximadamente 1.5 millones.

Al dividir este monto entre el estipendio unitario de 2,600 lempiras, el resultado refleja 40,120 beneficiarios, lo que representa una diferencia de 581 beneficiarios menos en comparación con cada uno de los migrantes que aparecen en el registro en los Centro de Atención al Migrante Retornado en La Lima, Belén y Omoa.

El hallazgo de este equipo surge en medio de denuncias de Comisión Técnica Liquidadora sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados al bono para migrantes retornados.

Mario Celín Simón Perla, miembro de la comisión, aseguró que unos 38 millones de lempiras habrían sido retirados en efectivo desde Banadesa mediante cheques que eran cobrados por personas vinculadas a Sedesol.

"Diferentes empleados iban con un cheque a Banadesa, agarraban el dinero en efectivo, un millón y así sucesivamente", denunció, al explicar que el listado de los "retornados no coincidía con el de los beneficiarios del programa.

El coordinador de incidencia migrante de la Comisión de Acción Social Menonita (Casm), César Ramos, afirmó que los programas de apoyo implementados para la población retornada, como el estipendio de “Hermano, hermana, vuelve a casa”, tuvieron un impacto limitado y desigual en su aplicación.

Recordó que algunas personas recibieron bonos o apoyo para canjear por alimentos, mientras que otras no tuvieron acceso a estos beneficios. Además, mencionó programas de emprendimiento impulsados en años anteriores, los cuales, según su percepción, no alcanzaron cobertura uniforme.

En ese sentido, expresó que es necesaria una auditoría para transparentar el uso de los recursos destinados a estos programas.

“Hay mucha gente que sí se le dio este estipendio, otros que no, allí se necesita una rendición de cuentas clara y hacer una auditoría para determinar si en realidad se destinaron los recursos”, señaló.

El representante de Casm agregó que, en 2025, se les informó a organizaciones sociales que no era necesaria su participación en este programa de atención a migrantes retornados, lo que a su parecer, redujo la articulación institucional y la observancia.

Asimismo, cuestionó la transparencia de iniciativas recientes del Gobierno, como la estrategia “Honduras Reintegra”, al considerar que aún no se conocen con claridad sus mecanismos de implementación ni su alcance real.

De acuerdo con el análisis realizado por LA PRENSA Premium, derivado de bases de datos públicas, del total de personas retornadas, 36,104 (88.7%) provinieron de Estados Unidos, principal destino migratorio de los hondureños.

En segundo lugar se ubicó México con 4,477 casos (11%), asociado sobre todo a procesos de tránsito migratorio, detenciones en ruta y deportaciones. El resto de los países, incluidos Guatemala, Belice y otros, representó una proporción marginal inferior al 1%.

Las cifras por sexo mostraron que entre los retornados figuraban 35,130 hombres y 5,571 mujeres.

La estructura por edad arrojó un patrón importante, donde la migración es mayoritariamente juvenil. El grupo más involucrado se ubicó entre los 20 y 34 años, lo que significa que la mayor parte de los retornados se concentró en edades económicamente activas.

Los principales departamentos de destino fueron Cortés, con 7,371 retornados (18.1% del total); Francisco Morazán, con 5,066 (12.5%); Yoro, con 3,553; Olancho, con 3,24; y Comayagua, con 3,050. Estos cinco departamentos concentraron una parte significativa del retorno, especialmente en los principales polos urbanos del país.

A nivel municipal, la mayoría de migrantes eran originarios del Distrito Central, con 3,441 casos; otros procedían de San Pedro Sula, con 3,056; de La Ceiba hubo 1,276; en El Progreso, 1,208; y de Choloma eran 1,113. En conjunto, las dos principales ciudades del país reunieron a más de 6,400 retornados.

El flujo de personas migrantes retornadas a Honduras muestra una tendencia al alza en 2026 y ya supera las cifras registradas durante el año anterior, según datos compartidos por el coordinador de incidencia migrante de la Comisión de Acción Social Menonita (Casm), César Ramos.

Entre enero y el 30 de mayo de este mismo año retornaron aproximadamente 19,500 personas al país, una cifra que supera en alrededor de 4,000 casos de lo registrado en todo 2025. Este comportamiento podría indicar que el flujo migratorio seguirá incrementándose durante el resto del año.

Para el coordinador del Casm muchas de las personas que están regresando al país lo hacen en condiciones de vulnerabilidad tras haber vivido durante mucho tiempo en Estados Unidos. En ese contexto, mencionó el impacto de la suspensión práctica del Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que ha generado incertidumbre entre migrantes con largas trayectorias en ese país.

Añadió que, muchas de estas personas enfrentan dificultades para reintegrarse al mercado laboral hondureño debido a la brecha entre sus ingresos previos en el extranjero y las oportunidades económicas locales. “Hay gente que generaba hasta 8,000 dólares mensuales, era contratista, y al venir a Honduras no encuentran la oportunidad de generar un salario así”, expuso.

Tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025, la política migratoria se endureció nuevamente, lo que tuvo un impacto directo en los flujos de deportaciones hacia países como Honduras.

Durante los primeros meses de su administración, Estados Unidos reforzó las medidas de detención, deportación y control fronterizo, acelerando los procesos de retorno de migrantes en situación irregular. Esta política incluyó la reactivación de mecanismos legales para expulsiones rápidas, así como el fortalecimiento de acuerdos con países de origen para la recepción de ciudadanos deportados.

Ante este escenario, el entonces Gobierno de Honduras implementó una estrategia de atención a migrantes retornados con el objetivo de facilitar su reintegración social y económica. Dentro de esta iniciativa fue precisamente cuando se creó el programa de estipendios "Hermano, hermana, vuelve a casa", que buscaba brindar un apoyo económico inmediato a las personas deportadas para cubrir necesidades básicas al llegar al país.

