Perfilados 58 jueces de SPS en peligro por falta de seguridad de los juzgados

San Pedro Sula, Honduras.

Caminamos sobre los pasillos del Palacio de Justicia de San Pedro Sula, donde cada paso resuena con la inquietante certeza que aquí la vida de los jueces está siempre en peligro.

Al ingresar, los guardias apenas nos miran, algunos, distraídos en sus teléfonos, no notan nuestra presencia y otros conversan o sonríen cordialmente con las secretarias y asistentes. No llevamos credenciales visibles, pero eso no parece importar, preguntamos por **** y mencionamos que ya estamos notificados, la persona del otro lado ni siquiera solicita formalmente una identificación o llama hacia donde vamos para corroborar la información.

“Pasen esta puerta, la oficina está ***”, nos indica alguien del personal de secretaría sin levantar tanto la mirada. La seguridad, que debería ser la primera línea de defensa, se siente como una formalidad vacía en los tribunales de justicia.

Los jueces se preparan para cada audiencia y llevan más que expedientes: la carga de la vulnerabilidad y las miradas hostiles de los procesados y sus familiares.

Estos juzgados, ubicados en el norte del país y encargados de realizar audiencias clave contra bandas, narcotraficantes y grupos del crimen organizado que operan en barrios, colonias y residenciales, carecen de medidas fuertes de seguridad. Por ejemplo, en el Juzgado de Ejecución debería haber al menos un agente policial asignado exclusivamente, pero el único disponible actualmente debe cubrir tanto Violencia Doméstica como Ejecución Penal. En el Juzgado de Letras Penal, Tribunal de Sentencia y el Circuito Especializado también deberían contar con mayor seguridad.

Las inspecciones a los visitantes no son rigurosas, los abogados se apuntan en un libro y hay un detector de metal, pero se han registrado casos, aunque fortuitos, según denunciaron jueces, de ex privados de libertad que han sido encontrados con armas adentro de los juzgados.

En el edificio judicial solo los jueces de Penal y de la Corte de Apelaciones tienen acceso a un ingreso distinto, el resto debe utilizar la entrada principal, lo que aumenta su vulnerabilidad. Las medidas de seguridad personales, como evitar rutas habituales y horarios fijos, son la única protección que muchos jueces adoptan.

Desde tempranas horas, los tribunales de justicia se comienzan a llenar de abogados, fiscales, acusados y familiares, pero los jueces llegan en silencio, evitando cualquier mirada que pueda hacer ruido entre la colectividad.

Los jueces caminan cada día entre la incertidumbre, no saben si llegarán a casa al final de la jornada, la sensación de inseguridad es permanente, como una sombra que los acompaña en cada audiencia y fallo que dictan.

La seguridad del edificio está en manos de custodios que, en muchos casos, ya no deberían estar allí, son personas con ciertos problemas de salud base, por lo que algunos han pasado de ser motoristas a guardias.

Otros alguaciles son hombres mayores o poseen condiciones físicas inadecuadas para esta posición, tales como sobrepeso y obesidad, que impedirían actuar con rapidez ante una emergencia. Para el caso, dentro del equipo de custodios está una mujer, quien periódicamente llega a sus labores con sintomatología grave debido a que enfrenta problemas renales y otra que desafortunadamente sufre de cáncer.

“Si se escapa un privado de libertad no sería posible auxiliarlos a tiempo”, ejemplificó uno de los jueces que conversó personalmente con la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium.

Se trata de una seguridad privada directa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ ), entre 15 a 20 custodios en todo el edificio judicial, distribuidos entre diferentes espacios.

Sus armas tipo revólver, que en teoría deberían proporcionar una mínima barrera de protección, no reciben mantenimiento frecuente, según denunció personal del Poder Judicial que trabaja en las diferentes secciones de jueces en San Pedro Sula.

Indicaron que algunas armas no son completamente funcionales, mientras que otros custodios ni siquiera tienen acceso a una, lo que los deja desarmados. Quienes sí disponen de pistolas enfrentan un problema adicional: la falta de entrenamiento adecuado, lo que limita significativamente su capacidad para utilizarlas de manera efectiva durante situaciones de riesgo.

Durante las noches, un guardia de seguridad permanece en el edificio asumiendo la custodia de todas las instalaciones, lo que también resulta insuficiente.

