27/11/2022
12:01 AM

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¿Dónde están los L 160 millones para cárcel de La Acequia?

El último PCM que prorrogó hasta el 28 de febrero pasado la vigencia de la intervención del sistema carcelario ordena reasignar L528 millones para varias prisiones.

San Pedro Sula, Honduras.

Mientras ya no cabe un preso sampedrano más en las 25 cárceles que hay en toda Honduras, en la Capital Industrial ha resurgido la necesidad urgente de que el centro penal de La Acequia, concebido hace 18 años luego de aquel fatídico incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004 en el que murieron 107 reclusos, se concluya de una vez por todas.

Pese a que la obra llevaba significativos avances en su ejecución, no se mueve ni un tan solo clavo desde hace varios años en el proyecto ubicado a 31 kilómetros del desaparecido centro penal alojado entre los barrios Cabañas, Las Palmas y la avenida circunvalación, en pleno casco urbano sampedrano.

DETERIORO

En La Acequia hay cuatro módulos penitenciarios construidos. Toda la obra está paralizada desde 2017; la maleza y alimañas se han apoderado de las instalaciones.

Tras la recopilación de documentos y entrevistas, la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium constató que el gobierno pasado determinó mediante un decreto ejecutivo asignar 160 millones de lempiras a finales del año anterior para seguir la construcción del centro penal.

Sin embargo, el proyecto sigue paralizado y las fuerzas vivas veedoras del proceso se preguntan cuál ha sido el destino del dinero.

¿Qué pasó con el dinero?

La preocupación de no hallar qué hacer con los privados de libertad de San Pedro Sula hizo que autoridades de todas las instancias en la cadena judicial se unieran para averiguar las razones por las que el penal de La Acequia no se concluye.

UBICACIÓN

La nueva cárcel comenzó a construirse en 2017 y está a 31 kilómetros del predio donde funcionó por décadas la cárcel de San Pedro Sula ya desmantelada.

Fue así como la jueza de Ejecución, Marisa Burgos, planteó la gran interrogante: ¿Qué pasó con el dinero? La togada expuso que los fondos para concluir la cárcel de La Acequia, o parte de ella, fueron consignados en diciembre de 2021 en el decreto número 124-2021, que se emitió para prorrogar (por segunda ocasión) hasta el 28 de febrero recién pasado la intervención del Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores a cargo de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), entonces dirigida por el general de brigada, Mario Arnoldo Bueso Caballero, en tanto que los centros penales los dirigía Rony Javier Portillo.

Dicho decreto también ordena “reasignar la totalidad de los fondos a que hace relación el artículo 3 numeral 7, literales del a al d, inclusive, del PCM 068-2019 reformado en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo PCM 102-2020 publicado en La Gaceta del 31 de diciembre de 2021 para la terminación de diseño, construcción y equipamiento del Centro Penitenciario Regional de San Pedro Sula, ubicado en La Acequia, Quimistán, Santa Bárbara”.

Justamente ese decreto reformado con fecha del 31 de diciembre de 2021 establece que el monto para La Acequia son 160 millones de lempiras y ahora se desconoce si el dinero ya se usó o no fue desembolsado.

Documentos a los que tuvo acceso La Prensa Premium.

Dicho decreto también otorga presupuestos para otros proyectos del sistema carcelario, que en conjunto suma un monto de L528 millones, que no se sabe si fueron asignados o si se invirtieron tal y como lo establece el decreto.

Urgencia

Para la jueza Burgos, el sistema carcelario está de nuevo en emergencia y urge que la cárcel de La Acequia se finalice. Añade que la Comisión de Justicia Penal integrada por el Ministerio Público y todos los jueces de Letras Penales se han unido para exigir la conclusión de la penitenciaría, porque se han visto en medio de una seria problemática relacionada al entorpecimiento del debido proceso judicial.

En vista de que los 3,000 reos de San Pedro Sula están dispersos en los 25 centros penitenciarios del país, se les dificulta asistir a las audiencias.

En vista de que los 3,000 reos de San Pedro Sula están dispersos en los 25 centros penitenciarios del país, se les dificulta asistir a las audiencias.

DOCUMENTOS

1. El 16 de diciembre de 2020 se publicó en La Gaceta el PCM 068-2019 (el primero) que ordena declarar estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional. Además, ordena intervenir por un periodo de seis meses las cárceles nombrando para tal fin a una comisión interventora integrado por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina). Debía elaborar un plan de reestructuración del sistema carcelario.