El experto en gobernanza, transparencia y docente universitario, Lester Ramírez, consideró que existen suficientes indicios para que las autoridades investiguen el manejo de los recursos destinados a programas de apoyo para migrantes retornados como este, especialmente durante el contexto político cuando fue ejecutado.

Según Ramírez, el decreto ejecutivo que dio vida a este programa contemplaba mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, pero en la práctica los controles resultaron insuficientes.

“En papel estaba todo bonito y bien maquillado, el problema fueron los controles, que estaban diseñados para fracasar. No hubo controles internos ni externos efectivos, se puede diseñar un programa fortalecido y robusto, pero si no hay supervisión, los riesgos aumentan”, apuntó.

El analista de sociedad civil afirmó que una de las primeras sospechas que surgen ante las inconsistencias reportadas en este programa es la posible existencia de actos de corrupción, especialmente por tratarse de recursos públicos manejados durante un año electoral.

“Lo primero que se viene a la mente es que hubo corrupción, son cantidades importantes de dinero en un año electoral, donde sabemos que existen muchos incentivos para llevar recursos a campañas políticas y, paralelamente, para que parte de ese dinero termine en bolsillos particulares”, manifestó.

Ramírez explicó que este tipo de programas solo son efectivos cuando forman parte de una estrategia integral de reinserción social y económica, y no únicamente mediante la entrega de dinero.

“Dar dinero no resuelve el problema, países como El Salvador y México han tenido programas mucho más robustos porque han creado institucionalidad de largo plazo. Cuando se trata de medidas coyunturales vinculadas a emergencias políticas existe el riesgo de que los recursos sean utilizados para corrupción”, advirtió.

El académico sostuvo que la magnitud del recurso involucrado y las inconsistencias detectadas justifican la intervención de los entes de investigación penal. “Aquí debería investigar el Ministerio Público, estamos hablando de una gran cantidad de dinero y existen indicios que podrían derivar en responsabilidades penales. Es un trabajo que requiere una investigación profunda para determinar qué ocurrió realmente con esos fondos”, expresó.

Asimismo, señaló que una eventual auditoría del Tribunal Superior de Cuentas podría identificar responsabilidades administrativas o civiles, pero estos procesos suelen prolongarse durante varios años y no necesariamente concluyen en acciones penales.

“El Tribunal Superior de Cuentas probablemente identificará situaciones administrativas y civiles, pero difícilmente llevará una investigación hasta un requerimiento fiscal, además, estos procesos pueden tardar hasta cuatro años”, arguyó.

La ausencia de información consolidada, la limitada rendición de cuentas y las dudas sobre el destino final de los recursos públicos sí genera cuestionamientos sobre la ejecución del programa gubernamental "Hermano, hermana, vuelve a casa", así lo manifestó el economista Ismael Zepeda, quien consideró que las autoridades deben transparentar cómo fueron utilizados los fondos asignados y someter el programa a una auditoría especializada.

Según Zepeda, todo programa público debe sustentarse en dos pilares fundamentales: un análisis de impacto fiscal y mecanismos efectivos de control y transparencia.

"Cuando se diseñan este tipo de programas debe quedar claramente establecido de dónde provienen los recursos, cómo serán ejecutados y cuáles serán los mecanismos de supervisión. También se espera que las instituciones de control y transparencia del Estado emitan informes sobre los resultados obtenidos", añadió.

El economista consideró que existe una evidente falta de rendición de cuentas respecto al manejo de los fondos destinados a los migrantes retornados.

"Normativamente existe una falta de rendición de cuentas, aunque sobre el papel hay controles, al final son los funcionarios quienes ejecutan los programas. Hay dificultades para encontrar información y eso también puede convertirse en una forma de ocultarla", puntualizó.

Zepeda indicó que la ausencia de reportes consolidados y accesibles dificulta evaluar no solo la legalidad del gasto, sino también la efectividad de los resultados alcanzados. "No rendir cuentas, presentar información fragmentada o no divulgar un informe consolidado termina poniendo en duda no solamente la ejecución financiera, sino también los resultados del programa", afirmó.

Para conocer el verdadero alcance del gasto es necesario analizar en detalle las líneas presupuestarias utilizadas, ya que no todo el dinero necesariamente llega de forma directa a los beneficiarios.

A su criterio, dependiendo de la estructura del programa, parte de los recursos pudieron haberse destinado a gastos operativos, contratación de personal, servicios profesionales, viáticos, transporte o gastos administrativos.

"Uno podría pensar que en estos programas la totalidad de los fondos va directamente a la población afectada, pero también pueden existir gastos asociados a salarios, viáticos, representación o contratación de servicios profesionales, incluso una parte importante del presupuesto podría haberse utilizado en esos rubros", manifestó.

Respecto a las sospechas de posibles irregularidades, Zepeda coincidió que el riesgo de desvío de fondos públicos siempre existe, pues Honduras continúa enfrentando dificultades históricas para prevenir este tipo de situaciones. "Que exista corrupción es una hipótesis fuerte, puede haber desvío de fondos, el país no ha logrado superar esos problemas estructurales, pero para determinarlo hay que revisar el detalle completo de la ejecución", expresó.

Una auditoría financiera tradicional sería insuficiente para despejar las dudas existentes sobre el manejo de los recursos en este programa. Por tanto, sería necesaria una auditoría forense, ya que esta permite revisar todo el proceso, verificar registros y documentos. Este tipo de auditoría analiza procedimientos y criterios de asignación, y ayuda a determinar por qué se entregaron determinados recursos a ciertas personas y bajo qué mecanismos se realizó la distribución.