El estacionamiento destinado a los jueces y magistrados se encuentra cerca de la calle, lo que los deja expuestos a posibles riesgos. En esa área hay una cámara fija que solo cubre ciertos vehículos, mientras que otra realiza un monitoreo constante con movimientos automáticos. En este espacio está instalado un hombre mayor, que antes era motorista, pero debido a problemas de base lo pasaron a desarrollar funciones de guardia.

“Hay una cámara con un tiempo significativo de monitoreo, por lo menos para saber quién lo mató”, ironizó una juez, denunciante de la situación que atraviesan desde hace tiempo, pero que por temor a ser removidos o trasladados han guardado silencio.

El estacionamiento destinado a los empleados carece de cámaras de seguridad y solo hay un guardia que vigila un par de horas durante el día, lo que deja el área completamente desprotegida. El único dispositivo cercano está ubicado en la entrada del Tribunal de Sentencia, lo que resulta insuficiente para monitorear adecuadamente el flujo de personas y vehículos en la zona.

Otro problema persistente es la falta de personal disponible para revisar las cámaras de seguridad de manera inmediata. Esto obliga a presentar una solicitud al departamento de administración y posteriormente obtener autorización para que desde Tegucigalpa se envíe a un ingeniero que pueda realizar la revisión. Cabe destacar que los archivos de vídeo tienen un tiempo de almacenamiento aproximado de una semana.

En el portón de entrada al edificio está ubicado otro adulto mayor que no tiene arma asignada. De hecho, tampoco hay un gran control para ingresar en vehículos.

Durante el día se pueden observar pequeños grupos de policías, concentrados en la parte trasera del edificio, entre las celdas. Otros se desplazan alrededor de las salas donde se atienden casos de violencia doméstica, de niñez y familia; sin embargo, en las salas como la Civil y otras instancias, la presencia es escasa.

Durante las noches, los policías que han sido asignados y entrenados para brindar seguridad ciudadana, descansan, quedando únicamente el alguacil a cargo.

De los 40 agentes policiales asignados al departamento de Cortés para cubrir los edificios judiciales, aproximadamente 10 están destinados a este edificio en particular. Su principal función es recibir y custodiar a los privados de libertad, así como velar por la seguridad de las instalaciones. El número de efectivos no es suficiente para cumplir con todas las tareas de manera eficiente.

Debido a la indefensión, el círculo de confianza es extremadamente cerrado, de acuerdo con testimonios de los mismos jueces. “Por ejemplo, en este lugar recibimos personal de empresas de aseo, pero nos aseguramos que esta persona esté presente de manera constante para garantizar la seguridad de los expedientes y la secretividad”, comentó uno de ellos.

La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium procesó una data estadística hasta el mes de agosto de este año, en la cual se encontró que de 5,632 empleados de la Corte a nivel nacional, 910 son jueces. De estos, 290 fungen como jueces de Paz II, 186 como jueces supernumerarios y 140 jueces lo hacen dentro del Tribunal de Sentencia.

En los juzgados de San Pedro Sula se estima que hay aproximadamente 102 jueces encargados de impartir justicia. Actualmente, solo uno cuenta con seguridad asignada y se trata de un juez de jurisdicción nacional recién nombrado, pero que se moviliza en su carro y suele estar acompañado solo de un policía, lo cual no va acorde a la envergadura de casos que atiende.

Cuando se presenta una denuncia o amenaza, el procedimiento a seguir consiste en informar inmediatamente a las coordinaciones y a la presidencia. Posteriormente, una unidad de Inteligencia analiza el caso y emite un informe con las medidas de seguridad que corresponden.

El único recurso proporcionado por el mecanismo de protección interno ha sido un carné color morado, diseñado para ser presentado en casos de emergencia ante las autoridades. Hace algunos meses, los jueces se reunieron con la magistrada presidenta Rebeca Obando para expresar sus preocupaciones sobre la inseguridad que enfrentan, pero hasta la fecha no han recibido una respuesta concreta, solo se les informó que estaban adquiriendo una flota de vehículos que, aunque no serían ostentosos, contarían con blindaje.

En algún momento, una de las juezas recibió un vehículo blindado como medida de protección, pero rechazó la asignación de agentes policiales por temor a que se vulnerara la privacidad en su casa y a la posible filtración de información. Con el tiempo, el vehículo sufrió daños y, hasta la fecha, la abogada continúa sin contar con seguridad.

“Si antes no sabía, ahora este policía sí sabrá dónde el juez vive y será él quien pueda tener nexo con el crimen organizado y, posiblemente, lo mate”, advirtió otro de los jueces entrevistados.

