¿Cuál será el destino de 55,000 hondureños amparados en el TPS?

El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos impacta directamente a miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), mientras aumentan las detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según advirtió Jodi Goodwin, abogada de migración en Estados Unidos.

Desde 1996, Goodwin se ha dedicado exclusivamente al derecho migratorio. Trabajó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos como abogada del Tribunal de Inmigración antes de ejercer de forma privada.

En una entrevista con medios de comunicación de México, República Dominicana y Honduras, incluida LA PRENSA, habló sobre la difícil situación de los migrantes.

Recordó que la cancelación de programas como el TPS ha dejado a decenas de miles de personas en una situación de alta vulnerabilidad legal. “Cuando se anuncian estos cambios, los fiscales reabren casos que habían estado cerrados durante años”, explicó. Esto implica que migrantes que han vivido durante décadas en el país bajo protección temporal vuelven a enfrentar procesos de deportación.

La abogada mencionó el caso de una mujer hondureña con más de 25 años en Estados Unidos, cuyo proceso había permanecido suspendido gracias al TPS. Tras la eliminación de este beneficio, su caso fue reactivado y deberá comparecer nuevamente ante un juez migratorio. “No tiene una vía clara para regularizar su estatus. Entró sin documentos y eso limita sus opciones legales”, afirmó.

El impacto de estas decisiones se extiende a comunidades enteras. Solo en el caso de Honduras, alrededor de 55,000 personas son afectadas por el fin del TPS. A esto se suman beneficiarios de otros países como Nicaragua, Nepal y El Salvador, cuyos programas también enfrentan incertidumbre.

El 8 de julio de 2025, Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional, determinó que Honduras ya no cumplía las condiciones para mantener el TPS. Por ello, el 8 de septiembre de ese año finalizó oficialmente la designación y los beneficios asociados.

La administración de Donald Trump argumenta que el TPS no fue diseñado para ser permanente y que el secretario de Seguridad Nacional tiene la facultad de terminarlo, mientras que los defensores de los inmigrantes argumentan contra la deportación a países inseguros.

El 31 de diciembre de 2025, un juez del Tribunal del Distrito Norte de California anuló la decisión de terminar el TPS en el caso National TPS Alliance et al. v. Noem et al. Sin embargo, el 9 de febrero de 2026 el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dejó sin efecto la orden del tribunal de distrito, al considerar que el Gobierno probablemente ganará la apelación, ya sea por falta de jurisdicción del tribunal inferior o porque la impugnación bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) no prosperará.

Andrés González, gerente de Comunicaciones y Relaciones con Medios de Americans for Immigrant Justice, con sede en Miami, Florida, señaló que, aunque el caso aún podría escalar a la Corte Suprema, no existe garantía de que sea admitido.

En este contexto, los beneficiarios del TPS, muchos con décadas de residencia en Estados Unidos, están en riesgo de enfrentar procesos de deportación, en medio de un entorno migratorio cada vez más restrictivo. “En Florida hay una concentración relevante de hondureños con TPS, entre 7,000 y 8,000 personas en algunas ciudades como Miami”, agregó González.

Recientemente, reportes de prensa de la agencia EFE informaron que en abril la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunciará sobre la decisión de la Casa Blanca de revocar el TPS de inmigrantes haitianos y sirios, lo que podría sentar un precedente para otras nacionalidades, incluidos los hondureños.

En ese escenario, la última palabra sobre la vigencia del beneficio, que ahora está cancelado, quedaría en manos del máximo tribunal, prolongando la incertidumbre para miles de personas afectadas.

En paralelo, la abogada Jodi Goodwin advirtió sobre un incremento en las detenciones realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), incluso en casos de personas que cumplen con requisitos legales. “Todos los días es peor, peor, peor”, afirma Goodwin.

La abogada señaló que inicialmente se pensaba que las restricciones afectarían únicamente a solicitantes de asilo en la frontera. Sin embargo, ahora se detiene a personas que ingresaron legalmente, que están casadas con ciudadanos estadounidenses y en proceso de regularización. “Han hecho todo lo correcto y aun así los detienen”.

De acuerdo con su testimonio, estas detenciones ocurren en distintos contextos: puntos de control, aeropuertos, citas rutinarias con autoridades migratorias e incluso en las inmediaciones de los hogares. En algunos casos, afirma, se utilizan estrategias engañosas para lograr que las personas salgan de sus casas sin una orden judicial.

