La iniciativa gubernamental tendiente a la reestructuración del sistema de prevención, investigación, sanción de la corrupción e impunidad, contiene cuatro estrategias básicas: reforma al sistema de justicia penal; la creación de una fiscalía especializada en delitos económicos de carácter financiero y patrimonial; la reducción de los espacios aún existentes para la comisión de acciones de corrupción y la modernización de HonduCompras.
Es evidente que el sistema de justicia aún vigente en nuestro país posee baja credibilidad y desconfianza por parte de la población, adoleciendo de débil presencia institucional. Ello obliga a que el Poder Judicial posea verdadera independencia respecto al Ejecutivo y Legislativo, sin relaciones de subordinación, tal como lo establece la Constitución Política vigente.
Su eficiencia y funcionamiento adolecen de rezagos acumulados a lo largo del tiempo en el procesamiento de expedientes, lo que confirma aquello de que “justicia tardía no es justicia”.
La legitimidad y legalidad para cumplir y hacer cumplir las leyes es un pilar fundamental en un sistema verdaderamente democrático. De no ocurrir así, se da paso a que la ciudadanía busque aplicar la ley por sus propias manos, lo que desemboca en la ingobernabilidad y el caos, conculcando sus derechos civiles, políticos, sociales, nulificando los principios de equidad e igualdad en la aplicación de la justicia.
Si las leyes se aplican selectivamente, privilegiando a unos en perjuicio de otros, se profundizan las brechas de desigualdad entre la población respecto a un bien público como lo es la justicia.
El acceso a la justicia y la obtención de un servicio expedito e imparcial para todos y todas son indicadores de la participación de la ciudadanía en el conjunto de oportunidades y beneficios sociales, en la seguridad humana y jurídica, en el clima de inversiones y emprendimientos económicos.
De no mejorar Honduras la seguridad jurídica, todo esfuerzo para atraer la inversión nacional y extranjera será inútil.
Además del Poder Judicial, deben estar incluidos en el plan de reformas -por ser complementarios y formar parte de un todo- el Ministerio Público, la Policía, el sistema penitenciario, en recíproca interacción. Cuando uno de ellos presenta fallas, afecta al todo institucional.
Nadie desea sufrir una nueva frustración, que se sumaría al cúmulo de las ya presentes, las mismas que se traducen en altos niveles de escepticismo e incredulidad que en nada abonan a la forja del civismo.
El clamor colectivo por el mejoramiento de nuestro sistema de justicia no puede continuar siendo ignorado; cada vez es más amplio y sostenido por parte de los distintos integrantes de la sociedad civil.
El contar con un Estado de derecho funcional, eficaz, eficiente que trasciende la sujeción formal a las leyes, fortalece nuestro frágil sistema democrático, expuesto a distintas acechanzas y emboscadas conducentes al extremismo político e ideológico, con repercusiones económicas, sociales y políticas, debilitando cada vez las distintas libertades y garantías consignadas en la Constitución Política.