2. En un nuevo decreto (el segundo) publicado en La Gaceta el 31 de diciembre de 2020 mediante el PCM 102-2020, se prorrogó la intervención del Sistema Penitenciario Nacional hasta el 31 de diciembre de 2021. En el numeral 7, del artículo 3, se precisa la designación de hasta 160 millones de lempiras para la habilitación y puesta en operación de al menos dos módulos en el Centro Penitenciario de Naco, Cortés, (La Acequia).

3. En un tercer decreto ejecutivo, el 124-2021, se prorrogó la intervención del Sistema Penitenciario Nacional hasta el 28 de febrero de 2022. Este fue publicado en el diario oficial La Gaceta con fecha del 27 diciembre de 2021.

4. En el artículo 2 del último decreto se ordena “reasignar la totalidad de los fondos a que hace relación el artículo 3 numeral 7, literales del a al d (...) para la terminación de diseño, construcción y equipamiento de la cárcel de La Acequia, ubicada en Quimistán, Santa Bárbara.

5. Se autorizó al Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa efectuar la transferencia del primer trimestre del Ejercicio Fiscal de 2022.

De esos 3,000 reos, que si ya se suman todos los de Cortés hacen un gran total de 5,000, al menos 1,000 están en la cárcel de Siria, es decir, la de El Porvenir, Francisco Morazán, una de las más distantes de los tribunales sampedranos.

“No nos trasladan a los privados de libertad a las audiencias y el juicio se dificulta porque el Instituto Nacional Penitenciario (INP) no tiene la logística y se le vulneran varios principios a ellos. Si los traen, por ejemplo de Támara, vienen en ‘cordillera’. Eso que significa, que viene parando porque traen reos para varios lugares y la audiencia que era para las 9:00 de la mañana no se realiza porque el privado de libertad llegó a las 2:00 de la tarde. Eso hace que los juicios se terminen reprogramando” .

Otra situación similar se da con el centro penal de El Progreso. Debido a que es pequeño y está sobrepoblado, únicamente es utilizado para llevar a los reos sampedranos en los primeros seis días del proceso penal (hasta la audiencia inicial).La jueza añade que por esta razón principalmente “es necesaria la cárcel de La Acequia, porque habría más celeridad en las audiencias.

Los juzgados de letras penales, lo que hacían era, como no mandaba al privado de libertad, siempre realizaban las audiencias. Entonces cualquier abogado podría venir y meter un recurso porque es un derecho del imputado estar presente en todas sus audiencias y más cuando se presenta la carga probatoria”.

Aunque reconoce los esfuerzos del INP para que los reclusos puedan continuar con sus procesos judiciales, especialmente los que están en cárceles cercanas, ve oportuno exigir la construcción de La Acequia.

Añade que también, muchas familias al ser de escasos recursos, no pueden viajar a otros departamentos a visitar a sus familiares. Eso ha hecho que se rompan más los lazos, y cuando no hay lazos familiares, estas personas quedan a la deriva y es ahí donde incrementa la reincidencia de la delincuencia.

La togada se ha dado a la tarea de averiguar qué ocurrió con los recursos ordenados para concluir la cárcel y con varias órdenes judiciales que se dieron a las pasadas autoridades del INP.

Instó al Ministerio Público a revisar que pasó para proceder contra aquellos funcionarios o exfuncionarios que no han cumplido con sus deberes, pese a las disposiciones judiciales.

Son varias las voces que se han unido para reclamar la conclusión de la prisión que comenzó a ser edificada antes que El Pozo en Santa Bárbara y La Tolva en El Paraíso, ambas ya en funciones y con la población carcelaria al tope. A la de la jueza Marisa Burgos también se ha unido el propio director de Centros Penales, el comisionado policial Otoniel Castillo Lemus.

Hace unas semanas, él junto con una comitiva, en la que está también Burgos, visitó el recinto con el fin de ver qué falta por hacer para poder concluirlo o al menos una parte. “Queremos hacernos una idea de cuánto más o menos se puede ir en esa obra. Lo cierto es que falta mucho billete”, afirmó de entrada.

Castillo Lemus señaló que el plan primordial es terminar la cárcel, ya que hace falta, y al de La Acequia, jurisdicción de Quimistán, Santa Bárbara, ya se le ha invertido mucho. De concretarse todo el proyecto, La Acequia tendría capacidad para 1,200 reclusos de mínima seguridad. Tendría la clasificación de granja penal, ya que cuenta con suficientes tierras para hacerla productiva.

Solo de San Pedro Sula hay más de 3,000 privados de libertad dispersos en las 25 cárceles del país, aunque en La Acequia solo estarían los presos que tengan perfil de mínima seguridad. Pese a que la obra se avanzó, Lemus no entiende por qué la obra no continuó hasta ser finalizada.

