La posible revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte del Gobierno de Estados Unidos mantiene en incertidumbre a miles de migrantes, incluidos unos 55,000 hondureños que dependen de este programa para residir y trabajar legalmente en el país.
“Son unos 55 mil hondureños con TPS, y es un impacto económico notable que tendría Estados Unidos si se cancela el programa; eso es lo que se va a tratar”, afirmó Jay Miranda, presidente de la Asociación Hondureña Estadounidense.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos analiza si el Ejecutivo tiene la potestad de eliminar este beneficio migratorio, en un caso que involucra a ciudadanos de Haití y Siria, pero cuyo fallo sentará un precedente para todos los países amparados bajo el TPS.
Esta es la primera vez que la máxima corte examina una demanda vinculada al programa, creado en 1990 para proteger de la deportación a personas que no pueden regresar a sus países debido a conflictos armados o desastres naturales.
Actualmente, alrededor de 1.3 millones de migrantes de 17 países cuentan con TPS en Estados Unidos. La decisión del Supremo podría impactar directamente a esta población, conocida como “tepesianos”.
Impacto económico y social
Jay Miranda advirtió que la cancelación del TPS tendría efectos significativos no solo para las familias migrantes, sino también para la economía estadounidense.
Según explicó, los hondureños amparados por este estatus aportan más de 1,500 millones de dólares a la economía del país y pagan más de 300 millones de dólares en impuestos. Además, envían remesas que sostienen a miles de familias en Honduras.
El dirigente también subrayó que la salida de estos trabajadores implicaría costos adicionales para las empresas. “Reemplazar a todos los tepesianos hondureños podría costar alrededor de 200 millones de dólares a los empleadores”.
Familias en riesgo
El posible fin del programa afectaría a familias que llevan décadas en Estados Unidos, muchas de ellas con hijos nacidos en el país.
“Son familias mixtas, con hijos ciudadanos, que han construido su vida desde 1999, cuando se otorgó el TPS a los hondureños”, señaló Miranda.
Asimismo, advirtió que Honduras podría enfrentar dificultades para recibir a miles de retornados, en caso de que el fallo sea desfavorable.
Un fallo con alcance global
Organizaciones defensoras de migrantes coinciden en que el caso va más allá de Haití y Siria. José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, advirtió que la decisión afectará a toda la comunidad beneficiaria.
Por su parte, expertos legales y defensores de derechos humanos han alertado que una eventual eliminación del TPS podría convertirse en el mayor proceso de “desdocumentación” en la historia reciente del país.
El fallo del Tribunal Supremo se espera entre finales de mayo y principios de junio.
El pasado 9 de febrero de 2026, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dejó sin efecto una orden previa de un tribunal de distrito que había bloqueado la terminación del programa. Esto significa que, por ahora, las decisiones del gobierno de poner fin al TPS para Honduras están vigentes.
