Tegucigalpa, Honduras.
La Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula desestimó un reclamo de la Procuraduría General de la República para la anulación de títulos de dominio otorgados en el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales a favor de cinco organizaciones campesinas en los predios cercanos al aeropuerto Ramón Villeda Morales.
La resolución es un fuerte golpe al Estado que pretendía recuperar varias manzanas de tierras aledañas al aeródromo sampedrano con fines de utilidad pública para la ampliación y mejoramiento de la pista de despegue y aterrizaje y de las plataformas de estacionamiento de las aeronaves.
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| Las claves del caso
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El fallo favorece a los miembros de las empresas asociativas campesinas de producción La Mesa, Puerto Escondido, Santa Venecia e Independiente Ramón Villeda Morales.
En su parte resolutiva, la sentencia declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Javier Esaú Reyes Reyes, quien actuó en su condición de apoderado y procurador judicial del Estado de Honduras, contra el auto definitivo de fecha 16 de octubre de 2018, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en la demanda ordinaria de nulidad de títulos de propiedad en dominio pleno de varios inmuebles promovida en contra del Instituto de la Propiedad y demanda de reivindicación de dominio contra las empresas asociativas antes citadas. En noviembre de 2016, el Instituto de la Propiedad (IP) inició las acciones legales para anular los títulos de propiedad de unas 100 manzanas de tierras aledañas al aeropuerto Ramón Villeda Morales, adjudicados a las citadas asociaciones campesinas.
Con esta acción el Estado de Honduras y la concesionaria del Ramón Villeda Morales, Aeropuertos de Honduras, buscaban ejecutar una serie de obras para ampliar la pista de la terminal de 2,800 a 3,300 metros y mejorar el área de estacionamiento de las aeronaves, entre otras.
Con ello se buscaba recibir aerolíneas con mayor envergadura y con tráfico continental.
Casación.
José Noé Cortés, titular del IP, dijo que no estaba enterado de la resolución judicial porque la misma estaba siendo promovida por la Procuraduría General de la República; pero indicó que todavía le quedaba al Estado el recurso de casación. “Este es un caso viejo y lo que puedo decirle que es una reclamación que hizo la PGR alegando que en su momento los procedimientos de regulación habían sido hechos de manera irregular”, recordó. La resolución de la Corte de Apelación manda que se notifique esta sentencia a las partes y que al estar firme, con la certificaron de estilo se devuelva al Juzgado de su procedencia.
