46 comisiones en 16 años: ¿qué gobierno ha intervenido más instituciones?

A tan solo un mes de haber tomado posesión, el gobierno de Nasry Asfura tendrá nueve comisiones -ocho que serán nombradas por el Poder Ejecutivo y una ya juramentada por el Congreso Nacional- para intervenir instituciones estatales bajo el argumento de solventar sus problemas, pero el funcionamiento de las interventoras han sido cuestionadas por su falta de efectividad en el pasado.

Estas nueve comisiones se suman a otras 37 que se habían juramentado en los últimos cuatro Gobiernos. Es decir, que en 16 años se han nombrado 46 comisiones interventoras en 36 instituciones, según un análisis realizado por la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium.

Este 2026 aparece como el año con más instituciones intervenidas, pues en el histórico solo se había reportado un máximo de cinco comisiones en 2012 y el mismo número en 2014.

En la gestión de Asfura se contabilizan ocho nombradas por el Ejecutivo: el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación (Senacit), el Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (Ihcieti) y el Ferrocarril Nacional de Honduras, Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (Ihadfa), Instituto de Crédito Educativo (Educrédito) y el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

A esta lista de la intervención, aprobada por el Congreso Nacional, se agrega la Universidad Nacional de Agricultura (Unag) integrada por Javier David López Padilla, quien la presidirá; Ramón Edgardo Cárcamo Rivera; Olvin Rigoberto Álvarez Rodríguez; Luis Alberto Mejía Cálix, y Ernesto Guillermo Cornejo Ortiz.

José Argueta, secretario de Comunicaciones, justificó que “son instituciones que no están dando el ancho de respuesta que el pueblo hondureño necesita, entonces hay que llegar, poner orden, reducirlas y eficientarlas”.

Este rotativo intentó contactarse con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, para profundizar más en los objetivos que se buscan cumplir con estas interventoras y el tiempo que estarán encabezando las instituciones, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

El Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) será intervenida por cuarta ocasión, siendo la institución a la que más comisiones se le han designado. Fue intervenida en 2011, 2021, 2022 y ahora en 2026, siendo hasta el momento la única institución a la que Nasry Asfura ya juramentó sus comisionados: Nelson Alonso Benavides, Josué Wilder Maldonado Velásquez y Luis Javier Menocal Funes.

La Secretaría de Salud se posiciona en el segundo puesto tras ser intervenida en 2012, 2013 y 2018.

Por otro lado, la ENEE, el Instituto de la Propiedad (IP), el Hospital Escuela y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) han sido intervenidas en dos ocasiones.

De igual forma, la Universidad Nacional de Agricultura (Unag) suma su segunda intervención, luego de que el Congreso Nacional juramentara la comisión el pasado 18 de febrero.

En 2007, en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, se tomó la determinación de intervenir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

En 2011, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa optó por intervenir cuatro entidades estatales, extendiéndose esta práctica en los años siguientes.

Del 2013, destaca la intervención al Ministerio Público (MP) ante las irregularidades dentro del órgano de persecución penal.

En 2014, la junta interventora más recordada fue la del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) tras destaparse el millonario desfalco de aproximadamente 7 mil millones de lempiras.

El artículo 98 de la Ley General de Administración Pública faculta al Poder Ejecutivo para "intervenir, total o parcialmente, todos los entes, órganos o unidades de la administración pública que operen con pérdidas, no cumplan con sus funciones o no presten adecuadamente los servicios para los cuales fueron creados".

El expresidente Juan Orlando Hernández en sus dos períodos de gobierno (2014-2018 y 2018-2022) fue quien más comisiones interventoras instaló, con un total de 18 que se desglosan en nueve juntas por cada mandato.

Su antecesor, Porfirio Lobo, nombró doce comisiones en su gestión del 2010 al 2014, siendo el segundo gobernante con más juntas delegadas.

Mientras tanto, el gobierno de Asfura acumula nueve instituciones intervenidas a un mes de haber asumido la presidencia, mientras que su antecesora, Xiomara Castro, juramentó 6.

La reiterada práctica de instalar juntas interventoras ha sido criticada por distintos sectores de la sociedad que exigen resultados visibles y que estos sean conocidos por la ciudadanía, cumpliendo con el principio de transparencia.

Omar García, experto en temas de gobernabilidad, manifestó que a lo largo de los años las comisiones interventoras terminan convirtiendo en "una herramienta de colocación de puestos improductiva, inútil y estéril", mencionando que a su vez estas dejan en un mal mensaje que refleja que no hay confianza con las autoridades actuales.

Recordó que las figuras interventoras fungen como auditores de la institución, pero reprochó que pese a este rol no haya claridad sobre sus alcances y logros en sus funciones.

"No se ha visto un informe oportuno que ratifique o sancione el desempeño de los funcionarios nombrados para el período constitucional o institucional en el que están en funciones", declaró.

Con esta postura coincidió el diputado liberal Carlos Umaña, quien opinó que "el tiempo ha dicho que no han surtido efecto en ninguna de las instituciones donde ha habido intervención. No he visto una comisión interventora que que haya dado resultados y siguen los problemas".

También cuestionó el alto costo que representa la masa salarial de los comisionados interventores, comentando que estos sueldos llegan a ser superiores que los de los mismos titulares de las instituciones. "Las juntas interventoras lo que engruesan son los gastos operativos porque ganan muy bien los interventores", arguyó el congresista.

Desde la perspectiva de German Leitzelar Vidaurreta, quien formó parte de juntas interventoras en el pasado, una intervención es consecuencia de un mal desempeño, por lo que la comisión tiene por objetivo auditar, verificar y eficientar el funcionamiento de la institución.

Además, consideró que en cierta medida las interventoras han sido "satanizadas", pero resaltó que si hay una preparación adecuada y una evaluación, los resultados pueden ser positivos.

"Una comisión interventora, si se ejecuta adecuadamente, si revisan procesos adecuadamente, si eficienta los procesos y hace un diagnóstico de una institución para que se pueda ejercer un plan de mejora, entonces esa intervención es positiva para efectos de los resultados de la secretaría", apuntó.

Agregó que si se interviene de manera improvisada, sin revisiones técnicas y sin una visión de mejorar derivará en un impacto negativo.

"Esto debe manejarse con toda una estructuración de pensamiento, con un objetivo específico, ya que de lo contrario no estamos ejerciendo una función positiva para efectos del gobierno", expresó.

A criterio de Omar García, es imperativo la presentación de informes por parte de las comisiones y que los comisionados deban cumplir con objetivos medibles. Asimismo, subrayó que el período de estos comisionados no debería superar los seis meses.

"Si nunca presenta un informe o el informe no sirvió para una toma de decisión de ratificación o de rectificación para quitar a los funcionarios, estamos ante una estrategia de lavar la cara a todo lo que es un mal desempeño administrativo", enfatizó.

No obstante, Umaña sostuvo que es mejor designar a una persona y un departamento técnico que evalúe la institución, presente los resultados al presidente Asfura y que a partir de ahí se tomen decisiones.