La seguridad, a opinión de los juristas, debería ser privada, lo que implicaría que la Corte realice una contratación amplia y, en casos extremos, asigne entre dos y tres custodios por juez.

Cuando se proporciona seguridad, generalmente se asignan uno o dos policías a cargo, junto con un vehículo blindado, pero la medida suele ser lenta y burocrática. Esta protección se mantiene durante un promedio de seis meses, hasta que los niveles de riesgo disminuyen.

En un mundo ideal, cada juez debería contar con un custodio afuera de las instalaciones y, en cada juzgado, al menos dos en la entrada; no obstante, los jueces consideran que esto es un “sueño guajiro”, ya que no hay presupuesto disponible. Los únicos que disfrutan de este privilegio son los magistrados, quienes enfrentan menos riesgo, ya que no tienen contacto directo con los delincuentes.

A diferencia de los jueces, que interactúan con los acusados en las cárceles y salas de juicio, los magistrados solo resuelven los casos que les son presentados, sin estar en contacto directo con los implicados.

Existen precedentes de jueces que recibieron seguridad temporal, como una jueza de Sentencia y otra de Penal, a quienes les asignaron custodios y un vehículo blindado, pero las condiciones de transporte no eran del todo óptimas.

En otro caso, tres jueces del Tribunal de Sentencia del circuito de Criminalidad Organizada fueron amenazados por el hijo de un extraditado en San Pedro Sula, condenado a más de 40 años de prisión. A pesar de la gravedad de la situación, hasta la fecha, estos mismos jueces continúan sin recibir seguridad.

La presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, fue informada durante su última visita, pero no se ha tomado ninguna medida adicional, lo único que recibieron fue un papel sobre defensoría de derechos humanos.

El 7 de agosto de 2007, Alba Leticia Bueso, jueza de Sentencia, fue asesinada tras ser seguida por desconocidos en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula. Su muerte se relacionó aparentemente con un caso que llevaba en su sala. Durante el año 2013, la jueza Mireya Mendoza, coordinadora de Juzgado de Sentencia de El Progreso, Yoro, fue ultimada, y se supone que fue producto de un caso que también manejaba.

La inseguridad para los jueces sigue siendo palpable, muchos han normalizado las amenazas creyendo que algunas ya no representan peligro real, pero casos de jueces asesinados que llevaban casos de alto perfil evidencian la vulnerabilidad del gremio.

“Supongo que algunos colegas llegan a sentir normal las amenazas o consideran que algunas situaciones ya no se sienten de riesgo, pero la incidencia se da”, comentó una juez mientras permanecía sobre su escritorio.

Aún se recuerda el caso del abogado Erick Euceda, quien durante el año 2012, siendo coordinador del Juzgado de Ejecución, fue atacado a disparos en San Pedro Sula.

Se supo que el abogado conocía de cerca un caso relacionado con una clínica, que incluía una demanda por mala praxis. Fue seguido por los agresores, cuyo objetivo era matarlo, pero logró sobrevivir al ataque. Fue internado en un hospital, pero no regresó a los juzgados y decidió abandonar el país debido a la amenaza contra su vida.

Entre los años 2013 y 2021, según los registros de la Secretaría de Seguridad, cinco jueces fueron asesinados en el país: cuatro hombres y una mujer. Los crímenes ocurrieron en diversas localidades: uno en San Juan, Intibucá; otro en San Marcos, Santa Bárbara; uno más en San Antonio de Cortés, Cortés; otro en Tambla, Lempira; y el último en El Progreso, Yoro.

Los jueces encargados de estudiar casos de criminalidad organizada, tales como narcotráfico, maras y pandillas, son los que enfrentan el mayor riesgo. “A veces, a uno le lanzan malas miradas, pero las ignora y, en lugar de eso, trata de concienciar a las personas, explicándoles lo que ha sucedido para que comprendan, aunque hay quienes no lo hacen y terminan molestos, incluso con sus abogados”, relató otro de los jueces.

“Pensaría que no todos ameritan seguridad, pero sí sobre todo aquellos que trabajan en el circuito de Criminalidad Organizada, que superan los cuatro jueces”, externó otra togada abordada por este medio de comunicación.

