Unos 82 jueces de SPS viven en barrios y colonias donde operan la MS y 18
El 25% reside en zona de alto riesgo dominadas por grupos con alto dominio territorial. Allí pasar desaparecibido y cuidar de sí mismo es la clave de supervivencia, cuenta jueza

- 17 de junio de 2025 a las 23:28 /
En muchos barrios y colonias de la Capital Industrial, las maras y pandillas imponen su ley, repartiéndose el control de las zonas como si fueran feudos.
Entre esas calles polvorientas y pasajes angostos también viven empleados del Poder Judicial, quienes por necesidad y no por elección, no han logrado mudarse a zonas más seguras, a pesar del riesgo que implica administrar justicia en medio del crimen.
El temor es compartido por muchos en el sistema judicial, aunque las autoridades han prometido protección para quienes enfrentan casos de alto impacto, los recursos son limitados, la seguridad personal depende muchas veces del bajo perfil y del silencio.
A pesar del riesgo, jueces siguen firmando órdenes de captura contra cabecillas, autorizan allanamientos en zonas “calientes”, sentencian y ejecutan casos múltiples. El miedo los acompaña a diario, pero también su compromiso con la justicia y el Estado de derecho.

De acuerdo con información testimonial consultada y recopilada, se estima que solo un 5% de los jueces; es decir, alrededor de cuatro del total, residen en zonas altas, consideradas de bajo riesgo y con relativa seguridad, generalmente por su ubicación y vigilancia privada. El resto vive en zonas vulnerables o de acceso parcial a servicios de protección.
El análisis de las zonas indicó que un 20%, o sea cerca de 17 jueces habita en colonias de nivel medio, que aunque no son de alta plusvalía, ofrecen condiciones más estables en comparación con otras áreas urbanas.
Un 50%, que son unos 43 jueces, radica en zonas de nivel medio bajo, que durante los últimos años han enfrentado retos relacionados con el crecimiento urbano desordenado y la presencia intermitente de estructuras criminales.
Lo más preocupante es que un 25%, que son unos 22 jueces, vive en zonas catalogadas como de alto riesgo y donde históricamente han operado maras con alto nivel de control territorial.
Muchos de los togados no tienen acceso a medidas de protección, viajan en sus vehículos y toman rutas alternas cada día, como lo haría un testigo protegido, pero sin protección real.
Desde el interior de los tribunales, jueces han alzado discretamente la voz respecto a lo que consideran un factor condicionante clave en su desempeño y estabilidad profesional, los salarios que reciben. Aunque la toga impone solemnidad, puertas adentro hay inconformidad, especialmente cuando las diferencias entre remuneraciones son tan marcadas.
De acuerdo con datos obtenidos recientemente, la escala salarial dentro del cuerpo de jueces de San Pedro Sula es tan variada como desigual. Solo tres jueces devengan salarios mensuales que oscilan entre 23,000 y 31,999 lempiras, una cifra considerada baja en comparación con las exigencias de su función y el nivel de preparación requerido.
Un segundo grupo de 15 jueces recibe entre 32,000 y 39,999 lempiras, mientras que 28 jueces se ubican en un rango más amplio, ganando entre 40,000 y 59,999 lempiras. No obstante, la mayor concentración de jueces se encuentra en una franja ligeramente superior, 30 de ellos reciben entre 60,000 y 79,999 lempiras mensuales.
En los extremos del espectro salarial, nueve jueces ganan entre 80,000 y 99,999 lempiras y solo cinco superan la barrera de los 100,000 lempiras, alcanzando hasta 106,000.

Lugares de residencia
Según indagaciones realizadas, viven en diversos puntos de mediano y alto riesgo criminal en el circuito de San Pedro Sula, varios jueces de Paz, del Tribunal de Sentencia, del área de Ejecución y Penal y togados del área civil.
“Tengo tres años viviendo en el sector”, comenzó relatando, con voz temblorosa, una jueza encargada de casos penales de bajo y medio impacto.
La jurista habló en exclusiva para La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium sobre la realidad que enfrenta como operadora de justicia en una ciudad marcada por el dominio de estructuras criminales.
Con serenidad, describió los juzgados como un entorno relativamente normal, donde procura cumplir no solo con su labor, sino también con algunas diligencias personales.
“Trato de andar con bajo perfil y de cuidar yo misma de mi seguridad”, apuntó, con firmeza, consciente que su presencia puede representar un blanco.
La jueza no titubeó al afirmar lo que otros temen reconocer en voz alta: “En este momento creo que todas las zonas de San Pedro Sula son controladas por estructuras criminales, independientemente donde vivamos, ya eso se ha establecido que es así, ellos tienen control de toda la ciudad o del país”.
A pesar del entorno hostil, aseguró no haber recibido hasta ahora amenazas directas ni indirectas por razón de su trabajo. “Y espero que continúe así”, dijo.
“Pese a vivir en zona controlada por grupos, en ningún momento influye en mis decisiones”, agregó, con convicción. En los tribunales, el contacto con la violencia estructurada es constante.
“Prácticamente todos los días vemos casos relacionados a estructuras criminales, ya sea de ambas maras”, destacó, como parte de la rutina judicial que enfrenta en su despacho. Aunque transmite una imagen de fortaleza, reconoció que el temor es un compañero silencioso.
“Todos los días tengo ese temor de emitir una resolución, pero lo hago con base al derecho y a lo que establece la ley. Siempre sabemos que nunca va a estar esa resolución de acuerdo con alguna de las partes, pero lo tratamos de realizar al margen del derecho; no he tenido presión alguna hasta el momento”, sostuvo.

