TEGUCIGALPA. La sesión virtual del Congreso Nacional del viernes recién pasado, al igual que en ocasiones anteriores, estuvo marcada por controversias, debido a que la convocatoria fue de imprevisto y los legisladores recibieron hora y media después de ser convocados por parte de la secretaría general los dictámenes que serían discutidos.
El Ejecutivo envió al menos 20 proyectos para su discusión, los cuales en su mayoría comprendían contratos de supervisión, construcción, arrendamiento y prestación de servicios.
Datos
L65 millones anuales debe presupuestar Sefin para cumplir con el pago del contrato del nuevo operado del sistema integral de inspección aduanal en Cortés.
13 años son los que durará elcontrato del nuevo operador que se adjudique derivado del proceso de licitación para este servicio en Puerto Cortés.
Según denunció la diputada suplente del Partido Liberal Karla Medal a través de su Twitter, en la sesión del 17 de diciembre se aprobaron convenios “millonarios a ciegas”, al tiempo que la sesión se suspendió unos minutos por fallas técnicas presentadas en la plataforma Zoom.
“Exijo sesiones presenciales. Por todo esto es que perdieron credibilidad”, dijo la abogada. “Es inaceptable estar dando contratos de manera directa y utilizando el Congreso Nacional para pagar favores políticos como patio trasero del Ejecutivo. Eso siempre lo denunciaremos”, dijo Medal, con relación a la nueva redacción del dictamen aprobado que faculta a la Administración Aduanera para que perciba y realice el cobro de servicios que se prestan por la inspección de seguridad de la carga de contenedores en Puerto Cortés.
Con relación a la denuncia de Medal, el abogado Rafael Jérez dijo que “nuevamente los diputados del Congreso Nacional violaron la Constitución de la República en la sesión de hoy. Aprobaron convenios sin discutir su contenido, en estricto derecho esos decretos son nulos”.
Proyectos
1- Oficio No.445-2021: enviado por la Presidencia, orientado al contrato de arrendamiento, suscrito el 18 de noviembre de 2021, entre la Empresa Nacional Portuaria (ENP), y la sociedad mercantil Adimex, S.A. de C.V.
2- Dictamen en único debate de la nueva redacción de la autorización del cobro de tarifa a cargo de los usuarios de los servicios de inspección de seguridad de la carga de contenedores. Facultar a la Administración Aduanera de Honduras para que perciba y realice el cobro de los servicios que se prestan por la inspección de seguridad de la carga de contenedores en Puerto Cortés una vez concluido el Contrato de Servicio de inspección de Seguridad de la Carga de Contenedores en Puerto Cortés.
Sin embargo, el diputado del Partido Nacional Samir Molina aseguró que no se está dejando ningún contrato “amarrado”, como han denunciado sectores.
Respecto a la facultad que se le aprobó a la Administración Aduanera de Honduras, el legislador explicó que la empresa que tiene el contrato está próximo a vencer, y que la Ley de Contratación del Estado hace especial referencia que cuando un contrato está pendiente de vencerse corresponde autorizar la extensión del plazo por seis meses mientras se realiza el proceso de licitación pública conforme a ley.
“Legislamos para ver cuál es la empresa responsable del recaudo de esta tarifa. Actualmente lo hace la ENP y con la reforma lo haría la autoridad aduanera”.
A solicitud del Ejecutivo, el CN aprobó en la misma sesión un contrato de arrendamiento suscrito entre la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y el representante legal de la sociedad mercantil denominada Adimex S.A. de C.V., el cual se suscribió entre las partes el 18 de noviembre, el cual tiene vigencia de 20 años.
Según el dictamen dirigido al Legislativo, la iniciativa “simplemente se trata del arrendamiento de una bodega” en el Puerto de San Lorenzo, Valle.
“Las cláusulas contractuales son claras, no se detecta por nuestra parte lesividad ni infracción alguna al ordenamiento jurídico ni perjuicio al ente arrendador ni al Estado de Honduras”, expone el documento del Ejecutivo.
El operador logístico Adimex es parte del Grupo Emco, que tiene la concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola.
También Adimex recibió, sin licitación, la terminal de carga del aeropuerto Ramón Villeda Morales, una acción que ha sido denunciada por empresarios.
