El elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas y remitido al Ministerio Público, extrañamente minimizado por el fiscal general. Tal documento revela fehaciente y detalladamente, con respaldo de auditorías y documentación, los entendimientos, subterfugios y maniobras ejecutadas por el entonces ministro de Desarrollo Social (Sedesol); Isis Cuéllar, diputada por Copán, y sus asistentes, para desviar millonarias sumas -supuestamente a ser invertidas en ayudas sociales diversas-, carentes de criterios técnicos verificables, pero en verdad destinadas a promover campañas políticas de miembros del partido hoy en el poder en ese departamento occidental, y otras para beneficio personal de parientes y amistades de la señora Cuéllar, quien de manera desafiante continúa activando con esos propósitos, pese a estar suspendida de sus funciones por decisión interna emanada de quienes controlan al partido Libre.
Ahora, tanto Cardona como Cuéllar intentan lavarse las manos, desligándose de sus responsabilidades en el desempeño de sus respectivos cargos. Se requiere de una alta dosis de cinismo y carencia de ética para pretender desconocimiento de las interioridades, culpando de lo sucedido a terceras personas.
No obstante, el conjunto de pruebas aportadas por el Tribunal Superior de Cuentas son contundentes y esclarecedoras realizadas con verdadero profesionalismo.
Una serie de estratagemas fueron implementadas a efecto de ocultar ante cualquier investigación las interioridades de la sórdida trama, al punto de instruir a las personas supuestamente beneficiadas con fondos respecto a cómo responder a las indagatorias del TSC.
¿Tratará el fiscal general, Johel Zelaya de ganar tiempo, dándole largas a los requerimientos fiscales o, por el contrario, procederá a cumplir con su deber y obligaciones a la brevedad?
La opinión pública cuestiona el hecho de que se investigan acciones ilícitas cometidas por altos funcionarios de anteriores administraciones, pero no a casos de corrupción cuya autoría corresponde a jerarcas del actual gobierno, incluyendo al exvicepresidente del Congreso Nacional y cuñado de la titular del Poder Ejecutivo.
La justicia debe ser absolutamente imparcial, otorgando a cada quien lo que en derecho le corresponde, y no de manera selectiva y discriminatoria. Como profesional de las ciencias jurídicas, el fiscal general bien lo sabe, se aprende en las aulas y es enfatizado por los distintos docentes de esa profesión universitaria.
El valioso informe del TSC contribuye a desenredar la madeja confeccionada por redes conspirativas. Vano intento, las pruebas hablan por sí solas, son contundentes y despejan cualquier intento de ocultamiento y desviación.