Administración de justicia
La estructura judicial de San Pedro Sula está diversificada con un total de 86 jueces distribuidos en diferentes juzgados y tribunales que abarcan las principales áreas del Derecho, así lo constató este medio de comunicación a través de una base de datos mediante una solicitud pública.
El Tribunal de Sentencia concentra la mayor cantidad de jueces con 20 funcionarios, lo que evidencia el peso que tiene la resolución de casos penales en etapa final.
La composición del personal judicial muestra una estructura diversa que responde a distintas funciones jurisdiccionales. Destaca la significativa cantidad de jueces supernumerarios, con un total de 27, lo cual representa casi un tercio del total.
Sobre ellos recae ampliamente cubrir ausencias temporales, sobrecargas de trabajo o reforzar juzgados específicos, en especial, en situaciones de flagrancia y turnos extraordinarios.
En cuanto a los jueces de Tribunal de Sentencia hay 19 titulares, más una coordinadora, lo que refuerza la importancia de esta instancia en la fase final de los procesos penales, encargada de emitir sentencias tras los juicios orales.
El cargo de juez de Letras aparece con 10 titulares, además de algunas figuras especializadas, como un juez con competencia territorial nacional en materia penal y otro con competencia nacional en materia de extorsión.
Estos dan respuesta institucional a fenómenos criminales de gran escala. Además, existen cinco jueces de turno extraordinario, encargados para cobertura continua, incluso fuera del horario regular.
El área de Ejecución Penal cuenta con cinco jueces, a los que se suman tres con asignaciones funcionales específicas, incluyendo Puerto Cortés, El Progreso y el Juzgado de Violencia Doméstica, con cobertura regional y especializada en esta fase procesal.
Este enfoque permite dar seguimiento a las sentencias, medidas cautelares y penas impuestas en coordinación con distintos territorios y materias.
En el ámbito de la justicia de Paz hay cinco jueces de Paz II y tres jueces móviles, quienes tienen un enfoque comunitario para resolver conflictos menores.
También se observa la presencia de coordinadores (cuatro en total), siendo parte de una estructura organizativa jerárquica para la administración interna del Poder Judicial. Hay una predominancia femenina en el sistema judicial local.
De los 86 jueces, 62 son mujeres, lo que representa aproximadamente el 72% del total, mientras que 23 son hombres, equivalentes al 27%, y uno no cuenta con dato registrado.

Mapeo de zonas
Casi 100 sectores registran presencia de la MS y Pandilla 18. Se trata de una fuerte cantidad de colonias y asentamientos con antecedentes de conflictividad social y vulnerabilidad estructural.
Según un último informe operativo de la Secretaría de Seguridad, a través de la Dipampco, la MS funciona en 57 zonas y en 33 la Pandilla 18.
Entre las zonas de disputa de la MS están: El Ocotillo; Felipe Zelaya; Los Ángeles; San José del Boquerón; Medina; San Isidro; Santa Ana; Terencio Sierra; Héctor Sabillón Cruz; San Jorge; Los Zorzales, San José.
Por otro lado, los puntos de control donde permanecen miembros del Barrio 18 se identificaron: Guadalupe; El Carmen; El Limonar; Satélite; Reparto Lempira; Miguel Ángel Pavón; 6 de Mayo; Central; Cerrito Lindo, Los Ángeles.
Además, San Francisco; Guillén; Valle de Sula; Montefresco; Trejo; San Antonio; Providencia; Lufusa; 10 de Septiembre; Ebenezer; Planeta; La Paz; Nueva Jerusalén; Rivera, Hernández; Santa Martha; 15 de Septiembre; Perpetuo Socorro; La Primavera; Nueva Inversión y Suyapa.
El criminólogo Gonzalo Sánchez enfatizó que los jueces están obligados a dictar sentencia con total apego a la ley, sin dejarse influenciar por amenazas o el entorno donde residen.
“El juez debe fallar, no puede emitir una resolución por temor, si se siente amenazado debe solicitar inmediatamente el auxilio de las fuerzas públicas, porque no hacerlo constituye un delito”, afirmó Sánchez.
El experto aclaró que el hecho de que un juez viva en un barrio marginal o en una zona peligrosa no debería afectar su capacidad para emitir fallos justos. “Vivir en zonas de alto riesgo expone a los jueces y también a sus familias, quienes forman parte de su núcleo familiar, pero esto no está relacionado con su obligación legal de impartir justicia”, explicó.
Sánchez también desmitificó la creencia común de que las estructuras criminales solo operan en sectores marginales.
“Actualmente, las pandillas cuentan con recursos económicos y poder que les permiten residir en colonias de clase media y alta, incluso en residencias de mucho peso. Ya no es cierto que solo estén en zonas marginales, ahora también pasan desapercibidos en lugares privilegiados”, concluyó.