Del total de jueces que operan en los juzgados de San Pedro Sula, de acuerdo con información recopilada en el campo, 58 jueces están en el nivel de mayor riesgo. Aquí están incluidos aquello de jurisdicción nacional y Tribunal de Sentencia. Solo en el área penal, de los 58 perfilados en código rojo, 42 son mujeres. Los 44 jueces restantes pertenecen a otras materias dentro de los tribunales.

Un ejemplo de esta amenaza es el caso de un administrador de la Pandilla 18, quien a través de una abogada envió un mensaje a una jueza que conocía su caso. En el mensaje le dijo que sabía detalles de su vida, que tenía conocimiento quién era su pareja y que, prácticamente, le advertía que no se metiera en sus asuntos a cambio de no hacerle daño.

Esto fue reportado a la presidenta del Poder Judicial, incluyendo los nombres y apellidos del pandillero involucrado, pero nunca se recibió un pronunciamiento claro al respecto.

Además de las amenazas provenientes de personas involucradas en los casos y las comunicaciones con doble intencionalidad derivadas de superiores jerárquicos dentro del Poder Judicial, la inseguridad puede llegar a afectar hasta cierto punto el equilibrio en las decisiones de los jueces.

Las denuncias formalmente interpuestas ante otros organismos son escasas porque los jueces temen represalias, incluso, cuando reciben amenazas verbales o sensaciones de seguimiento de desconocidos, prefieren no reportar tales eventos.

De acuerdo con antecedentes, quienes, ante determinadas circunstancias, solicitaron protección y la recibieron, asumieron, en ciertos casos, los costos de alimentación y alojamiento de los policías asignados, lo cual resultaba insostenible debido a sus salarios. Uno de los ámbitos más lucrativos para el desempeño de funciones judiciales es el abordaje de casos relacionados con criminalidad organizada, pero pocos se atreven, ya que aquellos que lo hacen rara vez logran salir de este circuito.

Por ejemplo, un juez de Paz comienza ganando en promedio 21,000 lempiras al mes, mientras que un juez de Letras percibe alrededor de 24,000 lempiras. En contraste, en la sección de Criminalidad Organizada, los jueces pueden llegar a ganar hasta 100,000 lempiras o recibir porcentajes específicos según los expedientes que manejen, aunque, como bien señaló uno de los jueces, “ningún dinero vale una vida”.

La inseguridad también impacta a nivel familiar, ya que los jueces se ven obligados a no permanecer en espacios públicos muy abiertos, especialmente si han manejado casos en los que desestimaron algo en particular. Esta situación genera un constante temor y preocupación por la seguridad tanto personal como de sus seres queridos, pues no existen protocolos de seguridad claros.

Los pasillos, donde los jueces, fiscales y ciudadanos buscan justicia, podrían convertirse en escenario de un ataque en cualquier momento. Desde adentro se ha solicitado refuerzos, más personal y logística, pero las respuestas son siempre las mismas: no hay suficiente presupuesto.

Nelson Castañeda, director de Seguridad Ciudadana de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), enfatizó que el Gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad de los funcionarios de justicia, al tiempo que calificó como “crítica” la situación de riesgo a la que están expuestos tanto los funcionarios como los usuarios.

“Desde un parqueo y conductores que hacen labores de seguridad se condiciona la seguridad del juez, cuando junto a los fiscales conocen casos de alto impacto, lidian con estructuras criminales que tienen la capacidad de montar vigilancia y ejecutar cualquier acción en un país con alta impunidad”, cuestionó Castañeda sobre la integridad de estos profesionales del Derecho.

El analista destacó la vulnerabilidad de los jueces que manejan casos peligrosos, sensibles y de naturaleza política o criminal, advirtiendo que el riesgo podría incrementarse aún más con la eliminación del tratado de extradición.

“Hay mucho desplazamiento ilegal, aunque hayan sido reasignados a otro tipo de casos, en algún momento generaron anticuerpos, levantaron enemigos por casos que lideraron y esto tendrá repercusiones ahora porque no tienen un esquema de seguridad”, continuó afirmando el experto en seguridad pública.

Entre las principales recomendaciones, y considerando el argumento del bajo presupuesto, sectores de la sociedad civil sugieren iniciar proporcionando seguridad a aquellos jueces que se encuentran en mayor riesgo debido a los casos que manejan. Aunque lo ideal sería garantizar seguridad para todos, es prioritario atender a quienes enfrentan las amenazas más críticas.

