Tegucigalpa, Honduras.
Una instrucción emitida por autoridades educativas en el departamento de Copán ha encendido alarmas entre sectores vinculados al proceso electoral, luego de que el director departamental de Educación ordenara a los directores de centros educativos entregar las instalaciones seleccionadas como centros de votación directamente a las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.).
La disposición, enviada por escrito y con fecha del 21 de noviembre de 2025, contradice lo establecido por la Ley Electoral, que asigna a los Consejos Departamentales Electorales (CDE) la responsabilidad de recibir y administrar los edificios donde se desarrollarán los comicios del próximo 30 de noviembre.
El documento divulgado públicamente y firmado por José Manuel Paz Espinoza, director departamental de Educación de Copán, instruye a los directores municipales a mantener la custodia de las llaves de los centros educativos y entregarlas “únicamente a las Fuerzas Armadas de Honduras”, bajo el argumento de cumplir el párrafo tercero del artículo 272 de la Constitución, referente al papel de las FF. AA. en la custodia del orden y la seguridad durante procesos electorales.
“Las llaves de los centros educativos seleccionados para centros de votación (...) deben tenerlas bajo su custodia y realizar entrega únicamente a las Fuerzas Armadas, quienes coordinarán el proceso de abrir cada centro de votación”, señala la carta oficial.
La instrucción, sin embargo, choca con lo que establece de manera explícita la legislación electoral vigente, que designa al CNE , a través de los Consejos Departamentales y Municipales Electorales, como las instancias responsables de recibir los establecimientos donde operarán las Juntas Receptoras de Votos.
La situación ha provocado preocupación entre observadores del proceso y actores políticos, quienes advierten que una modificación informal del procedimiento podría generar tensiones y abrir la puerta a cuestionamientos sobre el control logístico del día de la votación.
Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este nuevo lineamiento emanado del sistema educativo.
La instrucción se está replicando en otros departamentos, según reportes preliminares de docentes, directores y personal administrativo, lo que podría convertir la controversia en un asunto de alcance nacional.
A falta de claridad institucional, el debate se centra ahora en determinar quién debe recibir formalmente los edificios educativos: si las Fuerzas Armadas, como instruyen los oficios departamentales, o los Consejos Electorales, como dicta la ley.
Mientras tanto, a menos de una semana de las elecciones generales, la controversia añade una nueva tensión a un proceso electoral que ya enfrenta fuertes cuestionamientos y un ambiente político polarizado.