Entre el 2016 y mayo del 2024, según un informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), al menos, 263 operadores de justicia, entre los que se incluían a jueces, estaban en riesgo de ser víctimas de desplazamiento forzado en el país. En un alto porcentaje, las quejas presentadas ante esta instancia fueron por parte de los operadores de justicia, por influencia de estructuras criminales.
Las personas denunciaron ser víctimas de constantes allanamientos en sus viviendas y que, debido a ese hostigamiento, se generó el temor de permanecer en su lugar de residencia, por lo que mejor tomaron la decisión de desplazarse. Estos hechos se registraron principalmente en el Distrito Central y en San Pedro Sula.
La falta de garantías para jueces y otros operadores de justicia en Honduras se ha convertido en un problema estructural y crónico, según denunció el director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado.
“El Poder Judicial muy poco se ha interesado por la seguridad de sus jueces, y esto no es nuevo”, afirmó Maldonado. “Hay togados que están solicitando su traslado debido a circunstancias supremamente riesgosas que amenazan su vida y la de sus familias. Hemos documentado varios casos, pero no se les da respuesta”, expuso.
El defensor de derechos humanos señaló que en San Pedro Sula, por ejemplo, se han recibido múltiples quejas por la falta de personal judicial, pero también por las renuncias forzadas, motivadas por el miedo y la ausencia de medidas de protección efectivas.
“La renuncia de jueces no solo responde a la carga laboral o a los bajos salarios, sino a que no se sienten protegidos. Muchos de ellos viven en colonias controladas por maras, pero sienten pena incluso de decir en qué sector residen”, expresó.
Maldonado también denunció que la asignación de protección está marcada por el sesgo político, pues "hay una polarización al no pertenecer al partido en el poder. Es claro que el Poder Judicial debería velar por la vida y seguridad de sus operadores en todo el país, porque esto no solo ocurre en San Pedro Sula, sino en muchos municipios”.
Datos oficiales de la Policía apuntalan que cuatro jueces fueron asesinados durante los últimos años en diferentes regiones del país, en hechos que, en su mayoría, aún se encuentran bajo investigación o están relacionados con conflictos personales.
El caso más reciente ocurrió el 17 de noviembre de 2021 en la aldea Peloncitos, caserío Azacualpa, municipio de San Juan, Intibucá. En esa remota zona del occidente del país, un juez fue asesinado con arma de fuego y las autoridades aún investigan el móvil del crimen, aunque no se descarta la posibilidad de represalias relacionadas con su labor.
Otro hecho violento tuvo lugar el 26 de junio de 2019 en el municipio de San Marcos, Santa Bárbara. La víctima, también un juez, fue ultimada en el barrio Santa Rosa, en el contexto de una riña originada por problemas de intolerancia, según las primeras indagaciones. Al igual que en otros casos, el arma utilizada fue de fuego.
En el año 2016, un tercer crimen conmocionó al municipio de San Antonio de Cortés, en el norte del país. El juez fue asesinado en el sector de El Aguacate, en la colonia San Juan, y las investigaciones apuntan a enemistades personales como posible causa del ataque.
El cuarto caso se remonta al 23 de abril de 2015, en el municipio de Tambla, Lempira. El asesinato se produjo en la aldea El Zarzal, caserío El Cerrón, donde un juez fue abatido con arma de fuego, y al igual que en el crimen de Intibucá, el móvil permanece en proceso de investigación.
Todos los crímenes compartieron elementos comunes: las víctimas eran hombres, todos desempeñaban funciones judiciales y murieron a manos de sicarios armados con armas de fuego. Tres de los casos ocurrieron en áreas rurales.