Las colonias circundantes a los tribunales de justicia, ubicados en la 33 calle de San Pedro Sula, son reconocidas por su alto nivel de inseguridad. “Cerca del estadio Olímpico y detrás de los juzgados opera la Pandilla 18; en los alrededores de la colonia San José V, la Mara Salvatrucha tiene presencia; y frente a los tribunales, cerca del punto Majoncho Sosa, se encuentran bandas dedicadas al robo de vehículos”, comentó bajo condición de anonimato un pastor evangélico con amplia experiencia en la operatividad de maras y pandillas en el país.

Los jueces reconocieron que estos juzgados representan una bomba de tiempo. Al estar ubicados en esta zona, el edificio se percibe como un espacio neutral, que las organizaciones delictivas respetan hasta cierto punto, pero adujeron que no es una fortaleza capaz de resistir un intento de ataque o intervención por parte de estas estructuras criminales, tal y como sucedió cuando durante el mes de febrero de 22, en el El Progreso, Yoro, un grupo fuertemente armado ingresó al palacio judicial y logró liberar a de los líderes de la MS: Alexander Mendoza, alias Porkys.

En una ciudad donde el crimen organizado tiene ojos en todas partes, controla zonas enteras y donde los asesinatos por encargo son moneda corriente, los jueces se sienten abandonados por el sistema que juraron defender y la falta de seguridad en el Palacio de Justicia es una bomba de tiempo.

En un caso reciente, una defensora pública de La Lima y designada por la Corte de Apelaciones como jueza ejecutora en un caso de habeas corpus contra una institución policial, declaró “no a lugar” al considerar que no hubo violación de garantías. Poco después fue secuestrada en su casa.

Según se conoció de voz de otro de los jueces, citando a informantes extraoficiales, la misma persona que la liberó resultó ser un policía que también estuvo involucrado en su secuestro.

Dos mujeres llegaron a su vivienda y la sacaron, pero en el vehículo había un tercer individuo, un hombre, que fue el mismo que la abogada reconoció cuando fue encontrada. La profesional del Derecho lo miró nuevamente a bordo de una patrulla y acompañado de otros policías, aparentemente para rescatarla. Después de lo sucedido, la abogada no regresó al Poder Judicial y decidió huir con su esposo e hijos.

Por su parte, Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, señaló que, hasta el momento, no han recibido denuncias directas ni anónimas sobre el tema; de lo contrario, ya habrían tomado medidas al respecto. Además, indicó que será necesario dialogar con el Poder Judicial para evaluar qué acciones pueden implementarse en favor de los funcionarios, ya que todos aquellos que imparten justicia están expuestos a riesgos significativos.

“Siempre hay dos partes en litigio y los funcionarios al final toman una decisión con base a su criterio e independencia para un fallo, y toca respetarlo, pero muchas veces surgen amenazas indebidas contra ellos, poniendo la profesión en riesgo”, dijo el directivo.

Solórzano explicó que, aunque el Colegio de Abogados no cuenta con un mecanismo de protección, actúa como interlocutor ante las autoridades competentes, como el Poder Judicial y los organismos de derechos humanos, con el propósito de garantizar la seguridad de quienes imparten justicia y buscar soluciones efectivas para protegerlos.

Cuando Vilma Cecilia Morales y Jorge Rivera Ávilez fueron presidentes del Poder Judicial, los jueces tenían la facultad de marcar su hora de entrada y salida de manera más flexible, lo que les permitía ajustar sus horarios por razones de seguridad y para evitar ser ubicados, pero esta opción ya no está disponible, actualmente los jueces no cuentan con esa misma condición.

Ahora. las jornadas laborales para ellos suelen extenderse fijamente hasta las 4:00 o 5:00 de la tarde. Hay jueces de Paz, por ejemplo, que siguen viviendo en zonas de mediana o baja categoría en la ciudad, o que son de circuito cerrado, pero que en sus alrededores operan diversas estructuras criminales.

Se constató que durante los últimos 14 años, el Poder Judicial registró la renuncia de seis jueces en el Distrito Central, Francisco Morazán; La Ceiba, Atlántida; y Juan Francisco Bulnes, Gracias a Dios. Fueron cinco mujeres y un hombre. Se trató de cuatro jueces supernumerarios, un juez de Paz II y un juez de Letras con competencia territorial nacional en materia penal.

Antes de esta publicación, LA PRENSA Premium intentó contactar a la magistrada presidenta Rebeca Raquel Obando a través de mensajes de texto para obtener su versión sobre la situación, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.