Campesinos quieren las tierras de la Oabi, pero la mayoría están en litigio

Solo en el Bajo Aguán, siete fincas que fueron incautadas a estructuras de narcotraficantes han sido tomadas por grupos campesinos que han comenzado a cuidarlas, pero ilegalmente, pues no tienen la propiedad legítima de las mismas.

Lo mismo ha pasado en otras zonas como Namasigüe en Choluteca, donde varios grupos de campesinos tienen tomada una propiedad que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) había dado en arrendamiento.

En tanto, en Gracias, Lempira, campesinos fueron desalojados el 30 de junio por orden de un juzgado de una propiedad que alegan fue asegurada y que había sido tomada para cultivarla y vivir.

Algunas de las fincas y áreas de cultivos han sido tomadas luego de que el diputado Jari Dixon (Libertad y Refundación, Libre) introdujo un proyecto de ley encaminado a que todas las tierras incautadas por la Oabi pasen a propiedad de grupos campesinos de Honduras.

Sin embargo, esas tierras deben tener sentencia firme del Juzgado de Privación de Dominio para ser pasadas al Instituto Nacional Agrario (INA), que sería el encargado de la adjudicación de las tierras cultivables.

El proyecto de ley anunciado en marzo generó esperanzas a los campesinos, aunque posibles problemas legales porque varios grupos han tomado las propiedades.

Incluso, en dichos bienes se encuentran las personas a las que la Oabi les rentó las tierras y los grupos de campesinos que están apostados.

Pero el proceso va lento, pues la Oabi y la comisión de dictamen deben presentar con exactitud las propiedades incautadas con sentencia firme y aún no hay datos exactos.

La Unidad de Investigación de Datos de LA PRENSA Premium, mediante la solicitud de transparencia a la Oabi SOL-OABI-126-2022, accedió a la base de datos de propiedades aseguradas y que tienen bajo su análisis.

Los datos proporcionados corresponden a los bienes asegurados desde 2010 a 2021, que fueron asegurados con orden de un juzgado y pasaron a la administración de la Oabi.

En el análisis se establece que las casas son los principales inmuebles que se han asegurado en los últimos 12 años, al representar el 44% de los casos.Los terrenos ocupan el segundo lugar en los datos analizados, siendo el 16% de todos los bienes.

El tercer lugar de las propiedades más aseguradas lo ocupan los predios baldíos, que son aquellos de pocas extensiones en los que no hay cultivos, ni edificaciones ni son utilizados y representan el 11%.

En los últimos 12 años han sido aseguradas 944 viviendas, 351 terrenos, 250 predios baldíos, 124 haciendas, 52 fincas y 114 terrenos con mejoras, indica el informe.

En la base de datos, el equipo de datos de LA PRENSA Premium encontró que el 17% de los terrenos incautados están en el departamento de Cortés (61).Casi en el mismo porcentaje (17%) está Colón, pero en números absolutos tiene un predio menos que Cortés, es decir, 60.

Mientras tanto, una mirada más profunda devela que Catacamas, Olancho, es el municipio donde más terrenos han sido incautados y están en poder de la administración de la Oabi en los últimos 12 años.

Tocoa, en Colón, figura como la segunda zona donde han incautado más terrenos con el 9% el total.

El diputado Jari Dixon expresó que el proyecto de ley está encaminado a que las tierras incautadas por el Estado, y que son administradas por la Oabi y que tengan sentencia definitiva, pasen al INA para que pueda distribuirlas entre los grupos campesinos.

“Esto podría aliviar el conflicto agrario que se ha venido dando por muchos años y si estas tierras ya permanecen al Estado, no veo yo, ningún problema que sean repartidas a grupos campesinos para que las trabajen de manera colectiva”, consideró.

Agregó que se debe prohibir la comercialización, pues en el pasado se han terminado vendiendo y se forma un conflicto.Lo que procede es que la comisión dé un dictamen y sea sometido a discusión en el Congreso Nacional, aclaró.

Dixon dijo que la Oabi es la institución que dará la información de los lugares que tienen ese tipo de tierras, y algunas han sido tomadas por campesinos, “pero hay que tener mucho cuidado con esto porque lo que queremos es orden y solo el INA podrá adjudicarlas”.

“Tenemos un informe preliminar de las tierras en diferentes departamentos donde se han asegurado bienes de personas involucradas en crimen organizado, por lo que la propuesta es que si hay 20 manzanas de una zona de campesinos que no tienen donde cultivar, se les debe dar”, expuso.

Jorge González, director de la Oabi, expresó que trabajan en el detalle de cada una de las propiedades, porque el informe debe estar listo una vez el Congreso Nacional reanude sus sesiones.

Se conoció que la Oabi tiene menos tierras en comiso o que ya pasaron al Estado que las que están en litigio aún y no tienen sentencias firmes del Juzgado de Privación de Dominio.

El coordinador de la Plataforma Agraria, Jaime Cabrera, dijo que está costando llegar a una ley para favorecer a los campesinos con las tierras incautadas.

“Lo que están haciendo es planear desalojos como el que en esta semana (a finales de junio) ocurrió en el Bajo Aguán, llegaron 500 policías con una orden judicial”, denunció.

Enfatizó que esa propiedad de 500 hectáreas ubicada en Guascun en Santa Rosa de Aguán era de la familia Rivera Maradiaga, pero ahora Óscar Nájera la reclama aduciendo que la tiene en arrendamiento, pero los grupos campesinos están cultivando en ella.

Cabrera recalcó que desde hace varios años han pedido esas tierras “y ahora que ya firmamos convenios con una comisión de ministros ordenada por la presidenta se llegó a un acuerdo para lograr la adjudicación legal”.

Los campesinos dicen que están expuestos a los desalojos, los cuales han podido parar con diálogo con las autoridades, pero no pueden estar en esos pleitos, por lo que piden la agilización del dictamen de las tierras en poder de la Oabi para que el proyecto de ley entre a discusión en el Congreso Nacional.