La Ley de Inquilinato de Honduras fue creada hace 60 años, por lo que diversos sectores consideran que debe ser reformada para ajustarla a la situación actual de las rentas en el país.
Uno de los principales aspectos que, señalan, debería regularse es el cobro en dólares, tomando en cuenta que la moneda de curso legal en Honduras es el lempira. Otra de las situaciones que, a su criterio, debe atenderse son los altos costos de alquiler, especialmente en las grandes ciudades, donde los precios han mostrado un incremento constante.
En Honduras, el déficit habitacional supera 1.6 millones de viviendas. De los 2.6 millones de viviendas existentes en el país, 463,659 están alquiladas. El alquiler representa la segunda forma más común de tenencia de vivienda; del total de inmuebles arrendados, el 89.1% se ubica en áreas urbanas, en parte por la movilidad de la población por razones familiares, académicas y laborales, entre otras.
Por tener pareja y estar embarazada debía buscar otro apartamento
Alexandra Aguiluz tuvo que buscar dónde vivir con su pareja porque el apartamento que rentaba en el barrio Barandillas, en San Pedro Sula, era solo para solteros. El propietario le notificó que, al convivir en pareja, debía buscar otro lugar. Además, no se aceptaban niños y ella está embarazada.
Aguiluz contó a LA PRENSA que no fue fácil encontrar un nuevo sitio, ya que durante la búsqueda constató los altos precios de apartamentos que, a su juicio, no deberían calificarse como tales, pues consisten únicamente en un cuarto sin áreas diferenciadas. “Un solo cuartito 7,000 lempiras y en condiciones deplorables, no deberían costar eso”.
Otro de los inconvenientes fueron las estrictas regulaciones impuestas por algunos arrendatarios: no permitir mascotas ni niños, restringir visitas, prohibir la entrada después de las 10:00 pm o no ofrecer estacionamiento, entre otros. “Para mí fue difícil porque estoy embarazada y necesito un lugar donde no prohíban niños ni mascotas porque tengo un perro”, agregó Aguiluz.
Al realizar un recorrido virtual por páginas de alquileres de casas y apartamentos, este medio constató múltiples requisitos para arrendar, entre ellos: profesar valores cristianos, ser soltero, no usar estufa de gas, presentar constancia laboral, antecedentes penales, evitar ruidos después de las 9:00 pm, no tener hijos y no disponer de espacio para vehículos.
Desde antecedentes penales hasta estufa eléctrica, son los requisitos de arrendadores
LA PRENSA consultó a la ciudadanía sobre el tema. Aunque la principal queja sigue siendo el alto costo de las rentas, algunos usuarios señalaron que los requisitos también dificultan el acceso a vivienda.
“Hay viviendas que no valen lo que piden, estéticamente son un desastre, piden depósito y ni siquiera pueden pintar o arreglar algo que esté dañado, pero quieren que uno les cuide la casa como si estuviera nueva. Aparte, mucha gente trabaja con inmobiliarias y hacen que uno llene formularios que deben incluir antecedentes penales, policiales, estados de cuenta; no quieren rentar a parejas que tengan hijos”, escribió Andrea Estefanía en el Facebook de LA PRENSA.
“En Tegucigalpa los alquileres son casi extorsiones, precios altos, contratos cortos y cada renovación, un aumento sin ningún tipo de mantenimiento o mejoras a la vivienda que justifiquen esos aumentos”, compartió Liberto Andrés.
“Aquí en Tegucigalpa piden antecedentes penales y policiales por rentar un cuchitril que ni Dios quiera. Si se comparan los apartamentos que alquilan en lugares rurales, están a 50 años de diferencia. Piden de todo por el alquiler de lugares sucios, desordenados y viejos”, opinó Jenny Cazasola.
Made with Visme Infographic Maker
“He visto varios casos que piden requisitos como no mascotas, no niños, no llegar después de las 8:00 pm, no tener visitas, bajar el volumen del televisor, pagar tres meses adelantados, antecedentes penales, RTN y referencias personales”, publicó David Sarmiento.
Una Ley de Inquilinato que tiene 60 años y un mercado que ha cambiado demasiado
La Ley de Inquilinato fue creada mediante el Decreto No. 50, emitido el 29 de abril de 1966. Su enfoque principal era el control judicial de los arrendamientos.
En 1980 comenzó a funcionar el Departamento Administrativo de Inquilinato (DAI), como instancia administrativa de conciliación, antes de acudir a la vía judicial. El DAI lleva un registro de inquilinato; sin embargo, exfuncionarios señalan que resulta insuficiente frente a la cantidad de alquileres en el país. Además, dentro de sus funciones no está la regulación de precios, ya que estos se rigen por la oferta y la demanda.
Leonardo Mejía, exjefe regional del DAI (periodo 2022-2025), declaró que la Ley de Inquilinato está desfasada y debe actualizarse, debido al crecimiento de las ciudades y de la demanda de alquileres. Añadió que la normativa debería ampliarse para abarcar temas como el pago en dólares, una de las principales quejas ciudadanas.
Mejía explicó que, ante daños a sus inmuebles, algunos arrendadores han optado por prohibir mascotas y niños, además de solicitar depósito y un mes adelantado para cubrir posibles reparaciones al finalizar el contrato. “También personas que han dejado grandes deudas de energía o agua. Tienen también sus reglamentos de convivencia y la gente los acepta por la misma necesidad”, apuntó Mejía.
Congreso Nacional debe reformar la Ley de Inquilinato
Carlos Cerrato, exjefe regional del DAI (periodo 2018-2022), manifestó que la ley vigente no cuenta con reglamento y presenta “lagunas” legales.
Cerrato detalló que existe un anteproyecto de ley para reformar la normativa, elaborado durante la segunda administración de Juan Orlando Hernández, pero no fue aprobado. Indicó que esperaría que la actual administración retome el tema, sobre todo por la creciente demanda de rentas.
Marlon Lara, diputado liberal, dijo no recordar este proyecto; sin embargo, afirmó que es un asunto que debe ponerse nuevamente en discusión por su importancia para la ciudadanía.
