Los diputados integrantes de la Junta Directiva y de la Comisión Permanente del Congreso Nacional durante el período 2022-2026, encabezados por su presidente, Luis Redondo, incurrieron en una serie de supuestos delitos de tal gravedad que han recibido requerimientos fiscales por parte del Ministerio Público. Se han emitido también órdenes de captura, nacionales e internacionales.
Los excongresistas y actuales diputados están siendo acusados de incumplimiento de los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos públicos, usurpación de funciones, perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones -al ordenar que se impidiera el ingreso de parlamentarios opositores a la Cámara- y usurpación de funciones públicas al no convocar a sesiones durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025.
Tales delitos no solamente significan haber atentado contra el Estado de derecho en una situación de ilegalidad e impunidad; también implican “la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos”, lo que está tipificado como delito de traición a la patria (artículo 2 constitucional).
Deliberadamente se subordinó el Poder Legislativo a las directrices emanadas de Casa Presidencial, vale decir, de la titular del Poder Ejecutivo y su principal asesor, violando el artículo 4 constitucional, a sabiendas de que cometían suicidio político al ceder voluntariamente todo vestigio de honorabilidad y credibilidad ante la ciudadanía para plegarse incondicionalmente a las órdenes transmitidas desde la Casa de Gobierno, aun si las mismas eran antijurídicas.
Así, se convirtieron en cómplices, con el objetivo final de perpetuarse en el poder más allá del cuatrienio para el cual había sido electa la mandataria Xiomara Castro de Zelaya, para ello manipulando los resultados electorales de noviembre de 2025, en flagrante irrespeto a la independencia congresional, sin relaciones de subordinación con los otros dos poderes estatales.
Claudicaron su dignidad personal, el código de ética del funcionario público y los principios morales individuales a cambio de favores diversos emanados de civiles y militares que en su momento poseían altos grados de riqueza pública y poder.
No es casual, entonces, que recibieran el repudio ciudadano y de la comunidad internacional, tanto durante el período electoral como en el postelectoral, al quedar nítidamente expuesto su propósito de continuar usufructuando el control de la nación hondureña.
Los hechos acaecidos hace tan solo unos pocos meses están frescos en la memoria de los y las hondureñas que vieron cómo se tambaleaba la frágil democracia. Tales hechos deben ser investigados y castigados, si así procede tras las respectivas diligencias judiciales. Como toda persona que comparece ante los tribunales de justicia, se les debe garantizar el debido proceso, con respeto a la presunción de inocencia.
Corresponde al fiscal general presentar las pruebas respectivas ante la jueza designada para conocer del proceso penal incoado, quien emitirá el correspondiente fallo actuando con absoluta imparcialidad.
