Las distintas dependencias estatales, al igual que las corporaciones municipales, tienen la obligación de informar periódicamente a las y los ciudadanos acerca del uso de los recursos públicos que les han sido asignados, en forma veraz y transparente.
La Ley de Acceso a la Información Pública obliga a tal cumplimiento, aunque generalmente no acatan tal legislación debido a la secretividad que caracteriza a las instituciones gubernamentales, evidenciando, además, la ausencia de voluntad política y el poco interés en acatar la normativa.
Todo ello genera consecuencias negativas, entre ellas el incremento en los niveles de pobreza como resultado de la pérdida de recursos dedicados a la inversión social; la pérdida de credibilidad en el sistema; la baja recaudación de impuestos producto de la conclusión ciudadana que los tributos van a parar a manos privadas; debilitamiento del Estado de derecho por su incapacidad para resolver problemas y demandas sociales; pérdida de oportunidades para el desarrollo nacional debido a la pérdida de confianza colectiva; desconfianza y escepticismo ciudadano acerca de la gestión institucional, generando un ambiente propicio para que el crimen organizado infiltre las instituciones y el personal a cargo de su administración.
Al no haber adecuados controles y supervisiones se fortalecen las redes corruptas, integradas por funcionarios gubernamentales, empresarios e intermediarios, aliados en un común objetivo: el saqueo de fondos estatales para beneficio privado. La impunidad es el común denominador generalmente.
La acción tardía de los organismos contralores e investigativos, en ocasiones deliberada, contribuye a tal orden de cosas, además del encubrimiento de tales hechos por personal del Poder Judicial, coaligado con las y los corruptos, en alianzas de recíproco beneficio: doy y das.La corrupción e impunidad resultan factores determinantes para los cada vez mayores niveles de pobreza y miseria de las mayorías de nuestro país ante el sistemático atraco a los fondos públicos destinados a la inversión social.
La sociedad civil debe permanentemente involucrarse tanto en el conocimiento acerca del alcance y funciones de los entes estatales, en la forma en que administran los recursos públicos y en el establecimiento de espacios colaborativos con las instituciones estatales para la mejoría de la gestión institucional.
También los medios de comunicación, fortaleciendo sus unidades investigativas, con la necesaria independencia y objetividad como generadores de opinión pública, y los partidos políticos en la promoción de mecanismos de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas.
