El depósito de 100,000 lempiras a las cuentas privadas de un número de diputados del Partido Liberal, por parte del titular del Poder Ejecutivo, acción ocurrida durante la Semana Mayor, constituye un retorno a prácticas ayer condenadas por la entonces oposición parlamentaria, por el hecho de entregarse fondos millonarios de dineros públicos a la bancada del entonces partido en el poder, que dispuso de ellos de acuerdo a su conveniencia.
El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, ha reconocido que fue él quien solicitó a Casa Presidencial la donación de tales sumas. Petición resuelta favorablemente.
Hoy, los mismos hechos han ocurrido, lo que ha merecido la justificada crítica de la sociedad civil, incluyendo a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo local de Transparencia Internacional.
Tanto la entrega como la aceptación de tales sumas ha sido interpretado como la compra de votos y voluntades para designios del oficialismo, especulándose que puede tratarse de conseguir el número suficiente de diputados que voten a favor de llevar a juicio político a exfuncionarios del anterior gobierno implicados en actos intimidatorios en contra del derecho ciudadano a elegir y ser electo.
Nuestra Constitución Política ordena cuál es la función específica de los legisladores: el legislar leyes de beneficio colectivo, no el de manipular fondos públicos para supuestas ayudas comunitarias y personales.
Lo que pueden realizar cuando no están en sesión es gestionar ante entes estatales la presentación de proyectos específicos de desarrollo en sus respectivos departamentos y sus municipios.
Serán las dependencias gubernamentales las que evaluarán tales proyectos y canalizarán a las comunidades el recurso humano y monetario para implementarlos, de acuerdo con las disponibilidades y a sus respectivos planes operativos anuales.
El Tribunal Superior de Cuentas está obligado a exigir a cada diputado que recibió tal dinero a presentar el respectivo informe detallado de liquidación.
Tanto la imagen y la credibilidad del presidente Asfura como de los diputados beneficiados con tales sumas ha quedado empañada y deteriorada, por la inevitable conclusión de que las irregularidades y arbitrariedades del pretérito continúan actualmente vigentes, pese a haberse prometido abandonar definitivamente tales indebidas maniobras, que no pueden ser moralmente justificadas.
Los males de ayer siguen siendo males el día de hoy.
Los nuevos administradores del Estado están obligados a garantizar el buen manejo de los fondos públicos y con ello que los programas y proyectos beneficien a toda la población.
Al no haber adecuados controles y supervisiones se fortalecen las redes corruptas, integradas por funcionarios gubernamentales, empresarios e intermediarios, aliados en un común objetivo: el saqueo de fondos estatales para beneficio privado.
La impunidad es el común denominador, generalmente.
La corrupción e impunidad resultan factores determinantes para los cada vez mayores niveles de pobreza y miseria de las mayorías de nuestro país ante el sistemático atraco a los fondos públicos destinados a la inversión social.