“Estamos con hacinamiento y sobrepoblación desde hace mucho. Es necesario el penal de La Acequia. Solo Támara tiene 5,000 privados de libertad. El Pozo está en su capacidad. Entonces estamos haciendo análisis para empezar a gestionar para ver cómo obtenemos recursos o habilitar una parte”, manifestó Castillo.

Urgencia

El director de Centros Penales reclamó que el centro penal es urgente, pero no tiene los recursos para su término. “Es injusto que con tantas necesidades que tenemos, porque no hay recursos financieros, estén esas instalaciones ahí pudriéndose. El desuso deteriora y daña más”. Castillo es enfático al decir “no tengo fondos para eso”.

Y los que recién le asignaron son para mover de lugar el penal de La Esperanza, Intibucá, que está en medio del pueblo para las afueras. Respecto al de La Acequia, ya se reunió con el alcalde Roberto Contreras, quien prometió apoyar a manera de colaboración con la limpieza del predio, ya que si bien este será para reos de la ciudad, el recinto no está en su municipio.

La jueza Marisa Burgos y el director del INP, Otoniel Castillo.

“Tengo que organizar una mesa interinstitucional. El equipo de infraestructura me está haciendo un estudio a ver si es factible. No tenemos idea de cuánto costaría terminarlo, pero son varios millones. Calculo que de 500 millones para arriba. Eso es lo que me cuesta un penal nuevo”, afirmó.

Respecto al reclamo de la constructora de pagos incumplidos por la construcción de la obra, Castillo Lemus prefirió no hablar. “Eso es un asunto de ellos con la gente de la Tasa de Seguridad”. “Voy a ver si podemos aspirar a por lo menos habilitar unos módulos. De acuerdo con el estudio que haga el equipo de infraestructura, voy a organizar una mesa interinstitucional de trabajo”.

Añadió que la cárcel de El Progreso, Yoro, enfrenta grandes problemas porque es la que recibe a los reos sampedranos en los primeros seis días del proceso (prisión preventiva) y ya desbordó sus capacidades.

Situación del penal

En vista de que las obras en la cárcel se encuentran paralizadas, las autoridades intentaron ingresar para limpiar y poder evaluar qué se ha hecho.

La obra está cerrada desde 2018 y dos guardias custodian las instalaciones, ya que por todo el predio, de al menos 22.89 manzanas de terreno, hay materiales de construcción como varillas de acero, tuberías e incluso herramientas.

La jueza, respecto a la situación de la construcción, dijo que al llamar a audiencia a las autoridades penitenciarias del Gobierno pasado e indagar sobre por qué no se cumplían las resoluciones emitidas y la finalización de la cárcel de La Acequia se les informó de una deuda con la compañía constructora que ejecutó las obras, una vez que el proyecto dejó de ser manejado por la Fundación para Construcción del Centro Penitenciario, que desde 2004 lideraba el exobispo auxiliar monseñor Rómulo Emiliani.

“La última vez que se hicieron modificaciones en La Acequia fue en 2017. Desde entonces, este proyecto está abandonado. Actualmente, el alcalde Roberto Contreras ofreció un voluntariado para la limpieza porque está todo enmontado. Los empleados municipales ya habían comenzado a limpiar y la empresa de seguridad los sacó y no pudieron continuar.

La constructora dice que ellos terminaban de construir la cárcel si les pagaban 800 millones de lempiras. Ahí es donde INP debe resolver eso porque el dinero que se ha dado no se refleja. Ellos han dicho al INP que terminan todo, si les pagan 800 millones, pero eso no está valorado en L800 millones. A la constructora se le dio el proyecto con infraestructura ya comenzada.

Ya tenía varios contenedores, ya se había hecho trabajo de terracería, todas las celdas tenían sus puertas. Ellos las quitaron y pusieron puertas gruesas como que fueran de máxima seguridad y rebozaron las paredes con cemento”, expuso. Añade que como jueces de ejecución “exigimos a ellos -autoridades penitenciarias- que nos den respuesta sobre este desembolso de L160 millones que se ordena ejecutar en ese fideicomiso”, recalcó.

Cabe recordar que el Estado de Honduras está obligado a construir y concluir el penal de La Acequia también en cumplimiento a la condena de que fue objeto por parte de la Corte Interamericana de Justicia, derivada del incendio donde fallecieron los 107 reos y que llevó a la idea de edificar una nueva cárcel. En esta obra ya se han invertido más de 200 millones de lempiras.