El nuevo Gobierno que tomará posesión dentro de unas semanas en reemplazo del actual debe volver a restablecer el derecho inalienable de los medios masivos de comunicación y de la totalidad de compatriotas, igualmente, a expresar libremente sus criterios, opiniones, comentarios, análisis, sin temor a ser reprimidos o censurados por emitir aquello que consideran merece ser reconocido y elogiado o, por el contrario, expuesto y reprobado en las actuaciones del régimen entrante y los que le sucedan en el futuro.
La legislación internacional y nacional han incorporado en sus contenidos relativos a los derechos humanos la libertad de expresión, sea por medio de la palabra escrita u oral, pero tal garantía ha sido sistemáticamente ignorada y perseguida por quienes, desde el poder, revelan su autoritarismo e intransigencia imponiendo la verdad oficial, la única valedera, por diversos procedimientos, todos ellos con el fin de silenciar, atemorizar y amordazar las críticas ciudadanas.
La administración estatal de manera arbitraria y prepotente ha hostigado a los medios independientes de diversas maneras, de las que se hizo cómplice y partícipe el general Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, exigiendo conocer la procedencia y origen de las fuentes informativas utilizadas por el periodismo hondureño, algo inadmisible para la prensa en cualquier nación, por ser una traición a quienes confiaron en los comunicadores para denunciar abusos de poder.
El rechazo a tales arbitrariedades, más la solidaridad local, regional y mundial con los medios de comunicación nacionales hizo posible el no doblegarse ante la arrogancia, prepotencia y arbitrariedades del oficialismo.
Esa actitud digna y valiente debe continuar siendo el norte y guía de la prensa nacional. El respeto irrestricto a tal principio por parte de cualquier Gobierno revela madurez, respeto a la ley. Lo opuesto confirma la orientación hacia el totalitarismo y la dictadura, intolerantes y enemigas de la verdad.
Este recordatorio no puede ser ignorado por las nuevas autoridades, todo lo contrario, debe ser principio rector en las relaciones entre gobernantes y gobernados, de esa manera garantizando la vigencia plena de la democracia, sistema político que sabe procesar, asimilar y rectificar cuando se desvía de las rutas del honor, dignidad y ética.
Defender en todo momento y circunstancia la libre emisión del pensamiento, la comunicación y circulación de ideas y opiniones, sin previa censura, tal como lo consigna nuestra Constitución Política vigente, es un derecho y un deber de gobernantes y gobernados.
