L1,110 millones en equipos del aeropuerto internacional Palmerola siguen apagados

Los pilotos que aterrizan en el aeropuerto internacional de Palmerola, en la ciudad de Comayagua, lo hacen bajo condiciones visuales, tanto de día como de noche, lo que implica que no cuentan con asistencia tecnológica para aterrizajes y despegues.

Aunque los sistemas de aproximación —que ayudan a guiar las aeronaves con precisión, especialmente en condiciones de baja visibilidad— fueron instalados hace dos o tres años, siguen sin funcionar. Esto plantea riesgos operativos y de seguridad aérea, además de evidenciar una posible negligencia del Gobierno.

Fue el excongresista estadounidense Matt Gaetz el que expresó su preocupación porque los radares permanecen apagados, a pesar de ser de última tecnología y haber sido donados por el gobierno de España.

El equipo de LA PRENSA Premium tuvo acceso a documentos que confirman que las empresas españolas encargadas de las obras complementarias para garantizar la seguridad operacional en Palmerola cumplieron con sus contratos.

Las compañías especializadas entregaron los proyectos a Mauricio Ramos, exministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), pero este no siguió los procedimientos para traspasar las obras al concesionario Palmerola International Airport (PIA), denunciaron sus ejecutivos.

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Actualmente, Palmerola cuenta con una moderna torre de control equipada con instrumentos de última generación, radares y sistemas de navegación aérea que permanecen en deterioro desde hace más de dos años, sin estar al servicio de pasajeros ni de las operaciones militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos y de la Academia Militar de Aviación de la Fuerza Aérea Hondureña.

Se estima que en todos los proyectos de operación del aeropuerto se invirtieron más de 45.5 millones de dólares —unos 1,100 millones de lempiras— provenientes del Programa de Conversión de Deuda con el Gobierno de España.

La empresa U.T.E. Consorcio Elecnor-Sampol ejecutó varias obras: la central eléctrica y los anillos (14.5 millones de dólares), el balizamiento (5.4 millones), la torre de control (7 millones) y el edificio de bomberos (2.9 millones).

Asimismo, la firma Indra Sistemas S.A. se encargó del equipamiento de la torre (2 millones) y Elecnor S.A. instaló sistemas de vigilancia y ayudas a la navegación (3 millones).

Fernando Pinzón, gerente de Ingeniería y Mantenimiento de PIA, explicó que la central eléctrica recibe energía de la Enee y la distribuye en 15 subestaciones del aeropuerto, pero no funciona, lo que impide encender las luces de pista y otros equipos.

Respecto al balizamiento, Pinzón detalló: “Básicamente, esas son las luces de pista, mismas que ya están instaladas y entregadas desde el 23 de septiembre de 2022, pero la SIT no las puso en funcionamiento para entregárselas al operador”.

También señaló que los equipos instalados son de “marcas top” utilizadas en aeródromos de primer nivel, pero permanecen sin operar. Otro caso es el sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS categoría 1), instalado desde 2022, pero sin certificación final, pues nunca se realizó el vuelo de verificación.

Al momento de la apertura sí se entregaron las pasarelas de embarque, adquiridas por 4.1 millones de dólares a la empresa TK Airport Solutions S.A.

“Desde el inicio de operaciones anticipadas las tenemos bajo nuestra responsabilidad”, aseguró Pinzón. El experto advirtió que las aerolíneas cuestionan cómo el aeropuerto cuenta con equipos de última generación instalados, pero en desuso, mientras se emplean soluciones provisionales que reducen la confiabilidad y seguridad de las operaciones.

La situación afecta incluso la estación depuradora de aguas residuales, aun sin entrega oficial, lo que incumple parámetros ambientales nacionales.

Erick Spears, representante legal de PIA, explicó que al no poner a funcionar los sistemas, las aerolíneas son las más perjudicadas, pues deben gastar entre 15 y 20 minutos adicionales en tiempo y combustible al desviarse hacia Toncontín. Además, Palmerola no logra la categoría 1 en seguridad internacional.

Spears acusó al exministro Ramos de “omisión de deberes” al ignorar más de 200 oficios, lo que derivó en una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

“¿Cuál es una de las reclamaciones propias de nosotros? Es que nos entreguen las obras, -pero- en aquel momento nosotros no sabíamos que ya estaban recepcionadas por parte de ellos”, luego la embajada de España comunicó fueron entregadas desde 2022.

Con el actual ministro de la SIT, Octavio Pineda, se firmó un memorándum de entendimiento el 20 de enero de 2024. Inicialmente, PIA retiró la demanda en el Ciadi, pero el proceso se estancó, ya que las obras llevan años sin operar y ahora requieren inversiones adicionales para certificarlas.

El ministro Pineda reconoció que “mucho del deterioro se debe a malas decisiones anteriores” y que las obras “debió hacerlas el concesionario, no el concedente”.

Confirmó que firmó el memorándum de entendimiento para poner en funcionamiento la terminal de carga y PIA retiró la demanda ante la CIADI, mientras que para 2025 se hizo un acuerdo entre partes que hablan específicamente de las entregas, pero para que estas obras se terminen, se tienen que invertir aproximadamente entre un millón a 1.5 millones de dólares.

El financiamiento para esas obras debería ser del fondo de ayuda de España por medio del BCIE o del fideicomiso, pero la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP) les señala que ese acuerdo es nulo y los amenazó con denunciarlos ante el Ministerio Público (MP).

Mario Ayala, superintendente de la Superintendencia de la Alianza Público-Privada (Sapp), declaró que el proyecto aún no ha seguido el trámite administrativo requerido, que implica revisión en la Secretaría de Finanzas y dictamen antes de su aprobación en el pleno de la Sapp.

Dijo que está consciente que las obras deben ponerse a punto, pero se necesitan las fuentes de financiamiento que pueden ser propias, por medio del programa de Conversión de Deuda de España a Honduras que tiene unos fondos en el BCIE o puede ser también con fondos del concesionario, siempre y cuando se determine la forma de repago.