A partir de informaciones recabadas por la Comisión Interventora del Ministerio Público (MP), personal, entre administrativo y algunos fiscales, se habría enriquecido ilícitamente con fondos del erario y dineros privados.
La presidenta del órgano interventor, María Antonia Navarro, dijo que “hay indicios, hay indicios hasta ahorita” sobre casos de empleados del Ministerio Público que habrían amasado fortunas ilegalmente.
Se le consultó a Navarro cuántos casos han detectado de personas que se hicieron de un tesoro violando la ley, pero solo se limitó a decir: “Pues hay varios, hay varios, hay varios, en la parte de administración sobre todo, la parte administrativa es la que estuvo (más) en precario ahí”. La indagaciones sobre enriquecimiento ilícito son dirigidas por la comisionada interventora Ángela Madrid.
El enriquecimiento ilícito consiste en tener dinero y otros bienes que no puede justificar la persona y que se prueba mediante investigación del patrimonio de la persona.
En este tipo de casos se invierte la carga de la prueba, es decir, que es el sospechoso el que debe demostrar que sus haberes son lícitos, de lo contrario se le acusa penalmente.
Navarro aclaró que finalmente será el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el que tendrá que determinar si hubo enriquecimiento ilícito; aunque posteriormente es obligación del Ministerio Público presentar requerimientos fiscales en caso de que tengan todas las evidencias comprobadas. Hay otros delitos que se investigan por parte de la Comisión Interventora y mientras tanto no se pueden adelantar hallazgos, dijo.
“Estamos en la etapa de investigación, porque usted sabe que si hay indicios se tiene que investigar, uno parte de un indicio y hasta que haya plena prueba; pero estamos en eso, estamos en situaciones de recurso humano, de administración, de esto de evidencias”.
Polígrafo
La abogada Navarro contó que se hicieron 58 pruebas de confianza, principalmente de polígrafo, a fiscales titulares y especiales, agentes y personal de Medicina Forense como paso antes de hacer nuevos nombramientos.
Igualmente, en marzo pasado, el exfiscal general Luis Rubí realizó pruebas de confianza a personal de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico.
Navarro dijo sentirse sorprendida de que varios elementos sometidos al polígrafo admitieron haber incurrido en acciones irregulares.
“Lo que más nos llama la atención a la comisión, porque era algo que no esperábamos, son la admisiones, verdad, que la gente dentro de todo, fue honesta y dijo sí, yo admito haber hecho tal cosa”.
Al parecer, ciertos elementos, incluyendo fiscales, habrían admitido que han consumido drogas y que han tenido cierta relación con el crimen organizado, incluso con casos de sicariato, según reveló el diputado Tomás Zambrano.
Se conoció que los que admitieron algunas fallas evidentemente dijeron la verdad y por eso pasaron el polígrafo, pero otros resultaron reprobados, aparentemente el 25%.
“Como el polígrafo lo que mide son reacciones fisiológicas, si miente o no miente, verdad, hay algún porcentaje de reacciones significativas, reacciones significativas es que la gente mintió cuando se le hicieron preguntas”, remarcó Navarro.
La Comisión Interventora presentó la semana pasada su segundo informe de su gestión, que comenzó el 18 de abril y que luego de varias ampliaciones de su vigencia, se extendió el plazo por tiempo indefinido hasta que se nombre un nuevo Fiscal General.
Lino Mendoza confirma que hay ‘dudas razonables’
La guerra entre la Comisión Interventora del Ministerio Público y la Asociación de Fiscales de esa entidad está declarada, por ciertas dudas sobre el patrimonio de algunos fiscales y otras evidencias detectadas en pruebas de confianza.
Lino Tomás Mendoza, miembro de la Comisión Interventora, confirmó que sí hay sospechas de que algunos fiscales se han enriquecido ilícitamente, pero que el organismo gremial busca protegerlos.
Enfatizó en que hay “dudas razonables” sobre cuantiosas posesiones de ciertos fiscales por la forma en que las habrían adquirido.
“La Asociación de Fiscales del Ministerio Público está más interesada en proteger a (una) minoría de empleados del ministerio que a través de las pruebas del polígrafo, patrimonial y desempeño, salieron con dudas razonables tanto en el origen de su patrimonio como conductas reñidas con la ley y el orden”, expresó.
Mendoza hizo estos señalamientos en una carta pública difundida por correo electrónico. El salario mínimo de un fiscal es de 21 mil lempiras al mes en el caso de los que recién ingrese, pero otros que dirigen unidades perciben hasta 75 mil lempiras.
La Asociación de Fiscales, que preside Fabricio Erazo, anunció que impugnarían las pruebas de confianza por considerar que no se puede investigar el patrimonio de una persona ni someterse al polígrafo sin su autorización.
“Queremos orientar a los fiscales que tienen los recursos a su alcance, que la Asociación de Fiscales de Honduras va a presentar los recursos necesarios para hacer valer sus derechos”, dijo Fabricio Erazo en su momento.
