Tanto la inseguridad jurídica como la personal se encuentran cada vez más indefensas ante los ataques en contra de la propiedad privada y la comunal por parte de invasores dirigidos por agitadores profesionales que se lucran azuzando y manipulando a compatriotas de bajos ingresos, intentando justificar su accionar delictivo con el argumento de que se trata de “recuperaciones”.
No solo en el departamento de Colón, también en Cortés, Yoro, Atlántida, ocurren cada vez con más frecuencia, afectando tanto a compatriotas como a extranjeros, que han invertido capitales, sea con fines de inversión o para radicarse en nuestro país.
Tal es el caso de jubilados canadienses que adquirieron tierras en Trujillo y han decidido retornar a su país al ser invadidas sus propiedades por hombres armados que pueden estar vinculados con el narcotráfico.
Por su parte, la casa de playa de la ministra de Turismo en el Triunfo de la Cruz igualmente ha sido ocupada por extraños.
En México radican más de un millón de ciudadanos estadounidenses, atraídos por los precios moderados de la tierra, vivienda, medicamentos en comparación con los de su país, sin ser molestados ellos y sus bienes.
En Costa Rica, centenares de personas de la tercera edad procedentes también de los Estados Unidos optaron por trasladarse a la hermana nación centroamericana, acogidos por el clima, democracia imperante en su sistema político y por ser favorecidos con la exención de impuestos de diverso tipo.
El hecho de que los montos de inversión nacional y foránea se han contraído en Honduras, al igual que el cierre de empresas, no es algo casual; por el contrario, la violencia indiscriminada más la incertidumbre imperante se combinan para generar tan calamitosa condición, que contribuye igualmente en la reducción de puestos de trabajo, elevando más la estadística de desempleo abierto.
Las recientes declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, son decepcionantes, para decirlo de manera cortés: se limita a deplorar tales invasiones y afirmar que “se debe seguir trabajando” (sic).
El hecho es que el Poder Judicial no está interviniendo para encontrar soluciones prontas y definitivas en la problemática agraria, ajustadas a Derecho. Tal pasividad milita y contribuye a la inacción y a la pasividad estatal en vez de actuar de oficio.
