Tegucigalpa.
La situación de los derechos humanos en Honduras en el marco de la emergencia por COVID-19 será vigilada por más de 30 organizaciones nacionales e internacionales, informó este jueves el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional ( CEJIL).
El CEJIL dijo en un comunicado que les 'preocupa que la emergencia sanitaria, aunada a un precario sistema de salud, a una débil institucionalidad, al desabastecimiento y privatización del agua, y a graves problemáticas de corrupción, militarización y explotación de recursos naturales, está profundizando los riesgos que enfrenta la población hondureña'.
Organizaciones, aglutinadas en un Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras, denunciaron que las respuestas del Estado de Honduras frente a la crisis por el coronavirus, tanto por acción como por omisión, entre ellas la suspensión de garantías constitucionales, han posibilitado nuevas violaciones de derechos humanos.
Recordaron que históricamente Honduras ha enfrentado profundos retos para la garantía de los derechos humanos; es uno de los países más violentos del mundo, presenta uno de los más altos índices de percepción de la corrupción, una alta impunidad y el 66 % de su población vive en condiciones de pobreza.
El foro fue articulado para dar seguimiento a la situación del país, generar análisis y acciones conjuntas basadas en estándares internacionales y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de toda la población.
'También se ha advertido sobre posibles actos de corrupción con respecto al presupuesto destinado para abordar la crisis', subrayó.
Además, denunció que se han documentado agresiones en contra de al menos 45 personas defensoras de derechos humanos y siete periodistas, y la detención arbitraria de la defensora Aleyda Huete en el departamento de Choluteca, sur.
También se registró el asesinato de la defensora Iris Argentina Álvarez durante un desalojo violento en el marco del toque de queda absoluto, el desalojo de al menos 60 personas migrantes de origen haitiano y africano y el desabastecimiento de agua en distintas zonas del país, entre muchos otros casos.
'Recordamos que ninguna medida para responder a la pandemia debe implicar o justificar violaciones a los derechos humanos. Estas medidas tampoco deben priorizar intereses particulares o empresariales, particularmente del sector extractivo, sobre el bienestar general de la población', indicó el CEJIL.
Las medidas, al contrario, deben ser proporcionales y necesarias para la prevención, diagnóstico, tratamiento y contención de la pandemia, contar con un enfoque de derechos humanos y género, y construirse con la participación de la sociedad civil.
El Estado, señaló el CEJIL, como garante de la protección a la salud y subsecuentemente del derecho a la vida, debe garantizar que toda la población, sin discriminación alguna, tenga acceso a las medidas de prevención indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al diagnóstico y el tratamiento adecuado, así como el acceso al agua y las condiciones de bioseguridad necesarias.
Además, se debe garantizar el acceso de toda la población a información pertinente, oportuna, clara, científica y de calidad sobre la pandemia y la labor de los periodistas independientes.
El foro lo integran Amnistía Internacional Asociadas por lo Justo (JASS), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Foro Honduras Suiza Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL); la Asociación de Jueces por la Democracia, Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT), entre otros.
La situación de los derechos humanos en Honduras en el marco de la emergencia por COVID-19 será vigilada por más de 30 organizaciones nacionales e internacionales, informó este jueves el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional ( CEJIL).
El CEJIL dijo en un comunicado que les 'preocupa que la emergencia sanitaria, aunada a un precario sistema de salud, a una débil institucionalidad, al desabastecimiento y privatización del agua, y a graves problemáticas de corrupción, militarización y explotación de recursos naturales, está profundizando los riesgos que enfrenta la población hondureña'.
Organizaciones, aglutinadas en un Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras, denunciaron que las respuestas del Estado de Honduras frente a la crisis por el coronavirus, tanto por acción como por omisión, entre ellas la suspensión de garantías constitucionales, han posibilitado nuevas violaciones de derechos humanos.
Recordaron que históricamente Honduras ha enfrentado profundos retos para la garantía de los derechos humanos; es uno de los países más violentos del mundo, presenta uno de los más altos índices de percepción de la corrupción, una alta impunidad y el 66 % de su población vive en condiciones de pobreza.
El foro fue articulado para dar seguimiento a la situación del país, generar análisis y acciones conjuntas basadas en estándares internacionales y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de toda la población.
Problemas en hospitales y con periodistas
El CEJIL señaló que en las últimas semanas se ha denunciado la falta de condiciones adecuadas en los centros hospitalarios para la atención de pacientes con COVID-19, así como la carencia de insumos y medidas de bioseguridad para el personal de salud.'También se ha advertido sobre posibles actos de corrupción con respecto al presupuesto destinado para abordar la crisis', subrayó.
Además, denunció que se han documentado agresiones en contra de al menos 45 personas defensoras de derechos humanos y siete periodistas, y la detención arbitraria de la defensora Aleyda Huete en el departamento de Choluteca, sur.
También se registró el asesinato de la defensora Iris Argentina Álvarez durante un desalojo violento en el marco del toque de queda absoluto, el desalojo de al menos 60 personas migrantes de origen haitiano y africano y el desabastecimiento de agua en distintas zonas del país, entre muchos otros casos.
'Recordamos que ninguna medida para responder a la pandemia debe implicar o justificar violaciones a los derechos humanos. Estas medidas tampoco deben priorizar intereses particulares o empresariales, particularmente del sector extractivo, sobre el bienestar general de la población', indicó el CEJIL.
Las medidas, al contrario, deben ser proporcionales y necesarias para la prevención, diagnóstico, tratamiento y contención de la pandemia, contar con un enfoque de derechos humanos y género, y construirse con la participación de la sociedad civil.
El Estado, señaló el CEJIL, como garante de la protección a la salud y subsecuentemente del derecho a la vida, debe garantizar que toda la población, sin discriminación alguna, tenga acceso a las medidas de prevención indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al diagnóstico y el tratamiento adecuado, así como el acceso al agua y las condiciones de bioseguridad necesarias.
Además, se debe garantizar el acceso de toda la población a información pertinente, oportuna, clara, científica y de calidad sobre la pandemia y la labor de los periodistas independientes.
El foro lo integran Amnistía Internacional Asociadas por lo Justo (JASS), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Foro Honduras Suiza Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL); la Asociación de Jueces por la Democracia, Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT), entre otros.
