Con esas palabras concluye la denuncia presentada por el gerente de la sucursal en la ciudad de Gracias, Lempira, de Horizonline Investment Group (HLV), Josué Portillo.
El denunciante ha detallado que alrededor de un millón de personas en distintos puntos de nuestro país fueron víctimas de los anzuelos con los que la empresa para la cual él trabajaba atrajo “inversionistas”, garantizándoles elevadas ganancias en tiempo récord a cambio de depositarle dinero.
Los intentos de las y los estafados por recuperar su dinero han sido en vano, al verificar que las plataformas digitales instaladas por los organizadores de esta trama están bloqueadas, solicitando un pago adicional para desbloquear las cuentas bancarias de las y los afectados.
De nueva cuenta, compatriotas residentes en los departamentos de Lempira, Copán y Santa Bárbara confiaron en tales promesas y hoy lamentan haber sido víctimas de otro esquema piramidal similar a los organizados en años recientes en la Costa Norte.
Todo indica que las lecciones derivadas de la mega estafa denominada Korium no fueron suficientes para, de una vez por todas, alertar a las personas que están siendo esquilmadas, pese a la infinidad de advertencias que se hicieron entonces a la población.
Cabe preguntarse, igualmente, hasta cuando la población adquirirá la suficiente madurez y sensatez para evitar ser atrapados en las redes criminales de formas y estrategias delictivas disfrazadas bajo fachadas de aparente legalidad, en contradicción abierta con la transparencia y el debido rendimiento de cuentas.
El accionar de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que se limita a emitir recomendaciones relativas a asegurarse de que cualquier entidad financiera se encuentra debidamente autorizada por ella, debería ser más agresivo.
El Ministerio Público, por su parte, debe actuar con la celeridad que este nuevo caso de estafa amerita, antes de que los depósitos sean trasladados al exterior. Para ello se requiere que las y los afectados presenten denuncias debidamente respaldadas por documentación pertinente.
Queda evidenciado, nuevamente, que las y los hondureños de distinto nivel socioeconómico y educativo no poseen elementos básicos de una educación financiera que permita evaluación y análisis de las múltiples ofertas por parte de grupos y personas diestras en prometer, incumplir y evadir a los agentes estatales encargados de proteger a las personas en sus vidas y haberes.
La inseguridad y zozobra cotidiana en que vivimos agrega otro elemento desestabilizador al ambiente prevaleciente, con consecuencias devastadoras para miles de familias de nueva cuenta impactadas en sus recursos económicos.
Las protestas y desplazamientos masivos -con toma de carreteras que afectan la libertad de locomoción- no constituyen la forma correcta de hacerse escuchar a efecto de canalizar sus denuncias -por demás legítimas- ante los órganos del sector público a cargo de nuestra protección y seguridad.
