De nueva cuenta se revive en el Congreso Nacional un tema por demás polémico que va en contra del articulado pétreo de nuestra Constitución Política que la prohíbe taxativamente.
El resucitar este debate que divide en vez de unificar a la familia hondureña resulta totalmente inoportuno y contraproducente: nuestro país experimenta una combinación de diversas crisis que incluyen una severa y prolongada sequía con pérdidas de cultivos y hatos ganaderos, inseguridad y violencia cotidianas, incrementos en los precios del petróleo y sus derivados.
Como si esto no fuera suficiente, se agrega el colapso financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), sin encontrar en el seno del Poder Legislativo unidad de criterios para aprobar su absolutamente urgente y necesaria reingeniería, lo que ha motivado al presidente Asfura a advertir que la crisis del ente autónomo igualmente limita la inversión pública en salud, educación e infraestructura, recordándonos que la Enee registra pérdidas cercanas a L1,200 millones mensuales, además de un aporte temporal del Estado de L283 millones, por lo que concluye que es necesario revisar las exoneraciones al pago del servicio eléctrico y fortalecer la gestión administrativa y operativa de la empresa.
Y pese a la extrema gravedad de la actual coyuntura, los y las diputadas son incapaces de alcanzar consenso para hacerle frente, cada bancada aferrada a su propuesta cuando lo procedente es ubicar coincidencias y convergencias comunes en base a las cuales aprobar las reformas a la Ley del Subsector Eléctrico como paso inicial para proceder a su rehabilitación integral.
Una vez entre en vigencia, el siguiente punto de agenda legislativa debe ser la discusión y aprobación de las reformas electorales presentadas tanto por la sociedad civil como por antiguos integrantes de los organismos a cargo del proceso conducente a la elección de autoridades supremas para el próximo cuatrienio.
La propuesta integral abarca más de 70 modificaciones legales y unos 10 nuevos artículos dirigidos a optimizar los procesos de votación y el funcionamiento institucional en el país, las cuales serán enviadas para su debate parlamentario de manera escalonada en varios bloques estratégicos.
El primer bloque se centrará en reestructurar la toma de decisiones internas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para prevenir parálisis administrativas o ausencias de quórum.
Los y las parlamentarias deben asumir un sentido de urgencia y realismo, deponiendo estériles sectarismos político-partidarios a efecto de enfrentar, en unidad de criterios y acciones, el abordaje de nuestra compleja y dramática realidad.
La salud de la nación debe estar siempre, en todo momento y lugar, por encima de ambiciones y pasiones personales y grupales.
Caso contrario, se dará paso a una acelerada y altamente peligrosa quiebra económica e institucional, que incidirá negativamente en nuestro frágil sistema democrático, incluyendo el caos y la ingobernabilidad.
La ciudadanía rechaza el anteponer intereses políticos por encima del bienestar colectivo.
El tiempo se agota aceleradamente y la posibilidad de una segunda oportunidad se presenta cada vez más remota.