La abogada también aseguró que hubo un cambio en la dinámica de los procesos migratorios. Personas que anteriormente enfrentaban sus casos en libertad ahora son detenidas, lo que limita su capacidad de defensa. “Ya no hay acceso a fianzas en muchos casos y los tiempos para preparar una defensa se han reducido a semanas”.

Goodwin describió un impacto humano profundo, especialmente en familias. Menciona casos de niños que regresan de la escuela y no encuentran a sus padres, detenidos por autoridades migratorias. “Hay trauma, desesperación y miedo. Algunos niños pasan meses sin ver a sus padres y, cuando los vuelven a ver, están en otro país”.

En el ámbito legal, la abogada advierte sobre una presión sin precedentes. Según su testimonio, los abogados privados están “inundados de trabajo”, con jornadas continuas para atender casos cada vez más complejos.

“Un caso que antes tomaba 20 horas ahora puede tomar 300”, afirmó, al tiempo que señaló dificultades económicas derivadas de la imposibilidad de asumir más clientes. "No pensaba que, después de practicar el derecho 31 años, íbamos a resultar en la situación de la que estamos ahora".

También criticó el desempeño de funcionarios del sistema. Según Goodwin, algunos abogados del Gobierno llegan sin preparación a las audiencias y no cumplen con plazos procesales. Para la abogada, "el sistema ahora está diseñado para que la gente pierda de alguna manera o de otra".

En cuanto a los procesos de detención y deportación, detalló que una persona detenida al cruzar la frontera puede permanecer entre tres y cinco días en centros de procesamiento antes de ser trasladada a instalaciones de ICE. A partir de ahí puede enfrentar una “expulsión expedita”, sin intervención judicial, o un proceso ante un juez.

En la expulsión expedita por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), les preguntan a qué país quieren ser enviados. "México está aceptando ciertas nacionalidades para que los regresen ahí en vez de sus países de origen, y eso ayuda a Estados Unidos porque es más difícil deportar a una persona a Venezuela o Cuba, por las relaciones comerciales".

Si algún migrante es detenido por agentes de ICE, sí puede pasar más tiempo que los de CBP. "Si una persona está detenida con ICE por alguna razón, tiene derecho a ver un juez de migración, aunque también tiene derecho a una autodeportación, y muchos lo hacen".

Goodwin subrayó que las condiciones en centros de detención influyen en las decisiones de los migrantes. “Hay hacinamiento, dificultades para comunicarse con la familia y acceso limitado a abogados; la comida y la atención médica son horribles. Deteriora la salud mental, por lo que después de un tiempo muchos terminan aceptando la autodeportación”.

Los que aceptan ver al juez, el tiempo para preparar un caso es muy corto. "Unas tres semanas para ver un caso es poco tiempo. En teoría, los jueces deben escuchar ambos lados, pero hoy en día, son abogados que trabajan para el procurador general y deben seguir instrucciones, incluso en la interpretación de la ley”.

Mencionó, según datos recopilados, que actualmente hay alrededor de 83,000 personas detenidas por ICE en todo el país, lo que representa un aumento significativo frente a años anteriores.

Respecto al acceso a representación legal, lamentó que la mayoría de migrantes no cuente con abogado, pese a que, según datos que menciona, tener uno aumenta significativamente las probabilidades de éxito en un caso. No obstante, reconoció que los costos son elevados, con tarifas que oscilan entre 100 y 500 dólares por hora, o miles de dólares por casos específicos.

Goodwin sostuvo que el sistema actual está diseñado para dificultar los procesos migratorios. “Las políticas están hechas para que la gente pierda sus casos de una forma u otra. Con los cambios en las políticas, el blanco son los centroamericanos, mexicanos y algunos países de Sudamérica".

Sobre el asilo, explicó que uno de los principales obstáculos es la definición restrictiva de quién califica para esta protección en Estados Unidos, en contraste con estándares más amplios como los del Convenio de Cartagena.

Finalmente, Goodwin considera que la presión pública y mediática es clave para generar cambios. "La única manera de lograr justicia real es a través de la prensa y la difusión. Es lo que mueve a los políticos".